Piensen por un momento en qué sería de las calles de Colombia sin empanadas de harina, de añejo, de pipián; sin arepa paisa, santandereana, de choclo, boyacense, desmechada y de mote; sin chontaduro, butifarra, mango con sal, patacón, ni chicharrón; sin aguapanela, jugo de corozo, cholao, raspao, champus, lulada, chirrinchi, canelazo, tinto cerrero ni chicha; sin pandebonos ni los tamales tolimenses y de todas las regiones; sin hallacas, carimañolas, plátano maduro con queso; sin morcilla, chorizo, calentado, arroz clavado, atollado, de lisa, sin lapingachos ni hornados… (y me quedo corto).
Todos estos productos se venden en las calles, en las esquinas, en los andenes de los barrios, afuera del transporte público, los estadios, las escuelas y universidades, incluso de las cárceles y entidades públicas. Esta maravillosa gastronomía callejera ocupa el espacio público y bien que lo haga porque es parte de nuestra cultura.
¿Se imaginan qué vacíos que serían nuestros barrios, ciudades y plazas sin los vendedores ambulantes de comida? ¿Se imaginan qué vacíos serían nuestros parques sin la señora que saca esos espectaculares tamales de una olla humeante? ¿Se imaginan caminar por las calles de un municipio del Valle del Cauca y no encontrar chontaduros o pandebonos? ¿Qué sería del Caribe si sacan de las calles a los vendedores de butifarra soledeña o si sacan de las esquinas las ventas de arepa de huevo?
Respetuosamente les pedimos a las diferentes autoridades que no continúen la persecución a los vendedores ambulantes, especialmente a los de comidas y bebidas tradicionales, ¿no se dan cuenta de que son parte esencial de nuestra cultura? Un vendedor o vendedora de empanadas o arepas no afea el espacio público, lo enriquece; no obstaculiza el tráfico, al contrario, nos alegra nuestro camino. ¿Acaso queremos ciudades de cemento y contaminación vacías de cultura?
No insistamos más con los programas de reubicar a los vendedores de comidas y bebidas y mandarlos a algún sótano donde nadie les va a comprar. Dejemos de exigirles que se formalicen y que paguen impuestos (como si fueran multinacionales) cuando pocas veces han recibido apoyo de las entidades del Estado. No pensemos en más programas de empleo para que "dejen de hacer eso" y se ocupen en trabajos "más productivos y formales".
Desde la Fundación ACUA hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que en lugar de enviarles la policía a los vendedores ambulantes, o cobrarles 800 mil pesos a sus clientes, apoyen a estas personas que trabajan más de 12 horas diarias al sol y al agua, que nunca se van a jubilar, que no tienen seguridad social ni salud y que todo el esfuerzo que hacen cada día tiene el único fin de llevar algo para sus hijos que los esperan en su casa.
Creemos que el camino con los vendedores ambulantes de comidas y bebidas es apoyarlos, organizarlos y brindarles apoyo. En verdad, ellos y ellas son mucho más que comerciantes que ocupan el espacio público y "afean la ciudad", son preservadores de buena parte de la cultura gastronómica de Colombia.
