Sebastián Quiroga Pardo es un joven bogotano, politólogo, miembro de una familia trabajadora de la localidad de Kennedy en el sur de la ciudad, amante de la buena música y compositor de coplas y décimas en sus tiempos libres. Sin embargo, ante todo Sebastián es un líder social que desde el Congreso de los Pueblos ha luchado por los derechos de la juventud y la construcción de un modelo alternativo para las ciudades colombianas. Ayer se conoció la denuncia pública de graves hechos de amenazas y hostigamientos contra él y su familia.
Sebas, como le dicen cariñosamente sus amigos, fue abordado por un hombre que se presentó como funcionario del Estado, quien le señala que debe alejarse “del camino equivocado”, que le ofrecen poder “colaborar” y un supuesto proceso penal en su contra por el que podría ir a prisión por 12 años. Ante la negativa del joven líder de entablar conversación con el extraño, este último se retira dejando una tarjeta de presentación con un número de teléfono. Un rato más tarde visitarían el negocio familiar de sus papás transmitiendo similar información y dando como plazo 15 días para contactarse, advirtiendo que no fueran a decir nada o de lo contrario sería peor.
Este hecho se suma a una serie de eventos que ha denunciado el Congreso de los Pueblos en las últimas semanas, donde se ha puesto en conocimiento que integrantes de este proceso han sido víctimas de seguimientos en sus trabajos y residencias, toma de fotografías de los documentos de identidad en sospechosas requisas policiales, ingreso de uniformados a las residencias por supuestas quejas de vecinos.
El 24 de julio en rueda de prensa, los movimientos sociales, junto a la bancada alternativa del Congreso de la República señalaban que hay una estrategia sistemática que combina los asesinatos y la judicialización de líderes sociales. Para el caso del Congreso de los Pueblos ya son cerca de 52 personas judicializadas en los últimos 8 meses, siendo el caso más sonado el de Julián Gil, secretario técnico de dicho movimiento. Esta situación sumada a los más de 400 líderes sociales asesinados en los últimos 30 meses configura un delicado momento que requiere la participación activa de toda la sociedad en rechazo de la persecución política.
La grave situación de persecución que están viviendo los movimientos sociales tiene un común denominador, son acciones dirigidas contra líderes que se oponen al modelo de desarrollo que intenta imponerse en los territorios, tanto urbanos como rurales, que se oponen a las políticas de profundización del modelo extractivista, que trabajan en la organización de las comunidades porque en la ciudad se pueda vivir con plenitud de derechos. En definitiva, se está persiguiendo a los líderes que trabajan por construir vida digna.
Estamos a unos días de la instalación del nuevo gobierno en cabeza del uribismo y el panorama no es más alentador. Es bien conocido el talante autoritario y de persecución que tiene ese sector político y los nexos bien tejidos que combinan la acción del Estado dirigida la Fiscalía General de la Nación; la actuación irregular de sectores de las fuerzas militares y de policía; y el paramilitarismo como estrategia de guerra sucia contra movimientos sociales y políticos de oposición al modelo económico actual.
Sebastián, Julián y otros miles de líderes sociales requieren de una ciudadanía fuerte, dispuesta a defender la vida y la libertad ante quienes solo proponen la muerte y el terror. En la velatón del pasado 6 de julio cientos de miles de colombianos llenaron las plazas de esperanza, de fortaleza colectiva. Ese mismo sentimiento debe llenar todo el país, contagiarse y volverse una cadena de protección para los líderes y lideresas, para los movimientos sociales.
Vamos a rodear a Sebastián, a su familia, a su proceso. No vamos a permitir que soñar con un país distinto nos cueste la vida, ni la libertad.
