En Suecia hasta hace unas décadas había una sola universidad importante para todo el país. En Colombia, en cambio, una nación agobiada por la violencia, las decisiones pretenciosamente “académicas” no logran aún justificar la creación de nuevos centros de educación de mala calidad. Queremos vernos como la Atenas de América Latina, pero no somos más que un país con pésimas universidades privadas y públicas que no resuenan en los índices mundiales de calidad, ni tampoco tienen el impacto deseado sobre nuestros problemas. Ahora, tampoco podemos justificar la creación de centros universitarios públicos en los municipios de la provincia que justifiquen una burocracia al servicio de los políticos que se adueñaron de las universidades públicas...
Acompáñenos a ver esta triste historia...
En Neiva, Huila, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas de la Usco, ampliado con la participación de 40 profesores en 2016 y 2017, respecto a la posibilidad de ofrecer el programa en Garzón resolvió: “No aprobar la oferta del programa de Derecho en la sede de la Universidad Surcolombiana, ubicada en el municipio de Garzón-Huila, hasta tanto no existan las condiciones mínimas de docentes exigidas por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para su ofrecimiento”.
Pese a ello, en noviembre de 2017, el Consejo Académico decidió aprobar la oferta del programa de Derecho en Garzón para dos períodos. Se solicitaron las grabaciones de las sesiones del Consejo Académico, sin embargo, las directivas indicaron que no darían copia, desconociendo los principios de publicidad, transparencia y moralidad que rigen la función pública. Resulta sospechoso que las directivas no tengan en cuenta al Consejo de Facultad ni compartan los motivos que los llevaron a decidir lo contrario a lo recomendado según procesos de autoevaluación previos.
En este momento la formación de abogado requiere medidas urgentes. La mala preparación, los pocos controles estatales y la excesiva cantidad de juristas han traído como consecuencia fallas en la justicia y una mínima confianza en una profesión que antes se consideraba honorable.
Se podría afirmar que estamos ante el fin de la educación superior de calidad, que una institución que ostenta la acreditación de alta calidad debe garantizar. La orden del Consejo “Académico” no tiene en cuenta los estándares mínimos de calidad para ofertar un programa académico. Por ende, está desconociendo el duro trabajo del equipo de trabajo llamado “Programa de Derecho de la Usco”.
Los esfuerzos permanentes realizados con el fin de seguir siendo parte de uno de los seis programas de Derecho (192 en total) con acreditación de alta calidad pertenecientes a una universidad pública están siendo atacados. Actualmente nuestro pregrado de Derecho es un referente nacional y un actor determinante en el funcionamiento del Estado, en especial, en el sur de Colombia.
Existen 192 programas de Derecho en Colombia, una cantidad exagerada en virtud de la débil vigilancia estatal, solo 38 tienen acreditación de alta calidad, 10 en proceso de acreditación, y el resto, (72%) son de baja calidad según la reciente investigación de Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos (Abogados Sin Reglas, 2019).
A pesar todas las dificultades posibles, según las Pruebas Saber Pro, el programa de Derecho de la Usco ocupa el puesto 15 a nivel nacional, pese a su poca historia en comparación con las universidades tradicionales como el Externado, la Libre, Santo Tomás, Nacional y la del Cauca.
Entonces, devolviéndonos a la impensada postura de la máxima dependencia académica de la Usco, es momento de conocer lo más triste de esta historia. Hace quince días, en forma sorpresiva, el Consejo Académico decidió ofertar dos nuevas cohortes de Derecho en Garzón porque supuestamente apareció durante la sesión una lista con 600 firmas de unos habitantes del municipio que deseaban ser abogados.
Además, esto afecta directamente el proceso de la segunda reacreditación, es decir, lo más probable es que perdamos la acreditación de alta calidad porque estamos en campaña, estamos recolectando firmas; perdón, corregimos, porque la decisión se fundamentó en conceptos técnicos y resultados de un proceso de autoevaluación; ah, disculpen, corregimos de nuevo, porque… al parecer no se han encontrado las razones académicas. Entonces, ¿por qué ofertaron dos nuevas cohortes en Garzón?
Oportunamente, se interpuso una demanda el 11 de abril de 2018, en la que solicita la suspensión provisional del acto administrativo ante la Sección Primera del Consejo de Estado y se pretende la nulidad de la decisión que ofertó el pregrado de Derecho-Garzón tomada por el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana. Sin embargo, el magistrado ponente Oswaldo Giraldo Lopez no ha proferido ninguna providencia en el medio de control de nulidad simple con número de radicado 2018-120. Las solicitudes de impulso realizadas por el demandante tampoco han sido resueltas, pese a que ya pasó más de un año; lo cual demuestra la rapidez con la que resuelven un proceso para que Mockus no sea senador y la inoperancia para resolver conflictos relacionados con la educación pública en Colombia.
