Los resultados de los comicios del domingo 25 de octubre de 2015 evidencian, una vez más, que en Colombia quien ostenta el poder económico tiene los votos y que las fuerzas alternativas difícilmente pueden hacer política electoral ante la enorme desventaja que significa enfrentar a las grandes maquinarias, es decir, a los partidos del establecimiento: los santistas y los uribistas, y a los que nadan entre las dos aguas, como Cambio Radical (del vicepresidente Vargas Lleras), grupo que hace parte del mismo engranaje, es adversario agazapado del proceso de paz, es una de las colectividades que más parapolíticos y personas cuestionadas por corrupción ha albergado y que ahora saca pecho con sus guarismos en Bogotá, Barranquilla, Cali y otras ciudades, y en departamentos como La Guajira, donde venció su candidata, la heredera de ‘Kico’ Gómez.
Los torrentes de dinero invertidos por la mayoría de los ganadores, y también por muchos de los perdedores, son apenas imaginables y seguramente los mismos serán camuflados, escondidos, disfrazados para cumplir en cuadernos con los topes establecidos por la ley.
Mientras tanto, siguen creciendo los costos de las campañas, en parte fruto de la práctica del voto preferente que genera una feroz competencia dentro de las listas de candidatos, y el otorgamiento de avales se volvió el gran negocio de inescrupulosos, inmersos incluso en nuevos movimientos supuestamente étnicos surgidos a la luz de la Constitución, que reparten respaldos aprovechando sus personerías jurídicas, pero sin pizca de identidad ideológica y sin reparos en la idoneidad ética de los avalados.
El poder del dinero nutre la compra de conciencias, hace inversiones multimillonarias en publicidad y en acceso pagado a medios de comunicación, soborna “líderes” comunitarios, mantiene la trashumancia de votantes y otras formas de constreñimiento y corrupción de electores, además de que financia encuestas y “estudios de opinión” amañados con el fin de propiciar giros en la opinión pública.
La lucha por el poder regional es un espejo de la que se verifica en el plano nacional, en los comicios parlamentarios, con el agravante de que en la mayoría de los casos los presupuestos departamentales y municipales quedan comprometidos con las castas políticas que se entronizan en los mandos locales y que requieren no solo recuperar “la inversión” de aspirantes a gobernaciones o alcaldías, concejos o asambleas, sino obtener las ganancias del usufructo del gobierno y corresponder a los circuitos de gestión subrepticia que hay detrás de la mafia de la política en buena parte de los 1.123 municipios y 32 departamentos existentes en la división político-administrativa nacional.
Colombia urge una reforma estructural de su sistema electoral, hoy profundamente inequitativo y excluyente para las fuerzas políticas independientes, alternativas y muchas de izquierda, que no poseen el músculo económico, ni el soporte en las burocracias municipales o departamentales, ni la influencia en los medios masivos de comunicación para hacerse oír y darse a conocer: esta será una tarea, una de las más importantes, de la etapa de los pos acuerdos de La Habana.
Bogotá, el Valle y Antioquia
En la pérdida de la Alcaldía de Bogotá por parte de la izquierda, que finalmente trabajó unida (Polo Democrático, Unión Patriótica, Progresistas, Marcha Patriótica y un sector de Alianza Verde) para tratar de salvar la continuidad, tuvo una alta incidencia la campaña mediática que maximizó los errores del gobierno de Gustavo Petro y ocultó de manera deliberada sus logros sociales, dejando de manifiesto el peso de las máquinas mediáticas en la generación de una opinión pública desfavorable, acicateada diariamente por un discurso estigmatizador, parcializado y falso en alto grado, no solo contra el Alcalde Distrital, sino contra la candidata Clara López.
De igual manera, en el electorado persistió el lastre que traía la Dirección del Polo Democrático por su pasividad y falta de decisión política al no romper en su momento de manera oportuna y tajante con el gobierno corrupto de Samuel Moreno Rojas, procesado en la actualidad por haber hecho parte del “cartel de la contratación”, un verdadero desastre que aún hoy hace estragos y obliga a la más profunda reflexión sobre lo que no debe ser un mandato que se define de izquierda.
