En la Guajira estamos atravesando una crítica situación económica y social. Esta crisis, que no es nueva, pero que sí se ha incrementado en los últimos años, ha obligado a muchos ciudadanos a recurrir a una actividad que de manera ancestral, en mayor o menor medida, han realizado muchos paisanos y personas provenientes de otros departamentos vecinos.
Esta actividad es el comercio o tráfico de mercancías procedentes de Maicao y de gasolina traída de Venezuela. A eso en el Código Penal se llama contrabando y es, claro está, delito. Sin embargo, existen circunstancias muy especiales, de características sociales, económicas, históricas y políticas, que han hecho que esa actividad dentro de nuestro departamento tenga ciertas prerrogativas que permiten cierto margen de legalidad a esa actividad. Este margen de legalidad le da a los municipios de Maicao, Manaure y Uribia el poder gozar de un régimen especial aduanero.
Pues bien, este tipo de tratamiento aduanero especial, más la crítica situación económica, el desempleo, la costumbre y la falta de oportunidades han permitido que históricamente se desarrolle el tráfico de mercancías por todo el territorio departamental; pero muy a pesar de lo ahora expuesto, el tráfico de mercancía y gasolina sin legalizar sigue siendo delito y como tal, el ejercicio de esa actividad debe o por lo menos debería ser perseguido por las autoridades competentes. Sin embargo, esas autoridades hoy día cumplen un papel poco claro dentro del engranaje de esa actividad ilegal.
Hace 5 años o menos, el trayecto entre Valledupar y Maicao, en carro particular, implicaba un tiempo de tres horas a tres horas y media, conduciendo a unos 80 kilómetros por hora. Hoy día, ese mismo trayecto, conduciendo a la misma velocidad, implica un tiempo aproximado de cuatro horas a cuatro horas y media. Como ven requiere más tiempo, pero no porque entre un municipio y otro se haya alargado la distancia. No, este fenómeno ocurre por la multiplicación de "puestos de control" que hoy día tiene la Policía y el Ejército Nacional entre esos dos importantes municipios.
"Puestos de control" instalados a menos de diez kilómetros, entre uno y otro, que paralizan a todos los vehículos que van circulando diariamente por esa carretera y que lleven o no contrabando son obligados a suspender su itinerario mientras los miembros de estos cuerpos armados se dedican a revisar, transar, incautar, detener, suspender, conversar, dialogar o hacer no sé qué con aquellos que se dedican a trabajar bajo ese manto de "ilegalidad" que en principio sería el hecho de traficar mercancía de contrabando.
Se supone que esos "puestos de control" los tienen instalados para perseguir y controlar el contrabando de mercancías y de gasolina que como se señaló al principio circula y ha circulado por décadas por esa carretera nacional. Y digo se supone porque precisamente eso no es lo que están haciendo.
Veamos: si para lo que se instalan ahí es controlar el tráfico de mercancías y gasolina sin legalizar provenientes de Maicao y Venezuela, ningún vehículo de los cientos que diariamente se dedican a esa actividad podría pasar por el primero de esos puestos de control, instalado a menos de un kilómetro de la salida de Maicao —en cualquiera de sus dos salidas, ya sea la que conduce a cuatro vías o la que conduce a Albania—. Entonces, pregunto yo, ¿como se explica que un vehículo completamente repleto de mercancía sin legalizar o lleno de gasolina venezolana camuflada para su comercialización, ambas a la vista exterior, pueda pasar por esos retenes?, ¿cuál sería la explicación para que un vehículo previamente revisado por miembros de la Policía y Ejército tenga que ser nuevamente revisado por otros miembros de esas mismas fuerzas a escasos diez kilómetros de distancia? Si se supone que si pasó por el puesto de control previo fue porque tenía su mercancía completamente legalizada, ¿no?
La respuesta es sencilla y no implicaría mayor esfuerzo intelectual para deducirla. Algún tipo de transacción o acuerdo deben hacer los contrabandistas con cada uno de los miembros de la fuerza pública instalados en los "puestos de control" para que les dejen transitar su mercancía hasta su municipio de destino. Tiene que ser así porque no existe explicación lógica distinta a la ahora plateada.
Persona o grupos de personas se estarían enriqueciendo (lo que no me consta) diariamente con este tipo de retenes que más que "puestos de control" se han constituido a la vista de todos como en especie de peajes para los contrabandistas, cuyo margen de ganancia debe ser tan exorbitante para pagar (si lo hacen) más de "15 peajes" en menos de 200 kilómetros de distancia y todo para que los dejen trabajar como las difíciles circunstancias sociales y económicas hoy día se lo permiten.
Nota: El contrabando es delito y lo es porque así se encuentra descrito y tipificado en el Código Penal, pero su incidencia social no representa mayor peligro o riesgo para nosotros como sociedad. Todo lo contrario, permite que nosotros, los ciudadanos de a pie, de escasos recursos en su inmensa mayoría, tengamos el privilegio de gozar de alimentos, ropa y en general todo lo relacionado con artículos de rancho, víveres y licores y además combustible a precios accesibles ante la carestía que representa nuestra realidad nacional.
Hay otros delitos como el secuestro, la extorsión, el hurto, el homicidio, etc., que de verdad representan un altísimo riesgo para una sociedad política y económicamente organizada como la nuestra.
La sociedad está ávida de rápidas y efectivas acciones frente a estos últimos delitos. La fuerza pública debería orientar todas sus fuerzas para mitigar y atacar el incremento de estos, porque son estos delitos los que quitan el sueño y la tranquilidad a quienes todavía conservamos algo de respeto por esos organismos armados.
En los municipios de la Guajira y El Cesar, el hampa y la delincuencia común hacen fiesta, brindan verdaderos conciertos del delito, tienen a merced a los ciudadanos de bien porque para nuestra gloriosa Policía y Ejército Nacional es más importante, interesante, provechoso, rentable y productivo el “control” (o descontrol) del contrabando que brindar seguridad a la población civil y luchar contra el hurto, los atracos, la extorsión, el secuestro y los homicidios.
