Para nadie es un secreto que con cualquiera de los dos candidatos que disputarán la presidencia el 19 de junio, nuestras instituciones armadas enfrentan un panorama de creciente incertidumbre, que es vital analizar por las profundas y diferentes implicaciones que caracterizan los dos nombres en el tarjetón electoral.
La denominación Fuerzas Armadas abarca al ejército nacional, la fuerza aérea, la armada naval, y particularmente a nuestra Policía Nacional, un cuerpo tal vez único en el mundo en cuanto su modelo reúne facetas de diferentes organizaciones que en otros países cumplen órganos distintos. Un factor singular es que nuestra policía tiene autoridad nacional, a diferencia de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y otros países, donde la policía pertenece a cada ciudad o estado. La nuestra posee la estructura de un cuerpo militar, con grados de oficiales y suboficiales casi exactos a los ejércitos del mundo, pero con capacidades de inteligencia altamente desarrolladas como las del FBI o el Mi5 inglés, al tiempo que desarrolla funciones de policía judicial, fiscal, de aduanas, y otras, entre las que se destaca su renombrada destreza de combate en jungla, que la dejan sin par entre otras policías del orbe.
Si Gustavo Petro llega a la presidencia, la Policía experimentará un terremoto institucional que la cambiaría para siempre. ¿Por qué? Veamos: Petro ha encargado a ese personaje con delirio mesiánico que es Iván Velásquez y a su corporación de papel “Justicia & Democracia”, para que mientras devenga en la JEP, construya un proyecto de ley que sacaría la policía nacional del Ministerio de Defensa y la adscribiría a un nuevo ministerio de seguridad. Es muy previsible que el congreso se entregue fácilmente al presidente y apruebe fácilmente cuanto le lleven. El esquema Petro cambiaría la estructura jerárquica de la institución, redenominando y disminuyendo los rangos y enfatizando en conceptos como “una policía para la convivencia”, “una policía sin la obsesión del enemigo interno” o “una policía que le de prevalencia a los derechos humanos”.
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Si Gustavo Petro llega a la presidencia, la Policía experimentará un terremoto institucional que la cambiaría para siempre
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Lo primero que devela el proyecto es que Petro no aspira solo a 4 años de poder, pues una transformación de esa envergadura, evidencia que quiere un cuerpo armado que responda extradoctrina a largo plazo ante quien detenta el poder. Pero su idea de una policía civil sin influencia castrense, inequívocamente llevará a la sindicalización de la policía, con huelgas, convenciones colectivas, y todo lo que ello trae, incluyendo la inserción ideológica de la izquierda a semejanza de lo que ocurre en Ecopetrol y todas las entidades del estado. La diferencia es que este cuerpo tiene 160 mil integrantes, que rápidamente serían alfiles de la ultraizquierda siglo XXI con asesoría venezolana y cubana. Al esquema de asesoría en defensa y seguridad pronto concurrirían chinos, iraníes y rusos, con lo cual se haría trizas el histórico y eficaz intercambio de capacidades de la actual policía con las fuerzas de investigación de EE. UU. y la mayoría de democracias occidentales. Si Petro es presidente, transformar la policía será prioritario y desde ya debemos prepararnos para ver cómo se incorporan a la “nueva policía” los futuros desmovilizados del ELN y los que siguen en narcotráfico de las FARC.
En contraste, si el presidente elegido fuera Rodolfo Hernández, la Policía sería robustecida institucionalmente, incluso con sustanciales incrementos salariales para patrulleros y suboficiales, pero sin cambios en su estructura actual. Eso sí, el presupuesto sería rigurosamente vigilado, detalladamente ejecutado, y es muy probable que civiles de la confianza del presidente entren a formar parte de las decisiones gerenciales y administrativas en los comités de compras. Una reforma de iniciativa presidencial podría incluir que el inspector general pudiera ser un civil designado por el presidente de la república y se crearía una gerencia administrativa y financiera en la que también se pudiera designar alguien externo a la institución. Del mismo modo, se facilitaría el ingreso a esa fuerza mediante filtros que definan idoneidad individual para engrosar las filas, por encima de la odiosa práctica que solo facilita ingresar a quien personalmente pueda asumir los 15 millones que vale hacerse patrullero para incorporarse a una fuerza policial que, tal como está, ya goza de gran prestigio internacional y solo requiere cuidadosos ajustes para optimizar sus ya altas prestaciones.
