¡Entre más bravo el toro, mejor la corrida! Eso estaría pensando el presidente Gustavo Petro -con su reservada y leve sonrisa- cuando radicó el Proyecto de Ley estatutario sobre la Reforma a la Educación, aun cuando sus tres reformas estructurales: laboral, salud y pensiones, tienen más derrumbes y trancones que la Marginal del Llano y la vía Aguazul - Sogamoso, lo que seguramente estaría planeando en enviar la de Educación por la Transversal del Sisga, la única habilitada de nuestra maltrecha y olvidada infraestructura vial a los Llanos Orientales.
La semana pasada, se aprobó en la Plenaria de Cámara el informe de ponencia de la salud, pero tiene pendiente la aprobación del articulado -esperando el temerario veredicto de una Subcomisión accidental- la pensional no está agendada para mañana lunes en la Plenaria del Senado, y la laboral no se sabe ni siquiera de su informe de ponencia para primer debate, aun cuando éstas serían unas iniciativas más sencillas de aprobar, porque son proyectos de ley ordinarios, que solo necesitan mayoría simple y tienen dos años de plazo para su respectivo trámite.
La Reforma a la Educación es a otro precio, porque es un proyecto de ley estatutario -desarrolla un derecho fundamental constitucional- que se debe aprobar en una sola legislatura -un año- en donde se requiere además la mitad más uno de los senadores para ser aprobado –mayoría absoluta- y como si fuera poco exige después el control previo de la Corte Constitucional, en un momento en que no es un secreto ciertas diferencias de las Altas Cortes con el Gobierno Nacional.
La Reforma a la Educación -a la que se le designaron ponentes en la Comisión Primera de la Cámara- tendría un tiempo flexible y suficiente hasta diciembre, para ser aprobada en primer y segundo debate, pero se complica cuando la relación Gobierno - Congreso no es la ideal -atrás quedó la armonía que logró el entonces Presidente del Senado Roy Barreras- cuando inesperadamente Petro se refirió a una eventual y otrora relación “senadores-narcotráfico”, lo que propició una entendible y airada reacción del Presidente de la Corporación Iván Name, como también de las bancadas independientes y de oposición en el Congreso, y que no recibió infortunadamente ninguna respuesta ni disculpas del Mandatario para calmar la tempestad.
A esto se suma una posición beligerante del Pacto Histórico contra las demás bancadas, incluido unos cuestionamientos a la Presidente de la U Dilian Francisca Toro, lo que la semana pasada propició en la Plenaria un duro pronunciamiento del Senador Juan Felipe Lemos –que podría apartar finalmente a este Partido de las reformas del Gobierno- mientras que los verdes se han convertido en férreos opositores a la Reforma a la Salud, que pone a tambalear esta semana la aprobación del articulado de esta iniciativa en la Plenaria de la Cámara, y seguramente condena a un “destino fatal” la recién radicada Reforma a la Educación.
Una práctica revisión a los 36 artículos del Proyecto de Ley, se puede evaluar -a criterio de este Columnista- que los primeros trece artículos (13) son bastante abstractos -un decálogo de concepto, naturaleza, ámbito de aplicación, principios, deberes, derechos, deberes- que no son nada nuevos sino que están consignados en el marco constitucional y legal –más parece a las reflexiones filosóficas de Petro en sus discursos- encontrando una mayor y mejor concreción en el Capítulo III, sobre el "Derecho Fundamental a la educación en sus distintos niveles”.
En el Artículo 14, señala como derecho fundamental a la educación de los niños y niñas menores de seis (6) años, siendo aún más interesante cuando los divide en prejardín, jardín y transición, en donde la primera –0 a 3 años- se basa en actividades de juego y exploración en el hogar, dejando de lado el aprendizaje básico y conservador, para apuntar al desarrollo inicial y espontáneo del menor; mientras que los Artículo 15, 16 y 17 se refieren respectivamente a la obligatoria educación básica, media y superior, en donde se destaca en la primera el “conocimiento, los proyectos pedagógicos y de la actividad humana”; en la segunda “del saber, de saber hacer y el deber ser”, y en la tercera reconocimiento a “las cualificaciones y saberes”, tan similar a la educción pensante que alguna vez el maestro Simón Rodríguez le inculcó al Libertador Simón Bolívar.
Un aspecto innovador es el “Derecho fundamental a la educación campesina y rural” (Artículo 19), acertando al ajustar la misma a “las necesidades y particularidades del campesinado (…)”, concluyendo con un precepto universal tan importante como “la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria”; mientras que el Artículo 20 señala el “Derecho a la educación para los jóvenes, adultos y personas mayoras –tan ignorados estos dos últimos- con el fin de estimular las (…) “potencialidades de todas las personas que por diversas circunstancias” no recibieron una educación formal, y que definitivamente hacen concluir el acertado y eficaz enfoque de la Reforma a la Educación, aún más cuando ese derecho fundamental incluye a víctimas del conflicto armado, personas privadas de la libertad, pueblos étnicos, personas en situación de discapacidad, personas con capacidades excepcionales, entre otros.
Coletilla: Es preocupante de todos modos las Facultades Extraordinarias que se le entregan “por seis (6) meses” al presidente Petro (Artículo 35), para establecer las fuentes, esquemas de financiación, plazos, articulación entre niveles y el régimen especial de las Escuelas Normales Superiores, cuando lo debido es debatir y aprobar las mismas en su escenario natural: el Congreso, con el debido tiempo –gradual y selectivo- encontrando consensos para el mejoramiento continuo de la educación en Colombia, lo que sin duda estas imprevisibles facultades le podrían complicar su trámites en el legislativo, aunque de todos modos –reitero- estamos en un Régimen Presidencialista, y en casi treinta años en el Congreso jamás he visto “hundida” una iniciativa del Gobierno.
*** Asesor Legislativo – Escritor.
