¡Por la vida, el territorio, la democracia y la paz!
Los cálculos políticos sobre el desencadenamiento de las marchas, paros y protestas en esta “nueva normalidad” están resultando al pie de la letra, como si la bola de cristal estuviera reflejando la reactivación de la lucha de clases en Colombia.
Todas las expectativas estaban cifradas en el ascenso de la lucha de masas —con el paro de los estudiantes, de los profesores y maestros en el 2018, seguido de la minga indígena del Cauca en marzo y del potente paro nacional del 21 de noviembre del 2019— hasta que llegó el coronavirus y puso el mundo patas arriba.
Esto constituyó, de cierta manera, una tabla de salvación para la gobernabilidad del Duque-Uribe, mediante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y económica, y por ahí derecho la transformación su gobierno en una dictadura cívico-militar, ejerciendo el poder por decreto y sin el control político de la oposición democrática en el Congreso de la República, y cooptando los organismo de control como Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría.
De tal manera estaban las cosas que muchos analistas daban por sentado el fin de la lucha de clases en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, pensando que el aislamiento provocado por el COVID-19 había congelado toda la capacidad de resistencia y de protesta de las clases populares, y que para volver a la reanudación de las manifestaciones masivas había que esperar un tiempo prolongado hasta que se descubriera la vacuna contra el coronavirus (como única salida que tenía el movimiento popular para poder continuar con su lucha democrática).
Pero los hechos están mostrando lo contrario: no han pasado 8 meses desde que se decretó el aislamiento (marzo 2020) y ya comienza el movimiento a levantar la cabeza, demostrando que está más vivo que nunca, como lo estamos viendo con la marcha de la minga indígena del Cauca, con 7.000 personas que viajaron desde Popayán a Cali, donde no pudieron llegaron a ningún acuerdo con la delegación gubernamental, por la negativa del presidente de presentarse a escuchar sus reclamos, ante lo cual decidieron continuar rumbo a la capital, donde esperan llegar el 19 de octubre. Hicieron paradas y movilizaciones en las ciudades de Armenia, Ibagué, Fusagasugá y Soacha, en toda una maravillosa manifestación de unidad, organización, agitación y propaganda que despierta el entusiasmo y la simpatía de los sectores democráticos y progresistas del país frente a un gobierno indolente y autoritario que no quiere sentarse a conversar con uno de nuestros más legítimos ancestros.
La marcha política, como claramente lo han determinado sus dirigentes, está motivada por el derecho a la vida, el territorio, la paz y la democracia, cuatro objetivos eminentemente políticos que resumen de manera precisa la historia de la lucha de los indígenas del Cauca y en general de las etnias de Colombia: olvidadas, perseguidas, masacradas, estigmatizadas, criminalizadas y excluidas de la economía, de la sociedad y de la política en este país.
Y lo hacen porque no ven las acciones concretas por parte del gobierno central para enfrentar y terminar con el genocidio étnico, cultural y político por parte de los paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros, “disidencias” y demás grupos organizados al margen de la ley contra sus líderes en sus territorios ancestrales; sin respuestas reales que no sean la guerra y la fumigación con glifosato, olvidando las propuestas demagógicas del gobierno sobre los planes de desarrollo alternativo para la sustitución de los cultivos de uso ilícito.
Ante la negativa del gobierno a dialogar, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se preguntaba: “¿No era más fácil ir, dialogar con humildad y resolver con profundidad las preocupaciones de la minga sobre el asesinato de líderes, masacres e inseguridad creciente en sus territorios? Otra marcha que llega a Bogotá contra el gobierno nacional”. Y seguidamente el secretario de Gobierno de la capital, Luis Ernesto Gómez, aseguraba que “serán recibidas con todas las garantías para que desarrollen sus derechos políticos y sociales”.
Muy distinto al tono de Álvaro Uribe Vélez: “La minga tiene un objetivo político: la toma socialista; utiliza los derechos de la democracia, los derechos humanos, el derecho a la protesta, la libertad de expresión, para defender sus acciones violentas y negar esos derechos a quienes señalan como sus enemigos”.
El presidente no ha querido reunirse con los dirigentes de la minga, siguiendo las orientaciones de su jefe político y de su comisionado de paz, el Dr. Ceballos, quien en forma precipitada e irresponsable asegura que la movilización está infiltrada por el ELN y las “disidencias” de las Farc; el mismo discurso manido para justificar la represión, estigmatizar el movimiento y evadir los compromisos del gobierno contraídos con la minga en marzo de 2018.
