Me dedicaré, en un primer momento, a responder la nota del profesor Vargas Guillén en la que hace un análisis breve de la actual coyuntura universitaria y la respuesta de Oscar Garzón “En respuesta a Germán Vargas Guillén y en defensa de nadie”.
El primer texto titulado “La crisis de la U. Pedagógica Nacional y la incompetencia de su rectoría” inicia con los acostumbraos ejercicios de retórica del profesor Guillén, y que con toda razón Óscar Garzón categoriza como “rodeos” a una situación que amerita un análisis serio, riguroso y comprometido, en lugar de acusar a toda la comunidad universitaria de envalentonados.
Al parecer el profesor Guillén no ha comprendido que ninguna universidad ha llegado al “entendimiento radical del problema” y que reduce dicho entendimiento al de la educación como un simple problema presupuestal. Cabe preguntarse: ¿Qué tan radical es entender la problemática histórica de la educación como un mero problema de financiación? En realidad, movilizarse por aumentar la financiación estatal a las IES no es radical, pues no redefine ni transforma la concepción capitalista de educación destinada a la reproducción social del sistema.
Lo único rescatable del segundo párrafo de la columna del filósofo es:
“¿Por qué la movilización que estatuyó la UPN (Cf. Universidad Pedagógica Nacional, Comunicado 005 del segundo semestre, 13 de septiembre de 2017) no está en despliegue en el conjunto de las universidades públicas en Colombia…?”
En suma, la respuesta no es lo suficientemente sólida, ni mucho menos explica la realidad de la cultura política al interior de las universidades y que impide su articulación plena, compenetradas por la indiferencia, la pasividad, la burocracia, etc. Sin embargo, si esto se reduce a un “entendimiento radical” de universidades “pequeñas” como la UPN, podríamos afirmar que algunas universidades “grandes” han llegado a ese “entendimiento radical”.
El rector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla a través de una entrevista realizada por la revista Semana expone la crisis presupuestal por la que atraviesa la Universidad Nacional y critica —como lo han venido haciendo las universidades “pequeñas”— al programa Ser Pilo Paga, diciendo que “pone en aprietos a la Universidad Nacional y a la educación pública en general”. En definitiva, la respuesta del filósofo es errada, la incapacidad de que la rectoría no pueda “desplegar” escenarios de movilización con otras universidades por la vía administrativa no es por simples entendimientos de la problemática educativa. Habría que permitir que la administración responda y no dar lugar a especulaciones por el afán de llamar la atención para la próxima elección de rector.
Por otro lado, no tiene en cuenta que si bien la administración no ha logrado desplegar la movilización con el conjunto de las universidades públicas de Colombia, los estudiantes organizados de diversas maneras sí lo han logrado. El filósofo Vargas Guillén, antes de escribir cuanta desfachatez se le pase por la cabeza, debería sentarse primero a informarse de los hechos semanales. De haberse puesto en semejante tarea —dejando por tan solo un instante de ser comentarista de Husserl y de pensar los problemas de la fenomenología— se habría dado cuenta que las movilizaciones del 4 de octubre se llevaron a cabo a nivel nacional, empezando por Bogotá, en la que se movilizó la Universidad Pedagógica Nacional, la U. Distrital, la Universidad Nacional —que la denomina como “grande”—, el Colegio Mayor de Cundinamarca y una delegación de la UPTC. A su vez, se movilizaron la U. del Valle, la U. de Magdalena, la U. de Caldas, la Sur Colombiana y la U. de Pamplona. Universidades grandes y pequeñas que, como afirma Oscar Garzón, estas últimas cuentan con una importancia trascendental a nivel regional en la formación de profesionales; si bien, no son todas las universidades del país, aún falta por recuperar los canales de comunicación entre las distintas universidades tal y como se evidenció en 2011, sin incurrir en los mismos errores.
Analicemos otra premisa del reconocido filósofo: “(…) esta inteligencia prodigiosa —refiriéndose al rector Adolfo León Atehortúa—que ha llevado a la UPN por los senderos de una administración neoliberalmente impecable”. Es menester mencionarle al profesor Guillén que la administración de la UPN no es la única que ha llevado a la universidad por una administración neoliberalmente impecable, sino la administración de la U. Nacional que ha tenido que acudir a las APP para sostenerse, tal y como sucede con el edificio de Ciencia y Tecnología, del que es dueña la firma Sarmiento Angulo y que pretende adueñarse de toda la universidad. Asimismo, la administración Mantilla ha asumido políticas que han venido privatizando el espacio universitario, del mismo modo que sucedió con la UdeA, colocando torniquetes en las entradas como si estuviesen accediendo a un sistema de transporte y no a una universidad “autónoma” dispuesta a servirle a la ciudadanía sin discriminación alguna.
