El rector saliente de la Universidad de los Andes, Pablo Navas, sostuvo en una reciente entrevista que la verdadera razón para la terminación del contrato de la profesora Carolina Sanín (a finales de 2016) fueron las quejas de profesores y estudiantes "que se sintieron maltratados y sentían que la universidad no estaba apoyándolos o defendiendo sus derechos a no ser maltratados". La profesora Sanín dio ayer una respuesta (ver su muro público de Facebook).
Esta declaración pública de Navas realizada a destiempo nos debería conducir a una reflexión difícil, pero necesaria, pues hay serios indicios que situaciones similares se han dado en otros centros educativos de Bogotá. Desde luego, el asunto es complejo pues existe la posibilidad de que sean levantados falsos testimonios para atacar a mujeres prestigiosas y reconocidas en sus campos profesionales: "cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede", dice una poderosa consigna feminista que suscribo. En este sentido, la presunción de inocencia y buena fe de la profesora Sanín debe ser respetada.
Ahora bien, no cabe duda: Colombia es una sociedad patriarcal, machista, sexista y homofóbica. Los dramáticos índices de feminicidios, violencia intrafamiliar, abuso sexual y acoso laboral contra las mujeres (cis y trans) no ceden. Por esto, nuestra lucha cotidiana contra la violencia por razones de género, identidad y orientación sexual debe ser cada vez más contundente, más decidida. El "sistema moderno/colonial de género" (como lo llama la filósofa María Lugones), que inferioriza a la mujer y a lo femenino en los cuerpos (incluyendo a la Madre Tierra) para dominarlas, debe ser confrontado sin vacilaciones. Esta es una lucha de todas, de todos, de todes.
No obstante, ¿qué ocurre en los casos donde la violencia simbólica es ejercida por una mujer desde un lugar de poder?, ¿qué ocurre cuando es una mujer (cis o trans) desde una posición simbólica de poder que ejerce sistemáticamente maltrato psicológico o verbal contra sus compañer@s y/o subordinad@s (emplead@s, estudiantes)? Este es un asunto delicado, impopular, políticamente incorrecto, pero que no debería ser silenciado. Por ejemplo: ¿hasta dónde en nuestro contexto patriarcal, el miedo, la vergüenza o la revictimización evitan que, especialmente los hombres, formulen denuncias?, ¿cuál debe ser el papel de la institución ante la negativa de las "víctimas" (hombres y mujeres) a instaurar las denuncias formales respectivas por maltrato, abuso o calumnia? Incluso, ¿hasta dónde, por razones asociadas a la desigualdad de género, algunas mujeres que acceden a competitivos y agresivos lugares de poder terminan ejerciendo ellas mismas posturas patriarcales, coloniales, contra sus compañer@s y subordinad@s?
Las anteriores preguntas buscan una reflexión colectiva en estos valiosos tiempos de empoderamiento femenino (#MeToo, #Cuéntalo, #8M, #YoSiTeCreo, #NiUnaMenos, etc). Lo avanzado en términos de reconocimiento y respeto a las mujeres y al sector LGTBIQ representa una victoria que tod@s debemos celebrar y consolidar; sin embargo, ante las denuncias de violencia en cualquiera de sus dimensiones no podemos como sociedad, por miedo o comodidad, callar o minimizar los efectos de la situación.
