Carlos Ramón González, uno de los fundadores del Partido Verde, convirtió el Dapre en una embajada de su partido. Se rodeó de un grupo de funcionarias que tienen en común ser militantes del partido del girasol. Las trabajadoras tienen en duda su continuidad, cuando su contrato es de libre nombramiento y remoción, más si tienen nuevo jefe.
Para el manejo de las comunicaciones está nombrada Luz Gómez Duran, quien venía de ser delegada de comunicaciones del partido Verde; aunque Duran sobreviva tendrá una nueva jefe, María Elena Romero. Sarabia se había llevado a trabajar a Romero en el Departamento de Prosperidad Social para ser su mano derecha en el tema de comunicaciones, a quien conoció en Presidencia. Cuando Sarabia llegó a la Presidencia estaba German Gómez en la Consejería presidencial para las comunicaciones.
Gómez salió para un puesto diplomático en Buenos Aires y en su reemplazo fue nombrada María Paula Fonseca, recomendada por Hollman Morris y sin mucha experiencia en estrategias de comunicaciones.
Esta será una de las pitas que cogerá Laura Sarabia, de quien dependerá esta dependencia.
En otro cargo clave, la dirección administrativa y financiera, está Lyda González López, de confianza de Carlos Ramón González. Por la dirección administrativa pasa todo el funcionamiento operativo del palacio, un presupuesto de billones. Uno de los últimos nombramientos es Magda Núñez, quien maneja la oficina de relacionamiento ciudadano. Otra empleada del Verde es María Isabel Moreno, una exconcejala de Cali que renunció al Concejo y que también aterrizó en Palacio como asesora. La última trabajadora es Martha Agredo; no obstante, su rol no ha sido confirmado.
Sarabia, tiene carta blanca para conformar su equipo y los cambios se irán viendo en el camino mientras mide resultados. La constante de Carlos Ramón González fue vincular conocidos en la militancia de los Verdes, un criterio que para la nueva directora del Dapre no cuenta para nada ya que ella no proviene de ningún partido y su única lealtad es con el presidente, Gustavo Petro, con quien tiene el compromiso de poner a marchar el Dapre, para la tarea tiene un presupuesto proyectado de 10 billones de pesos, los cuales gasta con convenio interinstitucional con la empresa paisa Plaza Mayor, para materializar las instrucciones presidenciales.