La UPTC que actualmente se encuentra en paro por el alza exacerbada en las matrículas y el sistema de contratación docente, pero que Vargas Guillén desconoce por andar lanzando señalamientos a la actual administración de la UPN. Cabe señalar que deja entrever con facilidad que no entiende la relación entre las partes y la totalidad, o colocándolo en términos que el filósofo lo pueda entender, la Unidad entre la infinitud del Espíritu Absoluto y lo finito en el desarrollo de la autoconciencia. Es así, que señala a la administración como neoliberal, más adelante explica la introducción del neoliberalismo en Colombia, pero no expone cómo un Estado neoliberal influye en la totalidad de sus instituciones y las controla en función de sus intereses, en la materialización de sus políticas para su producción y reproducción, y no lo explica porque en realidad no lo entiende y sale del problema acusando a la administración, como si el neoliberalismo no fuese una de las manifestaciones históricas del capitalismo en su deseo por mantenerse.
En este sentido, Oscar Garzón sí parece comprender esa relación, no solo en aspectos formales sino también sociales:
“Pero obviando el error, la Universidad y su administración debe entenderse como una institución pública que está regulada por unas normas, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio, y por más rechazo que tenga una administración estas se deben cumplir, a lo máximo el rector podrá demorar su aplicación como sucedía antes, pero para evitar esta estrategia política el MEN ato la asignación de recursos de funcionamiento al cumplimiento de procesos como la acreditación o el aumento de cobertura. En este caso los llamados a oponerse a la implementación es la movilización social (estudiantes, docentes, trabajadores, egresados, etc) sobre quienes no recaen procesos jurídicos o disciplinarios por el no cumplimiento de sus funciones. Recordemos que el Rector es un funcionario Público.”
Infortunadamente, Oscar Garzón apela a una premisa simplista. No obstante, es cierto que criticar el modelo económico no implica escaparse de él. Con esto responderé su pregunta, sí es posible transformarlo desde lo social e institucional. Por tanto, no es un simple problema de crítica pragmática, sino de crítica para la acción.
Vargas Guillén continúa con su argumentación endeble, ahora creyendo que por hacer uso del Impuesto para la Renta y la Equidad (CREE) esta es una administración “neoliberalmente impecable”. Se le olvida que las IES se financian con 0,6 puntos de este impuesto según la ley 1753 del 2015. Lo que no sabe Guillén es que a todas las instituciones no se le ha cumplido con la financiación proveniente de los recursos CREE, de esa forma lo manifiestan un grupo de profesores en una carta dirigida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al MEN. Esto se coloca mejor cuando lanzando de nuevo acusaciones desaforadas a la administración, Vargas Guillén la critica por colocar a la universidad a la disposición del “postconflicto” —noción que utiliza acríticamente, pero que yo prefiero llamar “post-acuerdo”. En un tono jocoso, dice que la universidad envió “embajadores”, a lo cual yo prefiero definir como delegación. Aparentemente a Vargas Guillén le molestó que la universidad no se aísle del actual momento histórico, de la coyuntura nacional y la construcción de paz, siendo incongruente con su ejercicio filosófico no presenta argumentos, pero quizás se deba a su filosofía individualista y que él ha llegado a categorizar como anarquista.
Vargas Guillén denota ser otro producto académico de la posmodernidad, su crítica que atomiza el análisis de la actual coyuntura educativa no observa el problema de manera integral, sino que se limita a criticar a la administración de la UPN, sosteniéndose en explicaciones históricas que no logra cohesionar con nuestro presente y más aún, con la situación concreta. Ni qué decir de las organizaciones estudiantiles, cegadas por su carente capacidad de análisis, caminando por los senderos de la financiación y sin la intencionalidad de discutir una nueva política educativa integral, acorde a las transformaciones que requiere el país para la construcción de paz con justicia social. Existe una exagerada necesidad de pedirle al Estado, como si la historia no fuera suficiente para demostrar que la voluntad política de los distintos gobiernos se halla concorde a los intereses de la clase dirigente.
Con esto, no pretendo invalidar o desmeritar los esfuerzos de las universidades por exigir mayor presupuesto, pero el saneamiento fiscal no es la única crisis por la que atraviesa la educación superior. Primero, la crisis es financiera en cuanto el Estado a través de la ley 30 de 1992 establece la desfinanciación estatal progresiva de las universidades públicas, empujándolas a la autofinanciación y la venta de servicios como si de empresas se tratara. Segundo, una crisis democrática, ya que existen diversos problemas de participación interna, conflictos sociales, entre otras situaciones que genera burocratización, corrupción, imposiciones administrativas y violación a la autonomía universitaria. Tercero, una crisis laboral en tanto los sistemas de contratación docente y de trabajadores, en su mayoría, propenden a la flexibilización y tercerización laboral. Cuarto, una crisis pedagógica, a causa de que consecuente con los principios neoliberales no se proponen nuevos modelos de enseñanza que rompan los esquemas de la competitividad, la productividad y el mercantilismo; al mismo tiempo, no tiene en cuenta tipos diferenciales de enseñanza-aprendizaje, ni la formación de nuevos sujetos sociales comprometidos con la transformación social.
