En el tema de salud se aproximan las visiones y abordajes del problema en Colombia entre Iván Duque, Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, dado que consideran necesario reformar, limitar y controlar más rigurosamente el estado actual de funcionamiento de las EPS para que cumplan efectivamente lo establecido constitucionalmente.
Las propuestas de Vargas Lleras y de Iván Duque en este tema asociados al mejoramiento y equiparamiento del sistema de salud para todos y de atención integral para todos, que incluye mejora en la calidad de los servicios, realmente no consulta la realidad del sistema que tiene que ver con la intermediación privada que actores particulares ejercen como medio para la acumulación de ganancias a través de una serie de prácticas que cercenan el derecho fundamental de acceso y calidad al servicio de salud de los más vulnerables.
No se observa por lo menos en las propuestas de Iván Duque y Vargas Lleras cómo se logrará restituir el derecho humano fundamental o servicio público regulado por el Estado para que la gente pueda acceder a un sistema de salud digno que garantice una mayor esperanza de vida en el marco de un modelo de atención preventivo e integral que propenda por la preservación de la vida, el bienestar de las personas y una mejor calidad de vida. Es decir, la fórmula de intervención de estos candidatos en la materia no contempla la remoción estructural de lo que es en la actualidad el sistema de seguridad social en Colombia, una mercancía degradada que indignifica la existencia de numerosas personas en el país.
Por su parte Gustavo Petro propone un modelo integral de salud que prioriza la promoción y la prevención, y que mejore la atención y la rehabilitación con enfoque de derechos humanos, intercultural y diferencial, que serán prestados por una red público-privada, gestionada por el Estado en los niveles nacional y territorial con criterios poblacionales, geográficos, socioculturales y epidemiológicos y derogando la Ley 100 de 1993.
La dificultad de esta propuesta se centra en la fuente de recursos que financiaría la gratuidad de salud pública en Colombia, frente a un Estado que acusa recurrentes ciclos de déficit fiscal en sus finanzas del nivel centralizado y que por supuesto los operadores del sector privado de la salud no permitirán tal democratización de la misma, porque equivaldría a afectar la acumulación de capital y por supuesto las tasas de ganancias derivadas de la intermediación que se realiza a través de la contratación en la prestación de los diferentes servicios.
Otra de las dificultades de carácter macroeconómico que amenazan la sostenibilidad del sistema es el crecimiento de la economía informal (desempleo estructural) que no aporta recursos a la salud y pensión y que por lo tanto se puede crear un riesgo de desfinanciación, si la economía no exhibe dinamismo en la contrapartida de crear más empresas legales que constituyen el soporte financiero y de prevalencia del sistema en el tiempo.
Ver: Qué proponen los candidatos en asuntos de seguridad
