La periodista y columnista Ana Bejarano, en su habitual nota en Los Danieles comparte una columna titulada El traspaso de nada. En ella deja al descubierto la intención sospechosa de desinstitucionalizar nuestra ya maltrecha democracia por parte del actual presidente de la república y su equipo de Gobierno.
Ha sido tradicional entre Gobierno saliente y entrante el entregar y recibir una especie de inventario de lo actuado y agendado. Así cada uno deja constancia de su proceder y de sus intenciones de gobierno.
Pues todo indica que esta tradición democrática y en justicia cesa tras el anuncio de expedir un decreto mediante el cual el presidente Duque, sus ministros y colaboradores se reservan el derecho de entregar información de Gobierno.
Como quien dice pretenden ocultar información sin que se facilite conocer datos, cifras, gastos, inversiones o tan sólo programas en los cuales se determine su funcionalidad o competencia.
Todo se catalogará como información reservada. un derecho que rompe una tradición que permitía de alguna manera aseverar que contamos con una democracia.
Y peor aún que se abrogue la potestad de exigir al nuevo gobierno una continuidad de sus programas y proyectos, sin que conozca su real alcance.
Acaso, como dice la columnista, sienten un triunfo de Gustavo Petro y con este decreto frenarán toda intención de reformar las inconsecuencias del Gobierno Duque.
Entregan así un país turbio e inviable, pero atado a los dictámenes de los mismos de siempre. no es delito afirmar que nuestro país va por mal camino, que las políticas económicas y sociales no son ni han sido las más inteligentes y que nos parecemos a Venezuela mucho más de lo que podamos y pretendan ocultar.
La corte constitucional debe pronunciarse desde ya en materia tan grave y delicada. las razones de este actuar dejan entrever muchas sospechas de corrupción y mal gobierno. el que nada debe nada teme.
Pésimo proceder y un horrible antecedente que golpea fuertemente la democracia por cuanto impide a un nuevo gobierno arrancar en firme y con conocimiento de causa. reservas, confidencialidad, secretos de estado, gastos reservados, etc., se convierten en casos como este en elementos de juicio que nos permiten ver con claridad las actuaciones de un gobierno que para todos ha sido nefasto.
Todo Gobierno tiene el derecho de saber y conocer el estado en que recibe un país. Con decretos de esta naturaleza se atenta contra la democracia.
Con esta novedosa ley de empalme pretenden ocultar todas las bajezas de un Gobierno perverso y ruin. amarrar a la impunidad la contratación amañada y tejida entre ilegalidades. y heredar al gobierno Petro un país desestabilizado y en ruinas. Así poder luego mostrarse como los salvadores de una democracia que nunca preservaron ni defendieron.
Nos oponemos a esta ley de empalme que no es otra cosa que una impunidad perpetuada y encubridora. sea quien sea el nuevo presidente de los colombianos tiene el derecho constitucional de saber y conocer qué país recibe y el estado de cada una de sus instituciones.
Inaudito que se contemple en esta ley que "en caso de que la información requiera de reserva absoluta, el presidente podrá mantenerla hasta que la situación de riesgo concluya o termine su período en el cargo".
Y mucho más que se aduzcan razones tan pueriles como la del ministro del interior Daniel Palacios: "durante ese período de tiempo, en cualquiera sea el nivel que se presente (municipal, departamental o nacional), se generan tensiones políticas y jurídicas que afectan el normal desarrollo de la función constitucional de la institucionalidad afectando finalmente al ciudadano”.
Cantinflesco argumento para un Gobierno ídem.
