Antecedida de una gran expectativa y esperanza para miles de bogotanos que depositaron su confianza en ella —con base al anhelo de superar la corrupción y el continuismo en la capital—, la administración López se enfrenta a un sector de la ciudadanía que empieza a distanciarse de su agenda programática, la cual perciben como lejana de las necesidades hacia los más desfavorecidos, además de profundamente autoritaria.
Aunque su plan de desarrollo despertó expectativas en materia de equidad, transparencia, convivencia ciudadana y derechos de las mujeres y de las comunidades LGTBI, para las mayorías aspectos como los derechos económicos y sociales, el derecho a la ciudad y el modelo económico y productivo no parecen tener incidencia allí.
La coalición política que apoyó su candidatura reunía matices y fuerzas alejadas del partidismo tradicional liberal-conservador, sobresaliendo los verdes, otra corriente política con grupos de inclinación progresista, exsindicalistas, movimientos sociales del 21N, defensores de la paz y movimientos anticorrupción.
Su acceso a la alcaldía y la organización de su equipo de gobierno fue acogido sin mayores reticencias en la opinión pública, aunque desde la izquierda liderada por Gustavo Petro y el excandidato Hollman Morris se hicieron duros cuestionamientos enfocados en el tema de la construcción del metro elevado que se mantenía como un proyecto heredado por el exalcalde Enrique Peñalosa.
Ahora bien, el trámite del plan de desarrollo y el manejo de la crisis sanitaria ocasionada por la presencia del coronavirus han ocupado los primeros seis meses del gobierno de la señora Claudia López, mostrando otras facetas implícitas de su base programática.
La gestión de la pandemia se ha visto acompañada por discrepancias y coincidencias con el gobierno nacional del presidente Iván Duque, específicamente en la cuarentena y la atención de la crisis social derivada de la parálisis de la economía.
Las discusiones del plan de desarrollo y el documento final aprobado por el Concejo Distrital decantaron de manera más precisa el tipo de coalición que acompaña a la alcaldesa, el cual coincide ideológicamente con las fuerzas políticas tradicionales que ayudaron a aprobarlo (Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres), pues su contenido presentaba pocas diferencias con los postulados básicos del neoliberalismo.
Y es que el proyecto político de López para Bogotá, que es una prueba piloto de lo que podría ser un eventual proyecto político de la Coalición Colombia para el país, coincide en líneas generales con las tesis del “neoliberalismo progresista”, término acuñado por la filósofa y politóloga feminista estadounidense Nancy Fraser en El fin del neoliberalismo progresista, artículo que se convertiría en la semilla de su libro ¡Contrahegemonía ya!: por un populismo progresista” (Siglo veintiuno Editores, 2019).
Y es que para entender qué es en realidad el neoliberalismo progresista es preciso saber, como bien lo señala William Davis, que el neoliberalismo ha presentado diversos momentos y facetas para llegar allí.
Ese paradigma ha transitado desde el neoliberalismo combativo de 1979-1989, empeñado en la destrucción del socialismo y los sindicatos obreros; el neoliberalismo normativo de 1989-2008, del que se encargó la socialdemocracia con su tercera vía para adecuar el Estado al mercado y promover el endeudamiento de los individuos y las empresas; el neoliberalismo punitivo, asociado con la crisis del 2008, que descarga la quiebra de los bancos en el Estado y en los individuos para que regulen su austeridad.
Posterior a esa tortuosa transición (1979-2008), en donde el neoliberalismo cultural se mantuvo presente y el neoliberalismo económico entró en crisis, afloró el neoliberalismo progresista, que según la caracterización de la misma Fraser, a quien Raúl Zibechi parafrasea, no es más que una mezcla de “políticas económicas regresivas, liberalizantes, con políticas de reconocimiento aparentemente progresistas. Se trata de la conservación y defensa del multiculturalismo, el ambientalismo, los derechos de las mujeres, las tribus urbanas, los animalistas y los LGBTQ”, entre muchas otras “nuevas ciudadanías”. Lo anterior a costa de la cooptación de esos sectores para que las discusiones sobre la desigualdad, la redistribución, la inequidad y la lucha de clases queden relegadas de las discusiones principales en la sociedad.
El reconocimiento de estos derechos y colectivos sociales es, para Fraser, totalmente funcional con los objetivos del neoliberalismo financiero compatible con el neoliberalismo financiero, ya que bloquea el igualitarismo, asegurando que “unos pocos individuos ‘talentosos’ de grupos ‘subrepresentados’ puedan ascender al tope de la jerarquía corporativa y alcanzar posiciones y remuneraciones paritarias con los hombres heterosexuales blancos de su propia clase”.
En suma, el neoliberalismo progresista se convirtió en una versión ligera de la emancipación, tolerada por el establecimiento mundial, que tuvo por objetivo desactivar la base social de los partidos y movimientos anticapitalistas, obreros, y para quienes el carácter de clase y disputa entre el 1% más poderoso y el 99% de los trabajadores es esencial. Premisas históricas como bienestar material y emancipación fueron reemplazadas por una inusitada multiplicidad de nuevas demandas, compartimentadas y disgregadas entre sí, fácilmente resueltas por el establishment para disgregar la disputa por la hegemonía entre capital y trabajadores.
La intención final del neoliberalismo progresista ha sido (desde la irrupción de Bill Clinton, pasando por la tercera vía de Blair, hasta la ascensión de Obama) vender excepciones a la regla y victorias de grupos identitarios como modelos de superación a seguir (Hillary Clinton, Claudia López, Lucho Garzón, Michelle Bachelet, entre otros) por parte de la antigua clase trabajadora, ahora devenida en ciudadana, usuaria y consumidora. Para ello se han tenido que valer de los movimientos y de las luchas históricas, rebajadas a su mínima expresión, como pretexto movilizatorio que legitima su accionar neoliberal.
Volviendo al caso bogotano, es claro que la alcaldesa, mediante la cooptación y el otorgamiento de contratos a particulares y al entramado de ONG ligadas a sus estructuras, busca arropar las prerrogativas de dichos movimientos sociales e identitarios con el fin de desactivar de ellos su carácter de clase y suprimir en los mismos todo tipo de discusión sobre asuntos estructurales como el modelo económico y social de la ciudad.
Prueba de ello son los aumentos presupuestales consignados en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD) para los sectores de medio ambiente, bienestar ambiental y biciusuarios, además de los incrementos de inversión para la Secretaría de la Mujer y el fortalecimiento de las políticas orientadas a los LGBTIQ, que, al ser contrastados con las inversiones para movilidad (33 de 108 billones del plan plurianual de inversiones), son erogaciones ínfimas. La poca oposición que tuvo este PDD sobre el metro elevado, el futuro de la expansión de TransMilenio y los proyectos de renovación urbana dan cuenta de las verdaderas prioridades de esta administración.
Ese es a nuestro juicio el fondo del discurso de Claudia López y el contenido de su ruta programática con el plan de desarrollo 2020-2023 (Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI), en el que está clara la alianza con el sistema financiero, los especuladores urbanos, los negociantes de la salud y los dueños de la contratación estatal, como en el caso del metro elevado, dando forma a una elite falsamente progresista. Nos quieren engañar con esta nueva versión del viejo liberalismo y cada uno de sus ingredientes.
Fue a ese carro sin frenos al que se montaron los verdes y desafortunadamente, el Polo Democrático, las feministas de nuevo cuño, los gais, los LGTBIQ, y también liberales y conservadores de vieja data, que se percatarán de que allí también podían estar y ganar.