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Si el presidente elegido fuera Rodolfo Hernández, la Policía sería robustecida institucionalmente
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En el caso de nuestras Fuerzas Militares el tema no es menos complejo. Colombia tiene una larga tradición militar, con gran reconocimiento en lucha contrainsurgente y antiterrorista que ha permitido un ejercicio constante de mejoramiento de capacidades direccionadas hacia la posibilidad teórica de una agresión externa, mientras se procede con éxito en la supresión militar de diversos factores armados con alta capacidad ofensiva y terrorista, que operan en el frente interno.
Es necesario resaltar que las inmensas utilidades del narcotráfico posibilitaron que en Colombia las fuerzas paramilitares de izquierda insurgente y las de autodefensa rural, terminaran degenerando en organizaciones armadas uniformadas, que se transformaron en vulgares escuadrones de protección de cultivos ilícitos bajo el mando de millonarios señores de guerra que, parapetados en pretextos ideológicos, se alzaron contra el estado en una combinación de confrontación armada y persuasión mediante el ejercicio de corromper sistemáticamente las instancias institucionales.
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Hernández y Petro confluyen en la necesidad de enfrentar al narcotráfico mediante la legalización, pero las maneras de ambos divergen
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Curiosamente, frente a este punto, Hernández y Petro confluyen en la necesidad de enfrentar al narcotráfico mediante la legalización, pero las maneras de ambos divergen de polo a polo. Veamos…
El tráfico de drogas es el factor transversal en el desempeño diario de la policía y las Fuerzas Militares colombianas. Los Estados Unidos, hoy consciente de su papel como el mayor mercado para este producto, y bajo la doctrina de “guerra a las drogas” lanzada en 1971 durante la administración Nixon, ha venido colaborando con suministros de inteligencia, armamento, equipamiento tecnológico y militar, e incluso efectivos humanos que han preparado y entrenado a nuestras fuerzas en la atípica y violenta confrontación contra el tráfico de estupefacientes.
Las Fuerzas Militares colombianas inmersas por décadas en la lucha contrainsurgente, sin descuidar su equipamiento y entrenamiento para la protección de la soberanía territorial, fueron introducidas a ese tercer escenario de lucha contra las drogas en un papel principal, a partir del fuerte componente económico y de cooperación que empezara en la administración Pastrana con la adopción colombo-americana del Plan Colombia, que proporcionó miles de millones de dólares para enfatizar la lucha contra las drogas en el territorio de origen de la producción.
La llegada al poder de Hugo Chávez Frías, produjo un reacomodamiento doctrinario en nuestras fuerzas militares, pues en la guerra contra el narcotráfico fue necesario incluir el viraje que ya venían haciendo las bandas subversivas hacia el rentable negocio del narcotráfico, pero ahora contando con la protección política, económica y el respaldo militar de un vecino que poco a poco se fue descarando, hasta llegar a lo de hoy, cuando ya el régimen venezolano auspicia abiertamente la presencia de las narco-guerrillas en ese país, al que usan como centro de negocios, de entrenamiento y de asentamiento para su retaguardia en reposo.
