Los objetivos de la privatización de las pensiones en el mundo han sido, entre otros, ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia basada en la competencia y mejorar los montos de pensión, gracias a las rentabilidades. Sin embargo, los resultados no han sido alentadores y muestra de ello es el hecho de que de los países que privatizaron las pensiones, el 60% ha regresado al sistema o régimen público.
El primer país en privatizar las pensiones en globo fue Chile en 1981. Posteriormente, en los años noventa, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) les insistieron a los países para que realizaran el mismo ejercicio: Perú lo hizo en 1993; Argentina, en 1994; Colombia, en 1994 (con la famosa Ley 100); Uruguay, en 1996; el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela, en 1997; México hizo la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1997 y la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2007; El Salvador, en 1998; Nicaragua, en el 2000; Costa Rica y Ecuador, en 2001; República Dominicana, en 2003 y Panamá, en 2008.
Algunos otros países de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética sucumbieron ante los teóricos beneficios de la privatización pensional, entre ellos: Hungría y Kazajstán, en 1998; Croacia y Polonia, en 1999; Letonia, en 2001; Bulgaria, Estonia y Federación de Rusia, en 2002; Lituania y Rumania, en 2004; Eslovaquia, en 2005; Macedonia, en 2006; República Checa, en 2013 y Armenia, en 2014.
Por otro lado, solo dos países africanos privatizaron su sistema público pensional: Nigeria, en 2004 y Ghana, en 2010.
Pues bien, ¿qué resultados se han tenido hasta el momento?
1. Las tasas de cobertura se estancaron o se redujeron, no hubo ningún caso en donde se haya incrementado la cobertura. En Argentina, por ejemplo, el porcentaje de cobertura pasó del 46% al 35%; en México, del 37% al 30%; y en Colombia se estancó en el 28%.
2. Aumentó la desigualdad de género. Las mujeres ganan menos que los hombres y cotizan menos que ellos, con lo cual sus capitales individuales son bajos, lo que determina una pensión reducida en el futuro o el no acceso a la misma.
3. El nivel de beneficios se deterioró. Por ejemplo, en Bolivia la tasa de reemplazo en promedio está en el 20% y en Polonia cayó del 67% al 40%.
4. Son altos los costos de pasar de un régimen público a uno privado (costos de transición). Es decir, el Estado debe garantizar los beneficios. Los modelos para calcular los costos fueron subvalorados, con lo cual las presiones fiscales se incrementaron. Por ejemplo, en Argentina la estimación fue de 0,2% del PIB y en la realidad corresponde al 3,6% del PIB; y en Chile, al 4,7% del PIB después de 30 años de la reforma (or ende, el Estado chileno ha debido intervenir para mitigar y mejorar las reducidas pensiones que se otorgan).
5. Los costos administrativos se incrementaron, con lo cual el sector financiero se ha visto beneficiado. Para una persona que cotiza durante 40 años, el gasto o costo administrativo es del 39% en Letonia; 31%, en Estonia y del 20%, en Bulgaria. Gastos o costos por: admiración, gestión de inversiones, custodia de títulos, garantías, auditorias, gastos jurídicos y demás.
6. El riesgo del mercado financiero y demográfico es transferido a los cotizantes. Si la economía va mal, si el desempleo se incrementa, si la longevidad aumenta o si el mercado financiero se desploma, todo es responsabilidad del individuo. En la crisis financiera de Argentina en 2001 y 2002 se generó una disminución del 44% en el valor de los fondos de pensiones; y en Perú se perdió el 50% en 2008, con ocasión del problema de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos.
7. Se desdibujó el diálogo social. Se supone que las decisiones y las normas se construyen con tres actores (Estado, empresarios y trabajadores), pero no se dio de esta manera, se aprobaron normas por recomendación del sector financiero.
Con base en lo anterior, de los 30 países que un momento tomaron la opción de privatizar las pensiones, 18 regresaron al sistema público. Ellos fueron: la República Bolivariana de Venezuela, en 2000; Ecuador, en 2002; Nicaragua, en 2005; Bulgaria, en 2007; Argentina y Eslovaquia, en 2008; Estonia, Letonia, Lituania y el Estado Plurinacional de Bolivia, en 2009; Hungría, en 2010; Croacia, Macedonia y Polonia, en 2011; Federación de Rusia, en 2012; Kazajstán, en 2013; República Checa, en 2016 y Rumania, en 2017 (Informes Organización Internacional del Trabajo OIT - 2019).
