En materia legislativa los medios de comunicación y, en general, las personas del común se encuentran hablando por estos días del trámite y discusión de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del Plan Nacional de Desarrollo. Este último con sus posibles impactos, principalmente, en los ámbitos sociales, culturales y económicos. Por ello, en el Congreso de la República han pasado casi silenciosos y desapercibidos los proyectos de ley que tienen relación directa con la educación y que pueden afectar a miles de estudiantes y miembros interesados en este tema. Situación que debe preocuparnos, ya que cualquier modificación a la columna vertebral del sistema educativo debería ocupar las primeras páginas de los periódicos y llamar la atención de la opinión pública, pues la educación no solo es la cartera con mayor rubro económico del gobierno nacional, sino, además, el motor que puede transformar a Colombia, llevándolo a un progreso inimaginable en todos sus frentes.
Actualmente, el órgano legislativo se encuentra tramitando más de 100 propuestas normativas referentes a la educación preescolar, básica, media y superior. Entre esa inflación de proposiciones, podemos clasificar tres tipos de proyectos, a saber:
a) Los interesantes y que valen la pena ser discutidos y ser fortalecidos en aras de convertirlos en leyes.
b) Los que generan distracción en los verdaderos problemas del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
c) Los que intentan devolvernos a discusiones ya superadas al imponer el enfoque conductista y la represión como elementos centrales de la educación.
Así las cosas, para el primer caso (proyectos interesantes y de resaltar) se encuentra el caso del PL 144 de 2018 de Senado, presentado por los representantes a la Cámara Juanita Goebertus y José Daniel López, quienes, en cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos entre el Estado colombiano y las Farc, proponen reglamentar el transporte escolar en regiones apartadas del país para que esos territorios, ante la imposibilidad de la prestación del servicio por parte de empresas de servicio público, puedan realizar excepciones y hacer uso de medios motorizados y no motorizados de acuerdo con las características y necesidades propias de su población estudiantil.
Entre las propuestas del segundo nivel se encuentran la creación de cátedras, muy populares por estas épocas, ya que ante cualquier escándalo o evento social de gran impacto se propone la enseñanza de un tema particular para las instituciones educativas, creyendo ingenuamente que una asignatura de manera “mágica” podrá cambiar el pensamiento y el razonamiento de un niño, niña o adolescente. Para citar ejemplos de estas, se pueden hallar las cátedras de innovación y emprendimiento (autores: Milla Patricia Romero y Álvaro Uribe); urbanidad y civismo (autores: Álvaro Uribe y otros); anticorrupción (autores: Fabio Arroyave y otros); y prevención a la Juventud (autor: Eduardo Pulgar), entre otros.
En esta categoría, sin lugar a dudas, el Congreso de la República muestra una gran carencia de razonamiento, y sí una desbordada pasión populista. Con esto, nuestros legisladores desconocen la finalidad de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el rol del docente, pues por un lado invaden la órbita de autonomía curricular que tienen las instituciones educativas (y que les faculta para establecer un 20% de áreas obligatorias en su plan de estudios), lo que conlleva a que los estudiantes no relacionen transversalmente el conocimiento con las áreas obligatorias, y, por otro lado, impondría una carga innecesaria al profesor, quien tendría que planear su clase para un tema en particular (sin información clara y concisa), y no una con los temas continuos y articulados que le permita al niño comprender la importancia de la educación que recibe.
En el último caso, y tal vez el más preocupante, se encuentran los proyectos que pretender desconocer las realidades sociales y las dinámicas propias del territorio y de la educación. Son aquellas propuestas que por su naturaleza pretenden regresarnos 30 o más años atrás, al no solo invadir la autonomía del individuo, sino, también, al centrarse en la prohibición, la represión o la sanción como fuente de solución de todos los problemas. Entre esta categoría se encuentra el PL 099 de 2018 de Cámara, presentado por los Representantes a la Cámara Rodrigo Rojas, Silvio Carrasquilla y Carlos Bonilla, el cual “prohíbe el ingreso de dispositivos de telefonía móvil a los establecimientos educativos del país a estudiantes de los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria y se restringe su uso en las aulas” (página secretaría general de la Cámara de Representantes). Fue presentado el pasado 21 de agosto, y parecería de esas propuestas de mal gusto o “macondianas”, pero ¡no!, a la fecha ha cursado dos debates y le restan dos (en comisión y plenaria de Senado) para pasar a sanción presidencial.