Además, el mismo argumento que han esgrimido casi todas las administraciones anteriores, pero que se ha acentuado especialmente en los tres gobiernos del comandante en jefe, no solamente contra los indígenas del Cauca, sino también contra todos los movimientos de protesta popular en ejercicio de sus derechos consagrados en la constitución nacional.
“Yo soy minguero y no guerrillero. Somos conscientes de que de arriba no va a venir el cambio, el cambio viene de abajo, pero como todos los procesos, se debe escuchar nuestra digna rabia y el porqué de nuestras luchas”, dice uno de los dirigentes en comunicado de la minga. Y agrega: “Un ejemplo claro del problema lo dicen las cifras del informe de Indepaz: En todo el 2019 hubo 36 masacres en el país, en las cuales fueron asesinadas 133 personas. En lo corrido del 2020 van 67 masacres en las cuales van 271 personas asesinadas. Esto quiere decir que en sólo dos años del gobierno Duque han ocurrido 103 masacres. Hasta la primera semana de octubre en el 2020 han sido asesinados 225 líderes en Colombia. Si tenemos en cuenta que en los cuatro años entre 2016 y 2019 fueron asesinados 804 líderes, quiere decir que, desde el año de la firma de los Acuerdos de Paz hasta hoy hemos perdido 1.029 líderes sociales”.
“Los firmantes del acuerdo también han sido sistemáticamente asesinados. Hasta octubre del presente año han sido asesinados 48 firmantes y desde el 2016 hasta hoy han sido asesinados 231 excombatientes” . Así mismo, “El desplazamiento forzado también ha tenido un aumento extremadamente preocupante. En relación con el año pasado aumentó en 96.8%, con al menos 16.190 desplazados hasta inicios del pasado mes de agosto. Se estima que para finales del año en Colombia seamos 9.000.000 de víctimas del conflicto, la mayoría de ellos son desplazados por la violencia”.
Y eso no es todo, “Las desapariciones forzadas no han dejado de crecer. En los últimos cuatro años se han reportado al menos 16.313 desapariciones”. “Por eso caminamos la palabra para que el resto del país escuche y conozca nuestras realidades, esa palabra que quiere llegar sin filtros y que quiere unirnos, sabemos que en el país hay muchas similitudes a nuestras problemáticas, por eso caminamos y le apostamos a unirnos, para esto debemos conocer desde el sentir, y entender que las diferencias no son tan grandes cuando entendemos las causas y sueños…”.
“La minga del suroccidente no es solamente indígena, pues está integrada por campesinos, afrocolombianos, estudiantes universitarios, la CUT, CNA Cauca, Fensuagro, Congreso De Los Pueblos, Los Sin Techo, Ciudad En Movimiento, Marcha Patriótica, Asonal Judicial, Sindesena, Cima”, acota.
A todas estas, el gobierno nacional del Duque-Uribe se niega no solamente a reunirse con los indígenas, sino también con los representantes del Comité Nacional de Paro, con profesores, estudiantes, y con los demás sectores en conflicto, pero en cambio sí lo hace con los grandes “cacaos”, con los grandes gremios de la producción, con los dueños de los bancos, con los industriales, con el Comité Gremial Nacional: Andi, Fenalco, Fedegan, Sac, Asobancaria, Bancoldex, Camacol.
Ni hablar de Avianca, a la que corrió a prestarle 1.700 millones de dólares para salvar a sus dueños de la quiebra, “préstamo suspendido por decisión del tribunal administrativo de Cundinamarca”. Así pues, es iluso pedir la presencia del presidente de las multinacionales, de los grandes capitales y de los latifundistas para escuchar y resolver los graves problemas de los sectores populares, en este caso la defensa de la vida, honra y bienes de los indígenas del Cauca, y en general de los colombianos desprotegidos, víctimas de la violencia en casi todos los departamentos de Colombia.
Ahora lo que sigue es la coordinación y organización de los sectores en conflicto, de los movimientos de oposición y de los partidos políticos progresistas para poder potenciar el movimiento político y social mediante la integración de todos los componentes sociales y políticos en un solo Comité Nacional de Paro, que dirija y oriente la movilización de las masas en todas las regiones y localidades del país, principalmente en las grandes capitales, para que tome cuerpo nacional el movimiento popular y democrático de Colombia.
Sin olvidar al movimiento campesino, a los indígenas y a las negritudes, para que con la toma de autopistas y de las grandes arterias de la movilidad nacional, se hagan sentir con una clara orientación política y programática, como en efecto lo está haciendo la minga indígena del suroccidente colombiano, con un claro sentido de organización y con consignas de contenido político y programático por un nuevo gobierno democrático que tenga en cuenta las grandes reformas que necesita el pueblo colombiano por la vida, la paz, el territorio y la democracia, que la terquedad del gobierno del Duque-Uribe se niega a considerar.
