Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, tiene un “teorema” sobre la gobernabilidad (relación presidente – Congreso) muy interesante. En una reciente entrevista concedida a El Tiempo afirmó: “(…) yo tengo un teorema y es el de los 6 meses. Un gobierno que llega con 9 millones de votos al poder tiene 6 meses para hacer las reformas que quiera”. Afirmación certera y realista.
No es un secreto a voces que durante la primera legislatura de cada Congreso siempre se presenta una intensa luna de miel entre los “padres de la patria” y el presidente, algo que se explica por la reacomodación de las fuerzas políticas y el despunte de una actualizada coalición de gobierno. Eso Duque lo tiene muy claro (en sus cuatro años en el Senado fue testigo directo del desgaste de la gobernabilidad santista) y por eso no escatimará esfuerzos (mucho más ahora que no existe reelección) para que su bancada impulse durante los próximos seis meses los ejes estructurales de su agenda de gobierno: reforma tributaria, reforma pensional, reforma a la justicia y reforma política. ¿Cuál priorizará?, ¿le alcanzará la gobernabilidad para sacar todas esas reformas en un año?, ¿acaso le harán una clásica “pataleta” burocrática los antiguos partidos de la Unidad Nacional?, ¿estará la reforma política entre sus prioridades iniciales?
En campaña Duque se comprometió a impulsar una reforma política para reducir el Congreso y limitar la elección en las corporaciones públicas a tres periodos (en esa intención coincide con el séptimo mandato de la consulta anticorrupción). Ambas propuestas son huesos duros de roer y no se anticipa que Duque la tendrá fácil, especialmente con aquello de reducir el Congreso a 73 senadores (actualmente son 108) y 123 representantes (actualmente son 172), proyecto de vieja data en el uribismo (fue el sexto punto del fallido referendo uribista de 2003) y que la bancada del Centro Democrático impulsó entre 2016 y 2017 sin encontrar mayor respaldo en el Capitolio.
Ahora el uribismo es gobierno y en la práctica tiene la sartén por el mango para movilizar las bancadas y concretar una amplia concertación a favor de esas iniciativas, ¿insistirá Duque en reducir el Congreso y limitar la elección en corporaciones públicas? Si el “teorema Carrasquilla” es efectivo y Duque se empeña en impulsar esa reducción en los próximos seis meses (a riesgo de desgastar su gobernabilidad para sacar adelante el resto de su agenda), su reforma política concluirá en la reestructuración más grande del poder legislativo y el sistema de partidos desde la histórica reforma política de 2003. Nada menor.
La realidad fáctica es que el nuevo presidente no la tendrá fácil y mucho menos con una clase política que ha demostrado poco interés en impulsar grandes cambios al sistema político. Tan solo entre 2015 y 2017 los congresistas hundieron la propuesta de eliminar el voto preferente y reorganizar el sistema de partidos en torno a la lista cerrada, la iniciativa de crear un senado regional, la creación de un tribunal electoral independiente de los sectores partidistas, la introducción del voto obligatorio y la eliminación de la reelección indefinida de ediles, concejales, diputados y congresistas. Sin contar que ese tema de reducir el Congreso nunca se ha discutido seriamente y tiene más pinta de propuesta sacada a última hora del sombrero.
Asimismo, la última experiencia de reforma política, diseñada en el marco de la implementación por fast track del punto 2 del acuerdo de paz y resultado de una intensa socialización con académicos, expertos, sociedad civil y partidos, terminó convertida en un “Frankenstein” irreconocible en su paso por el Congreso (Santos promovió su hundimiento). La clase política siempre ha tenido una permanente resistencia al cambio cuando se trata del sistema de partidos y tocar su zona de confort, ¿logrará Duque revertir ese comportamiento? Tal vez al final todo dependerá de Carrasquilla y la forma en la que aplicará su teorema.
