Un par de disposiciones legales reflejan la inequidad en la policía Nacional, que el Senador José Vicente Carreño Castro se propone resolver con la reciente radicación de dos proyectos de ley –concertados con la reserva– que coinciden con las condiciones de igualdad en la entidad, propuesto por el presidente de la República Gustavo Petro en la posesión del director de la institución, General Henry Armando Sanabria.
Para Carreño, la propuesta del presidente Petro de eliminar barreras en la carrera de ascenso, se debe adelantar conjuntamente con medidas que mejoren la calidad de vida del nivel Ejecutivo y el Patrullero, por lo que uno de sus proyectos de ley consiste en convertir en "subsidio" mensual la "bonificación" bimensual de "asistencia familiar", que aunque suene sencillo tiene una honda repercusión en la condición laboral de este personal.
Al elevarlo a "subsidio", se convierte de inmediato en factor salarial o partida computable para la pensión, siendo este una “prerrogativa” que solo la tienen los oficiales de la Policía, porque treinta años de modificaciones legales terminaron por mantener el mismo a los últimos “suboficiales” y “agentes”, pero que nunca se lo dieron a los reemplazos de estos –nivel ejecutivo y patrulleros– lo que confirma la inequidad y desigualdad entre los grados de la Fuerza Pública, proveniente de la elitista y casi excluyente tradición castrense española.
Un intento de equiparar la “Prima de actividad” de los Agentes en servicio activo con los de asignación de retiro, que consiste en un 30 por ciento del salario básico, más un 5 por ciento por cada 5 años de servicio, se vio empañado porque la ley 923 de 2004 solo la reconoció para los que se pensionaron a partir del año 2005, dejando por fuera a todos los Agentes que la obtuvieron antes de esa fecha, con la gravedad que nunca se expuso ningún argumento jurídico o fiscal para tomar esta decisión.
El segundo proyecto de Carreño consiste en que se les reconozca a estos agentes ese porcentaje de la prima de actividad para la asignación de retiro, en el entendido que se les vulneró el derecho a la igualdad y por consiguiente el derecho al trabajo, y que conseguirlo ahora no tiene además ningún impacto significativo en la finanzas públicas, porque el reajuste de la misma se haría a partir de la sanción de la nueva ley, descartando de plano el carácter retroactivo, faltando entonces un previsible aval del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.
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Estos dos casos de desigualdad entre grados, hace imperativo –a criterio del autor– eliminar los grados no solo de la Policía sino de las Fuerzas Militares, lo que significa establecer una sola carrera, que en este caso sería iniciar como Patrullero y terminar como General –que en parte lo propone Petro– lo que de paso acabaría con una imperdonable discriminación social y económica de sus miembros, que se manifiesta incluso en “diferenciar” los clubes de “oficiales” y “suboficiales”.
En cuanto a la equidad de género que propone Petro para la Fuerza Pública, el Senador Carreño está concertando un proyecto de ley con mujeres delegadas de la reserva –convocada por la Intendente de la Policía Luz Karina Pérez– “con el fin sensibilizar, prevenir y contrarrestar el acoso laboral en las Fuerzas Militares y de Policía Nacional”, porque este problema tiene condiciones diferenciales y específicas, por lo que se necesita legislar y complementar la actual legislación sobre el tema, para salvaguardar “la integridad física, mental y emocional” de las mismas, y que indudablemente se debe incluir en la anunciada reforma del Gobierno Nacional.
Coletilla: Una interesante concertación adelanta Carreño con sectores representativos de la reserva de las Fuerzas Militares, con el fin de formular un proyecto de ley de seguridad y defensa nacional –la única fue derogada por la Corte Constitucional– en donde se abre la discusión si se debe limitar a la concepción conservadora de salvaguardar la seguridad del territorio nacional, o lo que respalda la mayoría de exmilitares –convocados por el Coronel (r) Elkin Salcedo– en el sentido que la misma es una responsabilidad intersectorial del Estado y la sociedad civil, que debe generar desarrollo económico, social y sostenible.
Es interesante que este sector de la reserva coincide en que no sirve una eficaz y eficiente acción militar, si ésta no llega acompañada de una contundente intervención social del Estado, porque de lo contrario se genera el rebrote de violencia en el territorio.
Una postura que abre las puertas de una discusión directa y franca de la reserva con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República.
Asesor legislativo – escritor*
