“Uribe y sus aliados tienen un largo historial de ataques al Estado de Derecho” y “A muchos simpatizantes de Uribe no parece importarles en lo más mínimo el Estado de Derecho, en especial si es un obstáculo para la protección de su líder”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un pronunciamiento publicado en un medio el pasado 11 de agosto.
En la arena local las voces han sido variopintas. Una reciente califica de estúpida la decisión de la corte, entre otras, porque “…si hay que escribir 1.554 páginas para justificar una detención preventiva, es porque resulta muy débil la causa que la sustenta”. Otra concluye que “la ley no es para todos: nada le pasa a los que incumplen al acuerdo; ni siquiera a Santrich”. Alguna otra dice que “tras la decisión de la corte, todo lo que ha hecho el uribismo, la bancada de gobierno y el gobierno mismo, ha sido equivocado”. Otra más nos invita a salir de la “cárcel del pensamiento en la que Uribe funge de cancerbero”, invitando a la libertad de pensamiento sin caudillos de por medio. En similar sentido, alguien más invita a evitar la formación de caudillos; y con el usual rasero igualitario de su pluma concluye que “Si Uribe definitivamente no va a la JEP, donde podría librarse de la cárcel si aún al contar toda su verdad fuera condenado, la justicia ordinaria que lo procesa debería considerar también una condena que no lo prive de la libertad y le permita seguir ejerciendo su liderazgo en pleno derecho”.
Personalmente, el pronunciamiento con el que más resueno es el de Lina Moreno de Uribe: “Los magistrados no son solo magistrados. También son seres humanos que piensan, actúan (…) y reciben las influencias del entorno”. Desde luego, una absoluta neutralidad al momento de administrar justicia es cercana a lo imposible pues el juez, en tanto humano es susceptible (aunque sea mínima e inconscientemente) de sesgo y parcialidad.
Los detractores de Uribe sienten que los simpatizantes de su némesis presionaron a la corte buscando interferir en sus decisiones. Por eso aplauden vivamente que “esto haya sido una muestra de que nadie está por encima de las instituciones en Colombia”.
Si la expresión pública de quienes profesan afinidad por el ideario uribista constituye una afrenta a la estabilidad del Estado de derecho, ¿qué adjetivo le cabe a quien en ejercicio de un cargo de no poca monta (como la dirección para las Américas de HRW) aplaude las medidas cautelares de la máxima corporación de justicia colombiana declarando que “la Corte Suprema ha enviado un mensaje contundente, que está dispuesta a garantizar el imperio de la ley incluso contra los más poderosos” porque “si no se pone freno a las intimidaciones de Uribe y sus aliados a la Rama Judicial, es probable que algunas instituciones del acuerdo de paz, incluyendo la JEP, sean víctimas de ataques similares”?
¿No es eso buscar interferir en las futuras decisiones de la corte?
La expresión del parecer subjetivo sin vulnerar los derechos ajenos es, entre otros, uno de los pilares fundacionales de cualquier Estado de derecho. La corte, por tanto, deberá emplearse a fondo para tener oídos sordos ante lo que se diga y hacer su trabajo con estricto apego normativo, evitando seguir los eventuales dictados de la razón humana que yace bajo la toga de sus magistrados. El resto, mientras tanto, bien podríamos comenzar a reconocernos como zoones politikones, pues si en sociedad y ciudad vivimos, ¿qué (si no animales políticos como ya advirtiera Aristóteles en su Política) somos?
