En los últimos días, hemos sido testigos de un nuevo intento por perpetuar un sistema de salud que ha demostrado ser ineficiente y perjudicial para millones de colombianos. Me refiero al proyecto de ley estatutaria presentado por la bancada de Cambio Radical, que se autoproclama como una "reforma" a la salud.
Como senador comprometido con el bienestar de nuestros ciudadanos, es mi deber alertar a la opinión pública sobre los peligros que esconde esta propuesta tras una fachada de cambio y modernización.
En primer lugar, es fundamental entender que este proyecto no es más que una reiteración del fracasado modelo de aseguramiento establecido por la Ley 100 de 1993. Bajo una retórica aparentemente progresista, lo que realmente hace es blindar las ganancias de las EPS y profundizar en un sistema que ha demostrado ser ineficaz para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.
Es cierto que el proyecto adopta terminología similar a la propuesta del gobierno nacional, pero esto no es más que un astuto juego de palabras. En su estructura, ahonda en la perversa intermediación financiera de las EPS y el perjudicial sistema de integración vertical.
Contrario a lo que algunos han difundido, este proyecto no contempla el giro directo a las IPS. En su lugar, refuerza un sistema basado en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), manteniendo a las EPS como intermediarias. Más aún, introduce nuevas garantías que aseguran utilidades para estas entidades, potencialmente en detrimento de la salud pública.
La propuesta de crear un Fondo de Garantías del Sector Salud es particularmente preocupante. Este fondo funcionaría como un seguro estatal para proteger las ganancias del sector privado. Es decir, el Estado asumiría todos los riesgos, mientras las EPS mantendrían su papel de intermediarias y sus beneficios. Esto nos lleva a preguntarnos: si el Estado asume la carga del riesgo, ¿cuál es realmente la función de las EPS?
Además, la sugerencia de que las EPS gestionen las redes integradas de servicios de salud, mientras continúan mediando en la distribución de los recursos, solo exacerbaría el ya problemático modelo de integración vertical. Esto podría llevar a una mayor concentración de recursos en las IPS vinculadas a los mismos conglomerados económicos de las EPS.
Es desconcertante que Cambio Radical afirme estar abierto al debate mientras ignora la invitación del presidente Petro a construir una propuesta consensuada en el marco del Acuerdo Nacional. En lugar de sumarse a este esfuerzo colectivo, presentan un proyecto que niega la premisa fundamental sobre la cual debemos buscar nuevos consensos: que 30 años de intermediación financiera han llevado al colapso del sistema y que es imperativo un cambio de rumbo.
Como representantes del pueblo colombiano, tenemos la responsabilidad de impulsar una verdadera transformación del sistema de salud. No podemos permitir que intereses particulares se impongan sobre el bienestar colectivo. Es hora de dejar atrás los modelos que han fracasado y avanzar hacia un sistema de salud justo, eficiente y centrado en las necesidades de los ciudadanos.
La salud no es un negocio, es un derecho fundamental. Y es nuestro deber garantizar que todos los colombianos puedan acceder a ella sin barreras ni intermediarios que prioricen el lucro sobre la vida. El proyecto de Cambio Radical no es la solución que Colombia necesita. Es momento de una reforma real, que ponga la salud y la vida de los colombianos en el centro de todas las decisiones.
