Si bien es claro y necesario de parte del Gobierno nacional la inclusión de la mencionada obra dentro de las prioridades de desarrollo estratégico nacional, orientado principalmente al mejoramiento de la competitividad nacional, ahorrando 2 horas en el trayecto por carretera desde el norte del país hasta los Llanos Orientales, con un trazado que involucra los siguientes municipios nororientales de Cundinamarca: Sesquilé, Guatavita, Sopó, Guasca, La Calera, Choachí, Ubaque, Fómeque y Cáqueza, (ver diagrama adjunto); es importante resaltar que la zona de influencia del proyecto agrupa a 150.000 habitantes y su área en kilómetros cuadrados es de 2.653. Si bien es absolutamente cierto que se requieren mejores vías para elevar la competitividad y movilidad regional y nacional, también es cierto que se han cometido múltiples desaciertos y errores en todas las etapas de estructuración, contratación y ejecución del proyecto por parte tanto del Contratante (ANI) como del contratista (POB SAS), la mayoría de las cuales las conocen las entidades de control y la interventoría, quienes hasta el momento no se han pronunciado al respecto.
El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo (PDN) 2010- 2014, hace parte de los Pines del PND 2014-2018 y ha recibido la declaración de “Utilidad Pública e Interés Social”, amparada en el art. 19 de la Ley 1682 de 2013.
Primera falla detectada
El acta de inicio del proyecto fue firmada el 22 de diciembre de 2014, y posteriormente, se iniciaron los trámites para la obtención de los requisitos de licenciamiento y permisos a las autorizaciones ambientales pertinentes. Los variados Planes de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) para las Unidades de Funcionamiento (UF 01, 02, 03 y 04, correspondiente como requisito único ambiental al ser actividades de mejoramiento y rehabilitación de tramos) fueron aprobados por la interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mientras que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) (requisitos ambientales obligatorios para la construcción de vías, como el caso de la UF 05), fueron aprobados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quien a partir de estos documentos otorgó la licencia ambiental el 10 de marzo de 2016.
Sobre estas licencias otorgadas por la ANLA, los vecinos de Choachí han interpuesto múltiples acciones jurídicas y administrativas, como por ejemplo la acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a comienzos del año 2017, tratando de demostrar ante las autoridades gubernamentales y entes de control que existen irregularidades en el otorgamiento de las licencias, basadas en documentos que según los veedores cambian caprichosamente a favor del Proyecto POC los linderos de las áreas urbana y rural de Choachí, y los usos del suelo, lo cual afecta indudablemente los intereses de la Sociedad Chiguana. La Senadora María del Rosario Guerra denunció estas irregularidades ante Plenaria del Senado, el día 9 de mayo de 2017. Esta presunta falsificación documental se podría convertir en la primera piedra del monumental elefante blanco de la POC. Cabe anotar que dichas anomalías ya fueron denunciadas por las veedurías locales de Choachí, inclusive ante el BID y el Congreso de la República y otros entes de control del Estado.
Segunda falla del proyecto POC
A partir de la nueva Constitución del 91 se supone que la democratización del gobierno es la pieza angular de todas las acciones que se emprendan para y con la ciudadanía, y en particular se resaltan los procesos de participación ciudadana en todos los momentos del quehacer público.
Pues bien, ni la participación, ni la socialización del proyecto POC, ni mucho menos la caracterización verdadera de sus necesidades respecto al nuevo proyecto se dieron en este caso.
Los estudios previos a la tan anunciada vía de 4G fueron contratados con Unión temporal Euroestudios – Durán & Osorio Abogados Asociados y Deloitte, en el año de 2013. Sus resultados sirvieron de base para los postulantes a la licitación # VJ-VE-IP-010-2013/VJ-VE-IP-LP-010-2013 y posterior contratación # 002 de 2014. Parece ser que tampoco los contratistas del estudio se tomaron la molestia de visitar las regiones involucradas y realizar algún tipo de censos o encuestas para detectar las verdaderas necesidades sociales, ambientales y económicas manifestadas por los habitantes y ciudadanos de la región oriental de Cundinamarca. Como quien dice, se contrató un Estudio de escritorio.
Las pruebas de estas afirmaciones se pueden demostrar simplemente por el malestar e inconformidad generalizada en toda la región desde el año de 2015, momento en el que se supo que se iba a realizar el proyecto. Cabe decir que de parte del Gobierno, de las entidades contratantes o de los contratistas tampoco se realizó algún tipo de acercamientos con los vecinos de las obras. Esta afirmación se puede constatar en las múltiples quejas, peticiones y solicitudes sin respuesta que se están presentando desde el año 2015 y cuya relación de algunos de los múltiples documentos testimoniales aparecen en el siguiente listado:
Pruebas de inconformidades de la ciudadanía:
- De ciudadanos de Sopó, elaborado el 11-09-2015, por SopóTV :
2) De ciudadanos de Choachí: por Guardianes Choachí:
(5-08-2015)
(2-09-2015)
(05-01-2017, Tomas Tello)
(13-10-2015, Guardianes de Choachí)
De las anteriores afirmaciones ciudadanas se pueden resaltar los siguientes aspectos:
1) Absoluto desconocimiento de parte de la ciudadanía, del proyecto y de sus implicaciones sociales, ambientales, económicas, prediales y de bienestar comunitario. Hoy en día, a tres años de haberse iniciado su ejecución por parte de la ANI y la POB SAS, la situación es exactamente la misma, los acercamientos con los propietarios y ciudadanos han sido parcializados y ambiguos, ya que la responsabilidad por la información objetiva, tanto contratante como contratista, se la indilgan mutuamente, dejando en ascuas y perplejidad a los vecinos, propietarios y ciudadanos.
