Colombia ha mantenido una política económica desde 1990 en el contexto de la oleada mundial del libre comercio producto de la superación de las ataduras políticas mundiales con la caída del muro de Berlín.
Así entramos en el “bienvenidos al futuro” de la apertura económica de César Gaviria, la nueva constitución del 91 llena de derechos, pero especialmente de normas de libre comercio y, así mismo, los TLC especialmente los de EE.UU. y la UE.
Y en este marco se explica el ingreso de Colombia como país número 37 al club de ricos de la OCDE, después de más de 5 años de haberlo solicitado.
Y como en toda actividad de cualquier club, a la entrada le exigen unos requisitos. Estos requisitos no son cosa distinta a cumplir los estándares internacionales de la moda mundial del libre comercio.
Desde un principio el sindicalismo se opuso a dicho ingreso argumentando la inconveniencia para el país dadas las exigencias, de una parte y de otra, porque solo reflejaría el arribismo político del gobierno y una presencia exótica. Como se dice “en el lugar equivocado”.
Esto lo ha afirmado el sindicalismo por los estragos que el libre comercio ha traído al país en lo económico, social y laboral. Destrucción de la industria, el sector agropecuario, el trabajo nacional, acompañado de desempleo, precariedad laboral y violación permanente de los convenios de libertad sindical de OIT.
Para este ingreso a OCDE el señor Donald Trump exigió y el gobierno de Juan Manuel Santos lo complació en tres asuntos claves que le quedaron pendientes en el TLC: mayor protección a las patentes (propiedad industrial), desregularización de los precios de los medicamentos importados y eliminación de la cláusula del decreto del gobierno concertado con los camioneros sobre chatarrización.
No sobra acá señalar la doble moral de Trump, reclama libre comercio para nosotros, pero proteccionismo para ellos al elevar los aranceles.
¿Qué nos espera a los colombianos con el ingreso a la OCDE? Al menos:
Una nueva reforma tributaria estructural, que pretende, bajo el fementido argumento de excesivas tasas, reducir aún más, de las determinadas en las reformas tributarias del 2012 y 2016, el impuesto a las rentas del capital hasta un 25 %. ¿Y con qué se suplirá la disminución en esos ingresos? Pues, todos los estudios y propuestas no lo han ocultado, señalando que habrá incremento en los impuestos a las rentas de trabajo (el salario e ingresos de los trabajadores), gravar las pensiones y un aumento posible del IVA. Es decir, los trabajadores a subsidiar a las grandes corporaciones, el capital financiero y los ricos. Esos sí son los subsidios que les gustan.
Una nueva reforma pensional que marchite el régimen de prima media y le entregue todos los recursos a los fondos privados, que ya manejan más $220 billones del ahorro de los trabajadores. Aumentar la edad para pensionarse igualando la edad de mujeres y hombres, por lo menos a 62 años, constituyéndose en el mayor atentado contra las mujeres y acentuando la discriminación contra ellas y su condición de doble jornada en el trabajo y en hogar. Determinar el ingreso base de liquidación de la pensión con el promedio salarial de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años. Incrementar la cotización del 16 % al 18 %. Desmejorar los regímenes especiales a de pensión de maestros y militares. Es decir, no queda títere con cabeza en esta materia.
Todos estos anuncios draconianos deben tener una respuesta de los trabajadores y la población en las elecciones presidenciales del 27 de mayo, que no puede ser otra de negarse a respaldar a quienes vienen promoviendo estas medidas regresivas: los señores Iván Duque del Centro Democrático y Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, y por el contrario respaldar a quien, si está respondiendo a los intereses de la nación, el pueblo y los trabajadores por supuesto: ¡Gustavo Petro!
* Secretario general de la CUT