Cabe afirmar que la alianza de Chávez y Maduro con las guerrillas colombianas enervó las tensiones entre los dos gobiernos, que antes eran solo limítrofes y las trasladó al terreno de la geopolítica continental al erigirse Venezuela como líder de la izquierda latinoamericana pero dirigida desde bambalinas por el aparato de inteligencia cubano. Esas tensiones nutrieron la desconfianza de Hugo Chávez quien veía la alianza anti-drogas entre Colombia y los Estados Unidos con un gran recelo, hábilmente atizado por los Castro.
Los resquemores del Coronel Chávez, con barril de petróleo a más de 100 dólares, facilitaron su acercamiento a los enemigos históricos de los norteamericanos y comenzó una desproporcionada escalada armamentista que llevó a que durante las últimas dos décadas, Venezuela hiciera compras militares e invirtiera en su sector defensa más de 20.000 millones de dólares, al adquirir aviones de última tecnología, cientos de blindados –incluidos tanques-, modernas baterías de misiles antiaéreos, corbetas misilísticas, , cañones y todo tipo de equipo y armas de origen mayoritariamente ruso, sumados a algunos componentes de China, Irán y España, interesados aliados políticos que se fueron sumando.
En Colombia, el despliegue armamentista venezolano obligó a reforzar capacidades. Con recursos del Plan Colombia y un mejor desempeño fiscal, entre el 2002 y el presente se ha venido construyendo un modesto equipamiento disuasivo: se actualizaron nuestros viejos aviones Kfir con radares y misiles de última generación, se compraron algunos más, usados pero modernizados, adquirimos carros blindados de transporte de tropas para agilizar movilidad operativa, construimos la segunda flota de helicópteros polivalentes de transporte y ataque en el continente, y actualizamos nuestras plataformas armadas en el mar y en los ríos que compartimos con nuestra, ahora amenazante, república hermana.
Por todo lo anterior, ante el panorama electoral surge la pregunta: ¿Qué puede pasar si gana Petro? Pues bien, todo cambiaría también en las Fuerzas Militares Su presidencia nos alejaría del Pentágono en un rápido tránsito de la doctrina OTAN que hoy nos rige, para quedar inmersos en el extraño esquema de cubanos, iraníes, chinos y rusos que se amalgamó en Venezuela. El alejamiento de USA causaría un grave debilitamiento de capacidades, que se explicarían a la nación, por la ausencia de la necesidad de defenderse de un país hermano.
No hay que olvidar que paralelamente a la transformación de la Policía en ese cuerpo “más civil” que quiere Petro, él ha dicho que pretende legalizar los cultivos de marihuana y coca, pero a diferencia del ingeniero, lo haría encabezando una cruzada continental que le serviría para desplegar un nuevo liderazgo latinoamericano, respaldado por los países donde gobiernan bajo su misma ideología.
Mientras que Rodolfo Hernández buscaría ser persuasivo con los norteamericanos, Petro querría avasallarlos con una realidad política continental insuperable. Ese peligroso esquema amenazaría la integridad territorial de Colombia, pues no es un secreto que el chavismo promulga desde sus inicios la integración de una “patria grande” que encontraría en Petro el anverso de una misma moneda.
No se debe perder de vista que el ingeniero también ha hecho fuertes reparos al escenario actual del sector y ha manifestado su inconformidad ante la exorbitante suma de 11.000 millones de dólares para el sector defensa. No obstante, el desglose de las cifras permite identificar que ese valor contiene costos operativos de Policía y Fuerzas Militares, pero sobre todo que gran parte de la abultada cuantía se refiere a la carga pensional que está contenida allí, por una histórica y equivocada manera de no desagregarla.
¿Cómo manejaría el sector defensa y cuál sería el enfoque en seguridad nacional de un eventual gobierno de Rodolfo Hernández?, será tema de análisis en una próxima publicación. Mientras tanto es vital que, de cara a la elección, los colombianos comprendan las inmensas repercusiones y protuberantes diferencias que entraña votar por el uno o por el otro, debido a la honda incidencia de este vital sector estratégico en nuestra seguridad personal y colectiva.
@sergioaraujoc