2) Falta absoluta de estudios previos acerca de los reales impactos: ambientales, sociales, prediales y del bienestar de la comunidad. Apenas a comienzos del año 2017 se comenzaron a negociar los predios por donde debería pasar la Gran Vía. Esto no sucede solamente en este proyecto, en el de la Autopista Bogotá a Girardot, solamente en el año 2012, se estaban negociando predios en el municipio de Granada para poder ubicar el real trazado de la autopista contratada en el año 2002 y poder utilizar áreas ubicadas sobre propiedades particulares.
3) Las manifestaciones documentales de los videos testimoniales recogen graves situaciones de desplazamiento forzado, de ciudadanos inermes, la mayoría adultos mayores, raizales, y que dependen de su sustento, del pancoger de sus pequeñas propiedades, las cuales van a ser mutiladas por la POB SAS, sin el debido justo reconocimiento, que por lo menos garantice a estos propietarios una calidad de vida similar, en otro territorio de la región.
4) Se puede demostrar un absoluto desconocimiento de parte de contratante y contratista de los estudios previos de afectaciones ambientales realizados por entidades gubernamentales, los cuales son motivados por el trazado de la POC, como son el Acueducto de Bogotá, la Secretaria del Medio Ambiente y la de Planeación del Distrito Capital (ver pag. 28 de afectaciones ambientales de la POC).
Adicionalmente a los testimonios mencionados en los párrafos anteriores, la ONG, Asociación Ambiente y Sociedad realizó el estudio denominado “Conflictos socioambientales en los páramos de la Sabana de Bogotá”, coordinado por con fecha de publicación de junio de 2017, del cual tomo el siguiente aparte mencionados textualmente, en la página 40 :
“Adicionalmente Albert Alhadef, gerente de Shikun & Binui (Contratista), comentó que su empresa se interesó en la ejecución de esta carretera de cuarta generación principalmente porque es una vía que no tiene problemas con las comunidades, según él, debido a que no tuvieron que hacer consulta previa; ni tiene complejidad técnica, por lo que es considerado como uno de los proyectos “con menos riesgo” (Portafolio, 27 de septiembre de 2016). Esta afirmación evidencia una inexistente comunicación de la empresa con las comunidades, y una invisibilización de los planteamientos y denuncias locales divulgados en diferentes medios de comunicación.
Existen varios actores locales organizados que se han vinculado a procesos de lucha frente a la implementación del proyecto CPO, siendo algunos de ellos la Asociación de Productores Campesinos de Fómeque (Asprocaf), la Asociación Municipal de Campesinos de Sopó (AMUC-Sopó), la Casa del Maíz del municipio de Choachí, la Asociación Productores de Papa, Leche, Cebolla y otros productos de clima frío (Apropalec) del municipio de La Calera, la Veeduría ambiental La Calera y la Veeduría ambiental Choachí, siendo esta última una de las organizaciones más activas frente al proceso de lucha contra el proyecto. Son grupos de productores campesinos, veedurías ambientales municipales y organizaciones civiles no productoras pero vinculadas con reivindicaciones socioambientales, que buscan defender tanto sus territorios como formas alternativas de manejarlo”.
Tercera falla protuberante de la POC
La metodología de formulación de proyectos de inversión pública que está claramente delimitada y definida por el DNP en su Metodología General Ajustada (MGA), y demás normativas propias, además de la Ley 1508 de 2012 de las APP, y de la Ley 80 de Contratación, pues este proyecto se realizó bajo el marco de estas leyes que definen claramente todas las condiciones, requisitos, estudios previos, metodologías y normativa de los nuevos proyectos de inversión pública y el proyecto POC incumple flagrantemente muchas condiciones y requisitos, claro está que con la complacencia de las autoridades gubernamentales contratantes: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, ANI, ANLA, Ministerio del Medio Ambiente, las entidades de control y la Interventoría del mismo proyecto, que por cierto son paisanos de los inversionistas hispano- israelíes.
¿Por qué razón además el Gobierno ha blindado a los inversionistas extranjeros con toda clase de prebendas y facilidades para que incumplan toda la normativa oficial respecto a la planeación, contratación y ejecución de los proyectos?
¿Por qué razones las entidades de control y la Interventoría del POC, ante miles de derechos de petición, quejas, solicitudes de información y hasta demandas judiciales, no han practicado medidas cautelares con la ANI y la POB SAS?
¿Es tan fuerte el poder político de los altos directivos del Estado, interesados seguramente en X o Y candidatura presidencial, que silencia absolutamente todas las posibles voces detractoras o acusatorias de contratantes y contratistas en este caso?
Por ahora pongo fin a esta primera parte de apuntes sobre el tema, esperando complementar las apreciaciones con temas de fallas en la selección y contratación, fallas en el diseño de la vía, la seguridad vial, fallas en los impactos ambientales, fallas en la gestión social del proyecto y los múltiples abusos que se están cometiendo en la adquisición de los predios para el proyecto.
Veeduría Ciudadana Patios a la Portada, La Calera
