Cuando nos dicen “¡quédate en casa!”, mucho pensamos en las condiciones mínimas vitales de los menos favorecidos, pero poco en la casa en sí misma. Cartagena y Colombia padecen actualmente un problema cruel y serio en el sector vivienda, el cual, indudablemente, ha agudizado la situación de millones de colombianos en medio de la pandemia. Problema que si no es tratado con políticas serias dentro de los distintos niveles de la administración pública, desataría –o maximizaría- una hecatombe ambiental, ecológica y humana, y las consecuencias, más allá de las del covid-19, serían desastrosas.
Panorama general de vivienda
Entender el problema de la vivienda implica no solo cuantificar el número de familias que no la poseen, sino también las condiciones materiales y de habitabilidad de las que “sí la tienen”, quienes la poseen sin títulos formales de propiedad, y hayan sido despojadas violentamente de sus tierras. Súmese a esto, el grueso de familias que habitan bajo arrendamiento, que al nivel nacional, para 2018, según datos del DANE, oscilan en cerca de 5.6 millones de familias, quienes destinan cerca del 30% de sus ingresos para el pago del canon.
Digo que “sí la tienen” entre comillas, porque para nadie es un secreto el hecho de que, por lo menos en Cartagena, muchas familias viven en condiciones inhabitables y de alto riesgo. En muchos casos, esta situación es más gravosa por el potencial daño que representa a la salubridad de los habitantes y los ecosistemas protegidos en los que suelen acentuarse. No obstante, sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que este flagelo se extiende a cada uno de los Municipios de Colombia.
En Cartagena, por ejemplo, el déficit de vivienda es de 70.822 unidades habitacionales, según datos contenidos en el Plan de Desarrollo (PD) 2020-2023, 6046 menos que en 2015, pero muy por debajo de la meta planteada en el PD 2016-2019 “primero la gente”, el cual pretendía reducirlo a 59.880 unidades habitacionales. Históricamente han pavimentado el camino para que hoy la gente no pueda quedarse en casa. ¡Cuán caro nos ha salido la corrupción!
Medidas ineficaces, problemas serios
En atención a dicho flagelo, el Gobierno Nacional adoptó medidas maleables que parecen desconocer la realidad de este sector. En consideración a las más de 5.6 millones de familias que viven en calidad de arrendatarios, el 15 de abril de 2020 se expidió el decreto 579 de 2020, el cual suspende las acciones de desalojo y adopta otras medidas tendientes a la renegociar los cánones de arrendamientos causados; además, se ha planteado subsidiar la demanda para adquisición de viviendas, de interés social o no, que si bien beneficia a varios sectores, no recae directamente sobre el grueso del problema, fundamentalmente porque no todos ostentan la capacidad económica para soportar créditos hipotecarios.
En este sentido, parece apuntar que, para el Gobierno, la crisis en el sector vivienda solo radica en los arrendamientos y la oferta y demanda de las magnates constructoras. Pero ¿es realmente suficiente? La lógica del Gobierno es: “garantizo el no desalojo y soluciono el problema de vivienda, por lo menos durante la pandemia”, desconociendo así las casas de cartón.
Sin pensar incluso que, para muchos, estas medidas no dejan de ser letras impresas en papel ineficaz. Al respecto, el profesor Víctor de Currea-Lugo ha documentado muy de cerca el panorama que afrontan muchos ciudadanos -entre ellos indígenas- que carecen de este elemento cotidiano fundamental: la vivienda; quienes viven en las distintas modalidades inhumanas de arrendamiento y expuestos diariamente al desalojo –quedarse en la calle-, donde los decretos del presidente no se conocen más allá del noticiero, convirtiéndose los mismos en letra muerta.
Negociando el problema, alejando la realidad
Entender el arrendamiento de vivienda urbana como un simple contrato civil, y hacerlo aislado al derecho constitucional a la vivienda en tiempos de pandemia, es inconcebible y rayaría con las garantías fundamentales y humanas que plantea nuestra Constitución. Para ser un poco más directo, el problema del arrendamiento en Colombia es el problema del derecho a la vivienda y entenderlo de otra forma sería un despropósito y pretender tapar el sol con un dedo, puesto que tras de este se cobija la falta de capacidad económica de millones de familias para acceder a la propiedad, la inequidad en la distribución de la tierra, e incluso, la violencia.
En ese sentido, no puede el Gobierno Nacional lavarse las manos con un par de decretos que otorguen beneficios para los arrendatarios y pretender que esa será la solución al problema de vivienda en Colombia, principalmente porque en el trasfondo estas representan un caldo de cultivo de deudas, las cuales ponen en aprietos a los inquilinos, que si lo miramos desde la actual tasa de desempleo, sería mortal y un golpe directo a la economía de los hogares medios-bajos.
Permitir la negociación de los cánones que se causen, mientras no hay ingresos de liquidez económica, no es ninguna “ayuda” para los arrendatarios –por lo menos para lo de los estratos más bajos y los que viven del día a día-, es, por el contrario, ponerle una soga al cuello y precarizar su condición. Si la intención del gobierno era garantizar el derecho a la vivienda durante la pandemia, debió pensar en subsidios provisionales de arriendo para las familias de los estratos más bajos que no cuenten con ingresos actuales con ocasión o no al Covid, o constituir pólizas de seguros de arrendamiento para aquellas familias media-baja que aunque conservan su trabajo, están a la expectativa de su situación laboral futura. Todo esto mientras que se traza y ejecuta una política pública seria en materia de vivienda, principalmente para los estratos 1,2 y 3.
Creo fielmente que es el momento oportuno para combatir este problema, hacer reformas estructurales, pero, sobre todo para ejecutar fielmente los programas de viviendas. Así mismo, que los distintos mandatarios se pongan una mano en el corazón y la otra en la pala: es muy difícil quedarse en casa sin tener las necesidades mínimas satisfechas, pero es aún más difícil cuando no hay casa.
Posdata
El 04 de junio de 2020 se expidió el decreto 797 de 2020, por medio del cual se permite una terminación unilateral más beneficiosa de los contratos de arrendamientos de local comercial para aquellas empresas cuyos sectores no han sido reactivados, siempre que se encuentren al día con el pago de los cánones. Sin duda alguna esto representará un alivio para muchas empresas, sin embargo, muchas otras que por no estar al día, debido a las condiciones económicas producto de la parálisis, no podrán acceder a este beneficio.
Respecto al proyecto de decreto que anteriormente había publicado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el actual vigente resulta más beneficioso, garantista y libre de barreras innecesarias para acceder a los beneficios. Sin embargo, parece desconocer el estado financiero en el que se encuentran muchas empresas y, al atarlas a la vigencia de los contratos actuales o hacerlos deudores de penalidades o destrates más onerosos, sería conducirlos directamente a la quiebra. Más en el estado de sensibilidad en el que actualmente se encuentran los distintos agentes de la economía, quienes aclaman beneficios, no cultivo de deudas.
