Mientras el país se encuentra confinado a causa del COVID-19, en las cárceles colombianas se vive un verdadero infierno, más evidente debido a la situación de pandemia. Los reclusos, agobiados por la cruel situación, se han alzado en protesta constante exigiendo al Estado colombiano la implementación de medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19. Además, familiares de los presos se han ubicado a las afueras de estos centros penitenciarios reclamando mejores condiciones para sus seres queridos.
Ha pasado desapercibido ante la opinión pública un hecho que se registró el pasado 21 de marzo en la cárcel La Modelo de Bogotá. Mientras la ciudad se alistaba para un aislamiento obligatorio, los disparos y gritos retumbaban al interior de uno de los centros penitenciarios más conocidos del país. Los acontecimientos que sucedían al interior eran desconocidos.
Por un lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación Lazos de Dignidad, anunciaban por sus redes sociales que al interior del centro penitenciario se desarrollaba una protesta de la población carcelaria exigiendo al gobierno medidas sanitarias para enfrentar la pandemia.
Por otro lado, la institucionalidad informaba por sus canales oficiales que lo que ocurría al interior de la cárcel era un intento de amotinamiento y que por ende se desplegaría toda la fuerza de las autoridades para contener lo que ellos llamaron un “acto masivo de fuga”. Así mismo, señaló la ministra de justicia, Margarita Cabello, que el plan de fuga estaba concebido por el ELN y que en simultánea se estaban preparando amotinamientos en otras cárceles del país.
Pasadas las horas y silenciado el centro carcelario, empezó a circular por redes sociales un video en el que se observaban personas privadas de la libertad con graves heridas y otras en el suelo. Quien hace la grabación señala que las personas que se encuentran tendidas yacen muertas.
Con el propósito de saber lo que sucedió al interior de la cárcel La Modelo, decidí ponerme en contacto con una reconocida organización que hace veeduría constante a las políticas carcelarias y que durante varios años ha asumido la defensa jurídica de lo que llama “prisioneros políticos del régimen”: Fundación Lazos de Dignidad.
Por medio de su presidente, el señor Gustavo Gallardo, la fundación ha señalado lo ocurrido de la siguiente manera: “En la cárcel La Modelo fueron asesinados más de veinte reclusos por parte del personal del Inpec, cuando estos adelantaban un cacerolazo pidiendo mejores condiciones de salubridad, ya que por el hacinamiento se corría el riesgo de que el contagio por COVID-19 se propagará”.
Muy distante y en contraposición de la versión otorgada por prisioneros y las organizaciones defensora de derechos humanos, el director general del Inpec (Norberto Mujica) y la ministra de Justicia (Margarita Cabello) por medio de un video anunciaron que debido a la rápida acción del personal de guardia y al apoyo de la policía nacional se logró contener el intento de fuga, dejando como resultado más de veinte personas muertas.
Tras esto, sin duda surgen interrogantes como: ¿puede la guardia carcelaria disparar contra las personas que se encuentran amotinadas?Consultamos con la abogada Emily Avendaño, experta en asuntos carcelario, y esto fue lo que nos respondió: “Sobre el caso de la cárcel La Modelo, el Inpec se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, su accionar va en contra del Decreto 407 de 1994, que es el que establece los deberes de la guardia carcelaria con la población reclusa. El uso de armas letales por parte del personal del Inpec solo se debe usar cuando hay capacidad de fuego por parte del personal carcelario. Por tal motivo lo sucedido en La Modelo fue una violación tajante a los derechos humanos”.
Sea como sea, de lo que sí estamos seguros es de que estamos ante una novela jurídica, pues la Fundación Lazos radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el director general del Inpec y contra la ministra de Justicia, según manifiesta Gallardo, “para que respondan por lo que ocurrió en La Modelo y además porque no han adoptado las medidas necesarias para evitar poner en riesgo a la población reclusa y permitir la propagación del COVID-19”. Estaremos atentos a la respuesta que pueda dar el ente de control sobre este hecho.
Mientras la justicia define si fue o no fue extralimitación de las autoridades carcelarias sobre la muerte de estas personas, lo que sí es cierto es que los centros de reclusión se encuentran en pésimas condiciones debido al hacinamiento. Y esta situación ha sido caldo de cultivo para la propagación del COVID-19. Para no ir tan lejos, tenemos el ejemplo de la cárcel de Villavicencio en donde ya se registran más de 800 casos de COVID-19.