Finalmente, primaron en el electorado la ofensiva de los medios y los errores de los gobiernos anteriores, sobre los cuales aquellos machacaron con virulencia y odio, circunstancia que, sin embargo, no debe ocultar las fallas de una izquierda que necesita reinventarse en el sano sentido de la expresión, para innovar en la interpretación de la opinión de la ciudadanía, de sus intereses, sentimientos y percepciones.
La derrota de la izquierda en Bogotá por obvias razones también lo es de ella en todo el país, tendrá grandes repercusiones, obliga a que sus diferentes vertientes asuman una actitud autocrítica honda, a que se cambien tácticas equivocadas y actitudes sectarias, y a redefinir el camino hacia las elecciones presidenciales de 2018: hoy más que nunca las fuerzas alternativas requieren reformulaciones estratégicas, pues resulta casi un axioma aquella consideración según la cual en Colombia el pueblo protesta con la izquierda, pero vota con la derecha.
Maurice Armitage, el nuevo alcalde de Cali, es el ejemplo palpable de cómo se fragua una imagen pública con base en una multimillonaria inversión en medios de comunicación, pues hasta hace poco el candidato era desconocido entre la mayoría de la población caleña y terminó siendo elegido, no sin antes recibir los respaldos de los cuestionados Cambio Radical y Centro Democrático (uribismo), al igual que del alcalde Guerrero y de politiqueros que mandaban en su campaña, de claro estirpe neoliberal.
Y de lo ocurrido en la Gobernación del Valle del Cauca, ni hablar: la victoria de la ex senadora Dilian Toro, zarina de la red de salud, deja al departamento en un escenario muy delicado… De acuerdo con denuncias, ad portas de vivir épocas recientes de gobernadores destituidos.
Frente a todo este panorama regional, la izquierda apareció fragmentada y con una muy opaca presentación electoral en Cali y el Valle, reflejo de lo que ocurre en otras regiones del país.
El fiasco del uribismo
En todo caso, la fuerza más recalcitrantemente opositora a la paz, el uribismo, sufrió en los comicios del domingo un fuerte golpe en su aspiración de convertir la jornada en una especie de plataforma que le permitiera elegir alcaldes y gobernadores en capitales y departamentos claves, para desde allí bombardear el próximo año los acuerdos de La Habana, con el apoyo de una amplia burocracia: su fracaso fue rotundo, pues hasta en Medellín y Antioquia, considerados su fortín, perdió y no logró ni la Alcaldía ni la Gobernación, que se creían seguras, y lo mismo ocurrió en 30 de las 31 gobernaciones restantes, en tanto que en Bogotá el ex vicepresidente Francisco Santos a duras penas sobrepasó los 300.000 votos.
A la hora de las conclusiones, esas encuestas que tanto inflaron candidatos y contribuyeron a deformar opinión pública, fueron usadas en su trabajo oscuro en casos como el de Bogotá, en contra de Clara López, pero fracasaron también de manera grave en sus vaticinios en Medellín, donde daban en un segundo lugar, lejísimo, al vencedor, Federico Gutiérrez, y en Bucaramanga y en Cali, ciudad ésta en la que anunciaban el triunfo del candidato del Partido Liberal. Se impone, por tanto, el control serio a estas mediciones, convertidas hoy en verdaderos centro de manipulación.
Resulta curiosa y gris la que podría ser la despedida de dos ex vicepresidentes, el mencionado Santos, cuarto en Bogotá, y Angelino Garzón, tercero en Cali: sus ciclos seguramente llegaron al final y partirán por la puerta de atrás.
En suma, los resultados de este domingo no son, en realidad, alentadores para el futuro del país, que requiere de gobiernos y fuerzas regionales jugadas por el éxito del proceso de paz, y ello no es propiamente lo que caracteriza al ambivalente nuevo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien además de gobernar para las élites bogotanas, muy probablemente no tendrá dentro de sus prioridades el impulso de las medidas de los pos acuerdos desde la ciudad más importante políticamente del país.
Los lecciones del 25 de octubre obligan a un giro de 180 grados en las posturas y decisiones de las fuerzas alternativas, progresistas y de izquierda, para que los escenarios del posconflicto encuentren el eco social y político nacional que requieren y para que, con las nuevas fuerzas que surjan de La Habana, el país se encamine en la búsqueda de cambios y empiece a romper con el régimen de las mafias electorales que se reeligen, con nombres diferentes, pero con fines iguales, y que sostienen el statu quo de iniquidad imperante en Colombia.
