Mientras el gobierno se preocupa por lo que sucede en Venezuela, se olvida de un procedimiento que deben hacer los miembros de la Fiscalía General de la Nación. Bajo la justificación de estar investigando la muerte de Jorge Enrique Pizano y de su hijo, se llevaron los discos duros, celulares y demás pruebas que se tenían contra el mismo Fiscal General (sospechoso de haber realizado acciones corruptas con Odebrecht) y el Grupo Aval (para el que ambos trabajaron). Recoger las pruebas digitales junto con el cianuro es una actuación incompatible. La excusa perfecta es que la familia del fallecido las entregó “voluntariamente”, como para justificar el procedimiento abusivo.
No se necesita reflexionar mucho para pensar que esa información en poder de subalternos de uno de los involucrados en la investigación, comoquiera que el mismo Pizano le había confiado hallazgos y se sentía traicionado, tiene la posibilidad latente de ser mal utilizada. Ese riesgo inherente al manejo de las evidencias que puedan surgir del disco duro es supremamente grave porque así el fiscal se declare impedido, sigue siendo el jefe del fiscal o fiscales encargados. Todo se complica, pues de algún modo estos últimos se pueden sentir cohibidos para realizar análisis que conlleven, eventualmente, a causar algún perjuicio en quien tiene la potestad de destituirlos, trasladarlos o asignarles cualquier otro tipo de tarea investigativa.
En un país donde el investigado ejerce supervisión y control sobre sus investigadores se pierde toda la imparcialidad y se afecta la justicia. La permanencia del Fiscal General en su cargo, aunque, él manifieste lo contrario, termina limitando la capacidad de la entidad para llevar investigaciones con integridad. Además, otra arista que le sale al problema consiste en que Néstor Humberto Martínez fue asesor jurídico de Corficolombiana y justo los directivos del grupo económico que la controlan son otros de los que deben dar explicaciones... también quedan dudas.
Como colofón, los fiscales, subalternos de Martínez no entregaron las pruebas en el término de 36 horas, sino cinco días después, cuando ya no se podían recibir para el proceso, haciéndolas inocuas. Eso huele mal, huele a impunidad.
