El asesinato el sábado pasado de 4 ciudadanos y las heridas a 2 mas en un barrio de Cartago tendría que ser la gota que haga rebosar obligándonos a todos a preguntar ¿Qué pasa con nuestra policía? Indepaz nos informa que con estos ya suman 1.429 los asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz entre las Farc y el Gobierno nacional y 24 los muertos en 2023. Cifras escalofriantes que nos deben llenar de indignación y vergüenza y que nos obligan a cuestionar el desempeño de la Policía nacional y de la Fiscalía, instituciones que están resultando poco eficaces a la hora de garantizar la vida de los colombianos y su derecho a obtener pronta y cumplida justicia a las víctimas de estos crímenes. Crímenes que por lo demás tienen un innegable sesgo político, porque la mayoría de los mencionados en esa funesta estadística son exguerrilleros que entregaron las armas y se acogieron a los términos del Acuerdo, defensores medioambientales y de derechos humanos y líderes populares e indígenas. Como lo era Milton Rocha Peña, el líder de 300 familias reclamantes de tierras, asesinado en el municipio de San Sebastián d Buenavista en el departamento del Magdalena el 19 de este mismo mes. O como lo era Marco López Enríquez, miembro del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, exgobernador del resguardo Gran Matallana, concejal de ese municipio de Nariño y muy activo en la campaña electoral en apoyo de la candidatura de Gustavo Petro. Fue asesinado el pasado 12 de febrero.
Ignoro quién son los autores materiales y los instigadores de esta cadena sin fin de asesinatos pero no se me escapa que la común intención política que les anima y que es la de descabezar al vigoroso y heterogéneo movimiento popular. “Muerto el perro se acabó la rabia” piensan muchos de los que, como es bien sabido, se opusieron con uñas y dientes a los mencionados Acuerdos de paz y que no vacilaron en declarar que estaban- y de seguro siguen estando – dispuestos hacerlos “trizas”.
A esta pretensión que hay que oponerse con todos los medios y recursos de la Ley y del Estado tanto por razones de elemental justicia como porque la paz global- el objetivo mayor del presidente Petro- solo podrá alcanzarse el día en el que el ejercicio de los derechos a la organización, la movilización y la protesta pacífica no sea castigado de hecho con la muerte. En este sentido resultan cruciales el papel de la Policía Nacional y de la Fiscalía, que tendrían que esforzarse mucho más de lo que hasta ahora se han esforzado para detener esta sangría, identificando a los culpables de la misma, apresándolos y poniéndolos oportunamente a disposición de los jueces. No me parece nada razonable que ante cada uno de estos delitos emitan una declaración pública en la que atribuyan la autoría de bandas criminales o a enfrentamientos entre narcos, como si con hacerlas fuera suficiente para despejar todas las incógnitas.
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¿Qué ha querido decir el coronel conectado la matanza de Cartago con la captura reciente de “dinamizadores criminales”? ¿Acaso esa categoría existe en el Código penal?
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Entre esas declaraciones creo que merece un lugar destacado la que viene de hacer el coronel de la policía Wilson Román Silva, a propósito de la matanza de Cartago. “Al parecer se trataría de retaliaciones con motivo de operaciones realizadas en los últimos días, en las cuales fueron capturadas 13 personas, las cuales eran dinamizadoras de crímenes en el norte del Valle” afirmó. Soy capaz de entender y aprobar las afirmaciones en modo condicional incluidas en esta declaración. Al fin y al cabo, no se puede acusar públicamente a nadie de un crimen sin pruebas ni dar por sentadas hipótesis sobre la autoría de un crimen que se encuentra en fase preliminar de investigación. Pero ¿qué ha querido decir el coronel conectado la mencionada matanza de Cartago con la captura reciente de “dinamizadores criminales”? ¿Acaso esa categoría existe en el Código penal?
En fin, creo que la situación de orden público en este aspecto es tan crítica que bien merece que se constituya una comisión parlamentaria que evalué la respuesta que han dado a la misma la Fiscalía y la Policía Nacional a lo largo de todos estos años. Y que formule recomendaciones al respecto, entre las que no descartaría la desmilitarización de esta última.
