A pesar de que la firma española Sacyr, reconocida mundialmente por haber incumplido el contrato de ampliación del Canal de Panamá, razón por la cual el país vecino los castigó y los quiere sacar de su territorio, ellos ahora insisten en regresar a Colombia. Sus antecedentes en Colombia no son buenos: incurrieron en serias irregularidades en la construcción de la costosa vía entre Tobia, Grande y Puerto Salgar, acción que desencadenó un pleito por más de siete años, un largo proceso que al final le dio la razón al Estado colombiano, obligando a Sacyr a pagar una indemnización por $230 mil millones. Así mismo, esta compañía también fue obligada a retirarse por incumplimiento del proyecto de la rehabilitación de la línea férrea del Pacífico adjudicado en 1998. Pero los españoles no se dan por vencidos y descaradamente quieren seguir jugando dentro de las nuevas licitaciones que se están abriendo en el país.
El lío con el Canal de Panamá tenía muchos ceros a la derecha en juego: se trataba de un contrato cuyo monto ascendía a los 10 billones de pesos y tal vez, en este nuevo siglo, era la megaobra estratégica más importante para ese país.
Por el anterior historial negro de Sacyr; en Colombia se prendieron las alarmas de Luis Fernando Andrade, director de la Agencia nacional de infraestructura, y de la ministra de transporte Cecilia Álvarez-Correa. El gobierno colombiano desde entonces se comprometió a revisar los términos de las licitaciones en las que ya los españoles están precalificados. Sacyr propuso su nombre para licitar la construcción de los cinco tramos de las denominadas autopistas de la prosperidad. De igual manera las obras de Puerta de Hierro-Cruz del Vizo; Santa Ana-Mocoa-Neiva; Villavicencio-Yopal; la perimetral oriental de Cundinamarca; y los tramos río Magdalena 1 y 2 y conexión Pacífico 2 y 3.
Es decir, estar presentes en cinco de los nueve proyectos de Cuarta Generación (4G), los más ambiciosos en materia de infraestructura vial en la historia de Colombia.
Infografía por: El Colombiano
Mientras tanto, los españoles andan buscando a toda costa que Panamá les reajuste el contrato de ampliación del Canal en 1600 millones de dólares, argumentando que las condiciones geológicas que encontraron son distintas a las que fueron descritas en el momento de abrir la licitación. Son ya 9 meses que la obra lleva de retraso con unas consecuencias mayúsculas para ese país. En el último comunicado le advierten al Presidente Ricardo Martinelli que: “Si Panamá no acepta nuestras propuestas, no tendrá su nuevo canal”. Esta semana se finalizó el plazo, pero panameños y españoles no pudieron llegar a un acuerdo y los trabajos quedaron suspendidos dejando como consecuencia la caída del 7% de la acción de la firma Sacyr en la Bolsa y el anunció de despedir a mil trabajadores de su planta.
En España, Sacyr también está inmersa en una aguda polémica. En la ciudad de Murcia incumplió con los trabajos para la remodelación del aeropuerto de esa ciudad y en Sevilla, en el 2010, la constructora fue acusada por el gobierno municipal de incumplir con la remodelación de la plaza de la Encarnación. A esto se suma la presión de quienes critican la posibilidad de que la empresa reciba financiación pública del gobierno español, a fin de que pueda cumplir con sus accidentados compromisos internacionales. Una propuesta que no fue bien recibida en el país ibérico.
Además dos expresidentes de esta firma, los ejecutivos Luis del Rivero y José Manuel Loureda, resultaron implicados en un caso de lavado de activos en España. Los altos exdirectivos aparecieron con cuentas ocultas en paraísos fiscales en Suiza, según informó el periodo El Mundo de España, con base en información entregada por el gobierno Suizo en el marco de la investigación por el más grande escándalo de corrupción en ese país conocido como ‘El caso Gürtel’.