Dentro del discurso del objeto de la propuesta se halla el “brindar herramientas de protección para garantizar entornos seguros de aprendizaje para los estudiantes de los niveles de preescolar, básica y media (…)” (Gaceta del Congreso No. 976 de 2018). ¿Acaso la seguridad en el aprendizaje me la ofrece la prohibición de los objetos tecnológicos que podrían ser una herramienta útil de innovación educativa?
Y ni hablar de las “perlas” de propuestas como el PL 312 de 2019 de Cámara (autores: Alejandro Corrales y Edward Rodríguez, mediante el cual se buscaba limitar la libertad de cátedra (establecer prohibiciones “comportamentales”), y el PL 129 de 2018 de Senado (autores: Ana Paola Agudelo y otros) que no solo buscaba prohibir el uso del celular en las aulas de clases, sino, también, los dispositivos tecnológicos (como las tabletas), con la finalidad de “desincentivar el uso ocioso y sin supervisión de las tecnologías de la información”. Enhorabuena estos proyectos fueron retirados.
Hasta aquí, propongo que la discusión pueda girar en torno a si queremos una legislación que imponga su visión restrictiva, punitiva o conservadora de la sociedad o avanzamos hacia una normativa que garantice la creatividad, la innovación, la libertad y la calidad de la educación.
Una de las personas que más conocen del tema educativo en Colombia es el maestro Julián de Zubiría, quien señala que esta solución que propone el Congreso de la República es “como el marido que vende el sofá en el que le fue infiel su esposa” y propone regular la tecnología para “poder aprovecharla en beneficio de todos” (Columna Semana - 29 de enero de 2019).
Sin embargo, existen dos argumentos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar a fondo esta propuesta de prohibir los celulares, a saber:
Desde el ámbito disciplinario: Viola el principio de autonomía escolar consagrado en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, el cual faculta a las instituciones educativas a establecer un manual de convivencia que contenga los derechos y deberes.
Este principio ha sido una gran conquista del movimiento educativo de la década de los 80´ y principios de los 90´, y no puede omitirse o desconocerse, pues las normas que se estipulen en un colegio serán el resultado del consenso de la comunidad educativa y bajo el entendimiento del contexto en el cual se desarrollan o aplican.
En razón de lo anterior, consagrar taxativamente prohibiciones a algunos miembros que intervienen en el sistema educativo es usurpar las funciones de los establecimientos educativos en cuanto a su regulación interna que debe ordenarse en un manual de convivencia, de acuerdo con el contexto y la participación democrática, esto último reglamentado por el literal c) del artículo 13 de la Ley 115 de 1994, que indica:
“Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:(…) c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad”.
Desde el ámbito pedagógico: Prohibir el uso de celulares para docentes y alumnos desconoce una realidad clara en el uso y goce de las nuevas tecnologías que marca el derrotero en las nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje.
Un docente puede hacer uso de un dispositivo móvil para explicar a sus educandos la forma correcta de utilizarlo, incluyendo los momentos idóneos o adecuados para ello. Prohibir llevar o usar celulares a una institución educativa, especialmente en un aula de clase, es una limitación al acceso de la información que afecta el libre desarrollo de la personalidad, pues, entre otras cosas, se ve menoscaba la innovación y la creatividad que puede traer la tecnología desde pequeños.
Para muchas personas el panorama con este tipo de proyectos no parece desolador, es más, se encuentran de acuerdo con este tipo de iniciativas o medidas, lo cual me conlleva a pensar irremediablemente que su educación les limitó la creatividad y los condenó a solo conocer la prohibición y el castigo como formas de solucionar los problemas.
Ante este panorama, urge que las personas interesadas en la educación, especialmente el movimiento de profesores, se pronuncien insistentemente en contra de este tipo de propuestas, pues además de que nos conllevan a un tipo de sociedad ya superada, nos condena a la distracción de las verdaderas necesidades que requiere superar el sistema educativo.
