Hace un par de semanas se aprobó en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del cual, durante el tránsito por Senado y Cámara de Representantes, se pudo eliminar varias disposiciones que hubieran afectado en cierta medida el medio ambiente; un ejemplo fue las llamadas “licencias exprés” que expide la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) para la explotación de minería en el territorio nacional.
Las fuentes hídricas que fueron protegidas por la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) en donde se prohibió la minería y exploración de hidrocarburos en nuestros páramos, hoy están en peligro con lo conciliado en el PND que está por ser sancionado por el presidente Juan Manuel Santos; sin contar con los vicios de procedimiento que pueden llegar a afectar la constitucionalidad del mismo, pero eso es otro tema.
En el PND aprobado se prohibió la exploración o explotación de recursos no renovables. Lamentablemente, se dejó una puerta abierta para las personas –empresas- que les haya sido otorgada la licencia ambiental o contrato con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las actividades de minería y, con anterioridad al 16 de junio de 2011 para actividades de hidrocarburos. Es lamentable porque el país, como miembro de la ONU, adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (UNFCCC en sus siglas en inglés), además de integrar La Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés) quien es la máxima autoridad en la UNFCCC. Colombia ha adquirido unas obligaciones internacionales en materia de medio ambiente, protección de fuentes hídricas y cambio climático, pero parece que eso poco importa al gobierno Santos, y su afán es buscar recursos que mantengan su burocracia, aun a costa del medio ambiente.
Así, en el 2014, durante su campaña de reelección, el candidato-presidente firmó un acta ante un grupo de ambientalistas en la cual se comprometía a proteger los páramos y excluirlos de la Locomotora Minera. Algunos dirán que lo aprobado en el PND 2014-2018 es coherente por cuanto es un derecho adquirido de los privados a explotar la zona en licencia. Lo que no dice el gobierno Santos es que en materia ambiental no hay tales derechos adquiridos porque las licencias otorgadas quedan subordinadas al interés público, léase medio ambiente. Con eso se esperaba que en su segundo gobierno Santos no solo cumpliera a fortiori su compromiso con los Estados parte de la UNFCCC, sino también con los grupos ambientales y la sociedad en general.
Con todo, la “coherencia” demostrada por Santos I y lo que lleva Santos II es más bien la improvisación que ha caracterizado a este gobierno, que en su afán de tener a todo el mundo contento, falla en asumir sus compromisos de campaña y los que el Estado colombiano ha asumido desde hace años en materia medio ambiental. La última carta que tenemos como sociedad, es que el presidente Santos objete por inconstitucional el PND; lo triste, es que no será por coherencia sino por su afán de mantener a todos felices diciendo una cosa y haciendo otra.
@Jei_Infante
