Esta semana en la Bolsa de Valores de Nueva York el saliente presidente de la República lanzó la Taxonomía Verde de Colombia, guía para posibles inversiones en proyectos etiquetados como 'verdes', es decir, relacionados con asuntos ambientales o de cambio climático. Igualmente, hace dos semanas, el Ministerio de Hacienda estaba de celebración porque Colombia ganó el premio al bono verde del año de la publicación Environmental Finance, esto por la emisión de títulos de deuda pública “por $1,5 billones para financiar gastos incluidos en el Presupuesto General de la Nación, asociados a un portafolio de proyectos verdes.” A nivel mundial, el mercado de bonos verdes inició en 2007 y completó en 2020 una emisión acumulada de un billón de dólares estadounidenses. A la par, la Unión Europea lanzó su Taxonomía Verde el año pasado, que generó algunas controversias. En América Latina se han emitido bonos verdes en México (por ejemplo para cofinanciar el proyecto del aeropuerto Texcoco), Costa Rica (por ejemplo para refinanciar la hidroeléctrica Reventazón) o en Brasil (por ejemplo para financiar proyectos de energía eólica y forestales). Todo esto muestra que las finanzas 'verdes' y climáticas vienen creciendo rápidamente y se relacionan directamente con nuestra vida cotidiana y con la efectividad de la respuesta a la crisis climática. En suma, es hora de ampliar y democratizar el debate sobre las finanzas 'verdes' en Colombia, lo cual requiere garantías por parte del Estado y participación por parte de la sociedad civil.
La Taxonomía Verde es “un sistema de clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones sustanciales al logro de objetivos ambientales, los cuales responden a los compromisos, estrategias y políticas trazadas por el gobierno en materia ambiental.” La Taxonomía aborda proyectos 'verdes' en ochos sectores económicos: energía, construcción, residuos y captación de CO2, agua, transporte, ganadería, agricultura y forestal. Esta taxonomía es una guía orientadora a inversionistas públicos y privados interesados en tener un portafolio de inversiones 'verdes'. Esto es muy importante porque definiría los criterios de las inversiones 'verdes' y de los proyectos relacionados con la acción climática. Es necesario entonces conocer los detalles de los primeros proyectos con etiqueta 'verde' que se encuentran a la espera de obtener financiación o ya han sido financiados y sus metas ambientales y climáticas, para que la sociedad civil pueda dar su retroalimentación y ejercer rendición de cuentas. Este debate se está dando en todo el mundo, por ejemplo con la Taxonomía Verde europea o con el último informe sobre cambio climático de Naciones Unidas.
Este mes el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) presentó su informe sobre mitigación del cambio climático, donde explican que no podemos posponer más la acción climática y que si bien hay avances, todavía la humanidad se queda corta en su respuesta a la crisis climática. Sobre los bonos verdes el IPCC dijo: “Los mercados de bonos verdes y los mercados de productos financieros sostenibles también han aumentado significativamente (…), pero aún quedan desafíos, en particular, existen preocupaciones sobre el 'green washing' y la aplicación limitada de estos mercados en los países en desarrollo”. Del reporte del IPCC surgen temas que ya se pueden precaver: la adicionalidad, es decir, que se promuevan proyectos nuevos o adicionales, y no simplemente se les ponga una etiqueta 'verde' a proyectos que de todas formas se iban a hacer. También, el 'green washing' o lavado verde, que etiqueta como 'verdes' proyectos que en realidad no lo son. Igualmente, la implementación en países en desarrollo es limitada, porque nuestros mercados financieros e instituciones están menos consolidadas que en países desarrollados.
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La crisis climática es uno de los mayores retos de la humanidad en el Siglo XXI y responder a este reto civilizatorio requerirá enormes sumas de dinero que tarde o temprano vamos a pagar
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En últimas, la crisis climática es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad en el Siglo XXI y responder a este reto civilizatorio requerirá enormes sumas de dinero que tarde o temprano vamos a pagar, sea mediante acciones preventivas o por la atención de catástrofes climáticas, o ambas. El debate sobre las finanzas climáticas llegó para quedarse y atravesará todo el siglo XXI. Necesitamos un gobierno garantista y accesible y una sociedad civil activa y participativa que contribuyan a la definición de las taxonomías 'verdes' y a la retroalimentación y rendición de cuentas ante la implementación de los proyectos denominados 'verdes'. Esto será imposible, mientras no hayan garantías y persistan situaciones como las amenazas y asesinatos de personas líderes sociales y ambientales y periodistas quienes liderarían la rendición de cuentas y el debate sobre las finanzas climáticas.