Como todos los escándalos recientes, el país se ha ido olvidando que Darío Arizmendi, Alberto Carrasquilla, Clara López, Roberto Hinestrosa, Alfredo Lewin (miembro de la comisión de expertos para la reforma tributaria), entre otros, fueron mencionados en los famosos ‘Panama Papers’, por tener empresas radicadas en paraísos fiscales. Recordemos que frente a las pruebas todos respondieron con el mismo libreto: ninguna empresa estaba activa. Lo mismo respondió el presidente de Argentina Mauricio Macri. Sin embargo, una investigación periodística de Página 12 determinó que Fleg Trading, que salió en el escándalo, estaba vinculada con Pago Fácil, del grupo Macri, y seguía activa.
Es cierto que la Dian y el Ministerio de Hacienda están investigando a cerca de 1190 personas y 1200 empresas, pero el problema más importante no es los que pillaron sino los que siguen escondidos.
Según Juan Ricardo Ortega son unos USD 100 000 millones de riqueza nacional fugados en paraísos fiscales. Un estudio de Global Financial Integrity, con sede en Washington, estima que USD 1,1 billones (millones de millones de dólares) se evaden anualmente de países de ingreso medio y bajo sin pagar impuestos.
En una capacitación sobre flujos financieros ilícitos, en la que participé en Argentina con el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Oficina Anticorrupción, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, se discutió la situación actual de la opacidad financiera y qué hacer para descubrir a las personas que se benefician realmente de las cientos de miles de sociedades anónimas y cuentas creadas en los paraísos fiscales.
Mi conclusión es que el aspecto más importante es la ausencia de voluntad política de los gobiernos para perseguir a los evasores, porque no se dota a las instituciones de los recursos humanos, financieros y tecnológicos para esto.
En Colombia se usa la falsa facturación
para —por ejemplo— comprar buldóceres desde EE.UU.
a USD 1,74 por unidad.
En Panamá el 719 % del total del comercio utiliza mecanismos de facturación falsa para mover capitales, afectando a productores y trabajadores que reciben sus importaciones a menores precios. En Colombia también se usa la falsa facturación para —por ejemplo— comprar buldóceres desde EE.UU. a USD 1,74 por unidad.
Poco o nada se está haciendo en Colombia para evitar esta conocida situación. El presidente Santos se ha negado sistemáticamente a declarar a Panamá como paraíso fiscal. El famoso acuerdo de intercambio automático de información se dará en 2018 y aun así será inocuo porque depende de lo que el gobierno pida específicamente y de la información que ellos quieran suministrar.
Un camino alternativo e inicial que puede ayudar a resolver de fondo el problema es adoptar medidas serias para garantizar la transparencia en la información, como: i) conocer los nombres de los dueños de las empresas nacionales o extranjeras, es decir, los beneficiarios finales, ii) saber los precios a los que se realizan las transacciones comerciales y iii) conocer la ruta por donde pasan.
Este sería un buen comienzo para combatir la altísima evasión, que esconde recursos que podrían servir para financiar las necesidades sociales y productivas del país, en lugar de proponer más aumentos del IVA.
Twitter: @mariovalencia01
