Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2015, el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, en ceremonia celebrada con bombos y platillos en el parque Caldas, anunció la adjudicación de la doble calzada Quilichao-Popayán.
Seis años después, solo hay una valla a un lado de la vía y uno de los cuatro tramos con licencia ambiental, sin que el consorcio Nuevo Cauca, del ingeniero Carlos Solarte, disponga de recursos y crédito para cumplir el contrato.
En su columna dominical publicada en El Tiempo del domingo 28 de febrero, ante el incumplimiento de los hermanos Solarte en la ejecución de varios contratos que les habían asignado en varias obras en diferentes regiones del país, Germán Vargas Lleras propuso que el gobierno decrete la caducidad de los contratos para que de nuevo sean licitados y adjudicados, y no la cesión de estos a otros consorcios, como acaban de hacer con el proyecto Santa Ana-Neiva-Mocoa.
Después de varias reuniones celebradas en Popayán entre representantes de los gobiernos nacional, departamental, municipales, congresistas, directivos de gremios empresariales y de comunidades aledañas al trazado, han coincido que la alternativa más viable y recomendable es la cesión del contrato, pues declarada la caducidad, tocaría arrancar de ceros, abrir nueva licitación, negociación de predios y con las comunidades, así como el trámite de licencias ambientales, lo que sumaría más años y tropiezos a los cinco años de retraso de la obra.
Según informó el ingeniero Jorge Campo, director de la Asociación Caucana de Ingenieros, después de entrevistarse con el ingeniero Carlos Solarte, con Jorge Duarte, gerente del consorcio Nuevo Cauca y con directivos de la ANI, para que el proyecto no sufra más interrupciones, requiere de la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de las tres licencias restantes, sin las cuales no pueden negociar la cesión del contrato a otras empresas constructoras interesadas en la ejecución de las obras. “El gobierno cometió un grave error cuando abrió la licitación sin incluir que el proyecto requería licencias ambientales y negociaciones y acuerdos con las comunidades vecinas al trazado, lo que retardo el inicio de las obras”.
A este factor se sumó la iliquidez del consorcio Nuevo Cauca, debido a problemas familiares, administrativos y legales desencadenados después de la muerte de Héctor, uno de los fundadores de la firma de los hermanos Solarte y cuyos hijos gestionan la sucesión de sus bienes.
La crisis financiera del consorcio y la negativa de crédito bancario para apalancar el proyecto, se agravó al verse involucrados en investigaciones por irregularidades en el proyecto Canoas-Tunjuelito, en Bogotá y en la ruta del Sol II, en donde los vinculan con los sobornos de Odebrecht.
Ante la crítica situación han incumplido con los contratos adjudicados en proyectos como Santa Ana-Neiva- Mocoa, que acaban de ceder a otros contratistas y la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, que está en veremos.
Sobre los $200.000 millones, que según el director de la ANI estaría pidiendo el consorcio Nuevo Cauca de indemnización y sin iniciar obras, según directivos del consorcio, serían por concepto del mantenimiento de la vía actual, la compra de terrenos a lado y lado del trazado, el pago de interventoría y de los servicios de la Policía de Carreteras.
Hasta el momento la ANLA solo autorizó la licencia para el tercer tramo, pero a pesar de que el director de la ANI, en noviembre, declaró en Popayán, que podrían tramitarla pronto para los tres tramos faltantes, esto no ha sucedido, y sin este requisito los del consorcio Nuevo Cauca, no pudieron gestionar financiamiento con los bancos, pues estos no se arriesgarían mientras todo el proyecto no este legalmente aprobado en cuanto a la licencia ambiental y acuerdos con las comunidades de indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre las obras complementarias a ejecutar en sus tierras vecinas al trazado del proyecto.
Acerca de las peticiones de las comunidades vecinas al trazado en lo referente a variantes, caminos de acceso, reubicación de redes y acueductos veredales que se verían afectados por las obras, durante la reunión de noviembre de 2020 las partes interesadas acordaron que podrían solucionarse sin mayores contratiempos, previo acuerdo con las organizaciones comunitarias que no han presentado mayores objeciones siempre y cuando les cumplan las promesas.
Aclaradas las verdaderas causas del retraso de la construcción de la doble calzada Quilichao-Popayán, las fuerzas vivas del Cauca, Valle y Nariño esperan pronta definición para que al fin sea resuelto el trancón al inicio de las obras mediante cesión del actual contrato.
El ingeniero Jorge Campo considera que entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, los gremios y organizaciones comunitarias del Cauca, hay consenso para que el contrato sea cedido, tal como acaban de hacerlo con el de la obra Santa Ana-Neiva-Mocoa, pues la apertura de nueva licitación previa declaratoria de caducidad implicaría la pérdida de las vigencias futuras asignadas en el presupuesto de la nación, lo que significaría arrancar de cero, abrir nueva negociación, compra de terrenos y nuevas negociaciones con las comunidades lo que retardaría décadas su ejecución.
Después de numerosas reuniones adelantadas en 2020, con representantes del ministerio de Obras, de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, directivos del consorcio Nuevo Cauca, autoridades departamentales, municipales, voceros de gremios productivos y de las comunidades que serían afectadas por las obras, concluyeron que la principal causa del retardo en el inicio de la construcción no se debía a las exigencias de las comunidades campesinas, indígenas, negras y de poblaciones situadas a la largo del trayecto, ya que los delegados asistentes a la convocada en noviembre de 2020 expresaron que solo faltaban pequeños ajustes a los diseños para que no sean afectados los acueductos rurales y otras vías de acceso. Tampoco el trámite de las licencias ambientales, que la ANLA podría aprobar rápidamente.