Ya se están creando las condiciones para la conformación de un gran movimiento popular, que trascienda sus marcos gremiales y asuma la lucha política, como lo está haciendo la minga indígena, con la exigencia de la presencia del presidente para discutir estos grandes problemas.
Se trata de asumir la confrontación política con el gobierno de las oligarquías de una manera civilizada, (si es que los deja el ministro de Defensa con el protocolo de las acciones criminales del Esmad) asumir la confrontación civilizada a través de una organización permanente y estratégica, que vaya mucho más allá de la minga indígena, que supere el marco gremial del Comité Nacional de Paro, por supuesto sin dejar de lado a las organizaciones gremiales, sociales y políticas, pero integrando a todas las expresiones de inconformidad en una gran aparato político que puede ser un gran frente amplio por la vida, la paz y la democracia, que se encargue de organizar la convergencia nacional por un nuevo gobierno democrático y popular.
Sin esta perspectiva de poder popular, los movimientos de protestas gremiales, sindicales, sociales y políticos, se consumen en su propio escenario de objetivos parciales, dispersos y desarticulados de un gran movimiento programático con visión de poder, que los aglutine en una sola fuerza común por las reformas profundas que está exigiendo la opinión democrática para poder superar la crisis nacional.
Este podría ser el sujeto político de la transformación democrática para responder no solo al manejo de la pandemia del coronavirus sino también a la pandemia del desempleo, del hambre y de la pobreza extrema, que abra posibilidades reales de conformar un gran movimiento político-social y cultural, con una organización estratégica de carácter permanente que le dé viabilidad a la movilización de masas en una forma estable y duradera, como respuesta a las políticas públicas del gobierno que van en contra de los intereses populares y, sobre todo, que despeje la posibilidad real de conquistar el poder y el gobierno en las próximas elecciones de 2022.
Si logramos aprovechar este espacio de la pandemia como lo está haciendo la minga indígena del suroccidente colombiano, pero ya no solo a un nivel regional sino nacional, tendríamos el comienzo de una gran marcha nacional de la Colombia profunda por la toma de la capital para anunciar el nacimiento de una nueva democracia en Colombia.
Estamos en condiciones de aprovechar la energía, la combatividad y la creatividad de amplios sectores inconformes para crear una fuerza política de masas para encarnar y potenciar las transformaciones radicales que necesita Colombia.
El llamado es entonces a los estudiantes, maestros y profesores, trabajadores del Estado, pequeños y medianos empresarios, desempleados, informales, desplazados, campesinos, indígenas, negritudes, trabajadores de la construcción, del comercio, de los servicios, del arte y la cultura, de la prensa, la radio y la televisión, a conformar un frente amplio con visión estratégica de poder cuya dirección política estaría conformada por el Comité Nacional de Paro, integrada a su vez por los sectores de las clases medias, pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo, trabajadores, campesinos, indígenas y negritudes, intelectuales demócratas, personalidades independientes y trabajadores del arte y la cultura, mujeres del movimiento feminista, madres comunitarias, ecologistas, animalistas y representantes del movimiento LGTB.
El 21 de octubre, al calor de la agitación y la propaganda de la minga indígena, el movimiento popular dio comienzo a la protesta nacional, convocada por el Comité Nacional de Paro, que pudo llegar a convertirse en una gran jornada por la vida, la paz, el territorio y la democracia, y por la negociación del pliego de emergencia, con resonancia nacional e internacional. Hay condiciones políticas, sociales y económicas para adelantar una jornada de protesta de gran envergadura que haga temblar el gobierno de las oligarquías.
Ahora resulta que los indígenas del Cauca no son las víctimas de la violencia sino los victimarios de los asesinatos. ¿Cómo se llama este país? “Asesinan sistemáticamente a 167 indígenas y el presidente no atiende ni escucha a los indígenas. ¿Con quién está el presidente? ¿Con los asesinos o los asesinados? ¿Cuál es el mensaje que desde las altas esferas del poder se está entregando a la sociedad colombiana?”, dijo Gustavo Petro.
“Yo lamento que los señores del uribismo desconozcan y estigmaticen la movilización social. El uribismo que ha organizado marchas en Bogotá y en Colombia para defender a su líder que estaba preso no pueden venir a decirle al país que para defender a un presidiario si se puede marchar, pero para defender los derechos de los colombianos no”, acotó Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
Ya es hora de que los sectores progresistas y renovadores se ubiquen en un solo programa para la conquista del poder político en las próximas elecciones del 2022, con el propósito llevar a cabo las profundas reformas democráticas que está exigiendo el pueblo colombiano.
