Gilma Jiménez, una notable parlamentaria que murió dando la batalla hasta el final por una causa en la cual creía: la de cadena perpetua para violadores, dejó el legado en su hija que ahora asume la lucha en carne propia.
¿Se debe guardar de por vida a aquellos que cometieron semejante atrocidad de abusar de una niña o un niño, inclusive con asesinatos posteriores a la violación? Quienes hablan desde lo políticamente correcto dicen que no, que la política punitiva no ha resuelto nunca estos problemas y que los violadores en muchos casos son seres no conscientes de su maldad.
Puede ser cierto, pero tampoco una política criminal laxa ha resuelto ningún problema, entre otras razones porque no se acompaña de medidas eficaces de prevención de este delito, ni de formación de mejores seres humanos. Entonces si no se hace ni lo uno ni lo otro, quedamos en el peor de los escenarios, las víctimas desprotegidas y los victimarios protegidos por un manto de impunidad.
En Colombia la impunidad es la regla para cualquier delito siempre que se tengan recursos o poder para torcerle el cuello a la justicia. Veamos a Uribito que está logrando que se legisle en carne propia, o los expresidentes y excandidatos a la presidencia que van a pasar de agache en la inmunda corrupción de Odebrecht. Pero cosa muy distinta es cuando se trata de la violación a un menor, porque es toda una vida lo que se destruye, escondidos en la vulnerabilidad de esa personita que no logra encontrar la voz para denunciar, ni puede dar un alarido pidiendo auxilio.
Para el caso esta semana denunció una de las periodistas más reconocidas de Colombia que había sufrido abuso cuando era una niña, en manos de un tío. Y le costó casi toda una vida para atreverse a hacer público este crimen. Mientras tanto el asqueroso tío vivió tranquilo, quien sabe si abusando de otras menores, o simplemente regodeándose de lo que le había hecho a su sobrina.
De manera que a quien hay que proteger es a las víctimas o a las posibles nuevas víctimas de un abusador de menores que está libre. Si paga una pena corta volverá a cometer los mismos abusos porque está en su ADN hacerlo y la sociedad no habrá hecho nada para remediar este crimen atroz.
Dice Yesid Reyes en su columna de esta semana en El Espectador que a nivel internacional hay “documentos en los que se prohíben las penas crueles, inhumanas o degradantes. Este último instrumento internacional, ratificado por Colombia en 1968, dice que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados””. Y si eso es cierto pues tendríamos que cerrar todas las penitenciarías del país donde se está muy, pero muy, lejos de la readaptación y los tratos dignos y humanos.
“En los países donde hay cadena perpetua, se fija un plazo (entre 10 y 20 años)
para que los jueces revisen si es razonable o no mantenerla
respecto del condenado”
También asegura que “por ello que, en los países donde existe la cadena perpetua, se fija un plazo (que varía entre los 10 y los 20 años) para que los jueces revisen si es razonable o no mantenerla respecto del condenado; esto pone de presente que incluso en esas legislaciones penales se asume que, si el sentenciado da muestras de poder reintegrarse a la comunidad, la prisión deja de tener sentido respecto de él”. Pues hagamos esto, permitamos la revisión de la cadena perpetua y si hay pruebas de resocialización que se considere la libertad condicionada o un régimen de semiprivación de la libertad.
Pero como aquí no hay ni una cosa, ni otra, para mí que quien viole o abuse de un o una menor que se pudra en la cárcel o en un centro de reclusión para enfermos mentales. Por eso digo que sí firmo la propuesta de la hija de Gilma Jiménez, por su memoria y por la justeza de su causa.
