Era el 12 de febrero del 2012, en el parque Tercer Milenio se encontraban congregados alrededor de 1500 voluntarios, pertenecientes a las instituciones de Defensa CIvil, Bomberos y Cruz Roja. No era un desastre o una emergencia de gran magnitud el motivo por el cual se congregaba a todo este personal, que además contó con la presencia del presidente de la república Juan Manuel Santos, quien no estaba en este sitio para hacer una declaratoria de desastre ni de calamidad.
En efecto, el motivo por el cual existió tal congregación de voluntarios y la presencia del máximo jefe del estado colombiano fue la promulgación de la Ley 1505, la cual crea el subsistema nacional de voluntariado de primera respuesta a desastres y emergencias.
Dicha ley brinda estímulos y beneficios a sus integrantes en temas de educación, salud y vivienda, como también facilidad de apoyo logístico, capacitación y dotación de elementos para el personal. Esto con el fin de dar herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional, que con su labor construye la esperanza de seguir viviendo de muchos otros miles de ciudadanos.
Han transcurrido ya cerca de 5 años desde que se promulgó la ley, y hasta el día de hoy ninguno de los integrantes que integran el subsistema nacional del voluntariado ha accedido a los estímulos que se contemplan en dicha ley.
Por más increíble que parezca, se puede evidenciar la falta de voluntad por parte de los jefes de los ministerios de Vivienda, del Interior y Salud, ya que hasta la fecha se han enviado derechos de petición, citaciones a reuniones y la respuesta suele ser siempre estamos en estudios, o en el peor de los casos ninguna respuesta se da.
Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional se pronunció respecto a el cumplimiento del articulo 6 de la ley en mención, donde refiere que no se requiere de ninguna regulación especial, ya que según la Constitución los centros de educación superior y las instituciones para el fomento y desarrollo del trabajo son autónomas, en cumplimiento de sus estatutos. Asimismo, sugiere a los rectores y juntas directivas de estas instituciones a contemplar el perfil del voluntario para que acceda a beneficios en materia de educación como lo contempla la ley.
Ante tal incumplimiento por parte del Estado, salvo el Ministerio de Educación, anexando la negligencia de los rectores y directivos de centros educativos, ¿qué pasaría si los integrantes de este subsistema protestaran por sus derechos?
¿Quién rescataría a las personas?, ¿quién apagaría los incendios?, ¿quién atendería los accidentes vehiculares?, ¿quién rescataría las personas extraviadas quien ayudaría a recomponer el tejido social del estado?, ¿quién brindará la mano de obra que se requiere para prestar los primeros auxilios a los lesionados?
Si no existiera un voluntariado organizado y con buena dotación de elementos de rescate y atención pre hospitalaria, ¿quién habría atendido el deslizamiento en Salgar (Antioquia) o el colapso del edificio Space, o la tragedia en Mocoa, como en otros tantos de municipios?
Ya ad portas de culminar el segundo período electoral del presidente Juan Manuel Santos, ¿lo hará con la falsa promesa de hacer cumplir la Ley 1505, la cual al principio de su primer periodo electoral sancionó?
