Entre gallos y medianoche la economía del país comienza a despegar. El Gobierno nacional reacciona decretando la reducción del confinamiento a siete días para evitar que el meteórico ascenso de la cuarta curva del covid conduzca a una nueva recesión. En esto se impone la teoría Gurria (jefe de la Ocde), según la cual es preferible el contagio a la recesión y el desempleo.
¡Se trata de la economía, estúpidos!
El rompimiento del techo de los 4.000 pesos por dólar desde el pasado 15 de diciembre marca el rumbo de los desequilibrios macroeconómicos de agenda económica del 22. La profunda caída del valor del peso, que según los expertos tiene múltiples causas, constituye uno de los indicadores del fracaso de las políticas neoliberales que se adoptaron desde la década de los años noventa.
El aumento del déficit en la balanza comercial externa, que en 2021 alcanzó la preocupante cifra del 4,4 % del PIB, es el resultado de las políticas económicas equivocadas que han empobrecido a nuestro país.
De una parte, la apertura de la economía colombiana decretada por el gobierno de Gaviria a comienzos de la década de los años noventa dejó en ruinas la “buñuela” industria nacional y nos convertimos en un país repleto de modernos centros comerciales, donde los ávidos compradores desfilan adquiriendo productos importados, mientras crece el desempleo y la informalidad laboral.
De otra parte, las políticas aperturistas arrasaron la producción agrícola y hoy el país es un importador neto de alimentos y materias primas agropecuarias. Colombia importa actualmente más de 12 millones de toneladas de productos agrícolas, donde se destacan alimentos como el maíz, el trigo y el azúcar de caña. Esto significa que más del 30 % de los alimentos que consumimos son importados y con ello se ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país.
En el último informe de la ONG ambientalista Greenpeace se advierte: “La alta dependencia alimentaria de Colombia, es alarmante, más aún en medio de crisis sanitarias como la actual que ponen en primera línea la vulnerabilidad de las cadenas alimentarias” (Manifiesto NCA Greenpeace, 2021).
El año pasado, la desocupación laboral alcanzó la cifra del 13,7 % (Dane, 2021), más del doble del promedio de los países de la Ocde, afectando principalmente a los jóvenes (21,5 %) y a las mujeres (17,2 %). Mientras la informalidad laboral llegó a la cifra récord del 48 %, con más de 5,3 millones de trabajadores, que han sido expulsados o simplemente no tienen cabida en los precarios mercados laborales.
Esto ocurre al mismo tiempo que las exportaciones fueron, el año pasado, 11.671 millones de dólares menos que las importaciones, mostrando un deterioro muy preocupante de la balanza comercial. Este déficit estuvo jalonado principalmente por el aumento del 33,8 % de las importaciones de productos agropecuarios y del 31,6 % de manufacturas.
Mientras que, del lado de las exportaciones, aumentó la participación de los combustibles fósiles (40,3 %), profundizando la dependencia de las industrias extractivas en un momento que el mundo comienza a dejar a tras las economías generadoras de CO2, para frenar los factores causantes del cambio climático y el calentamiento global.
A estos grandes desequilibrios macroeconómicos se le suma el hueco fiscal que nos deja este gobierno derrochón que está dedicado, en las postrimerías de su catastrófico mandato, a gastar y gastar para dejarle peladas las arcas públicas al próximo gobierno, que como todos sabemos no va a ser el que diga Uribe.
Y el culpable del déficit fiscal no es propiamente la pandemia del covid, pues el déficit fiscal proyectado para este año es del 8,6 % del PIB. La cifra más alta en los 115 años de la historia fiscal de Colombia. Producto tanto del abultado gasto del gobierno central y del pago deuda externa, que llegó a 165.168 millones de dólares, equivalente al 52,3 % del PIB, como de la reducción de los ingresos del Estado por cuenta de los subsidios y exenciones otorgados a los ricos en las reformas tributarias de los gobiernos uribistas.
El otro gran déficit que nos deja este gobierno es el relacionado con la situación de los derechos humanos. En un duro informe de las Naciones Unidas sobre Colombia (2021), la Oficina de Amnistía Internacional afirmo: “Los crímenes del DIH y los abusos y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado continuaron cobrándose víctimas, especialmente en las zonas rurales donde se concentran las disputas por el control de territorial entre los diferentes grupos armados”.
La intensificación de la violencia en estos territorios volvió a aumentar las cifras del desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades rurales, la violencia sexual contra las mujeres y las víctimas de homicidios selectivos.
De acuerdo con la ONG Global Witness, Colombia se convirtió en el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos ambientales, con 168 líderes y lideresas asesinados, 48 firmantes del acuerdo de paz muertos y la espeluznante cifra de 92 masacres en 2021.
Según informes de la ONG Temblores, Amnistía Internacional, la Universidad de los Andes y la CIDH, entre los meses de abril y julio de 2021 la ONU recibió denuncias de 63 personas muertas durante las movilizaciones del paro nacional, de las cuales el 44 eran jóvenes heridos a bala, y de ellos, 28 lo fueron por disparos de la fuerza pública.
Sin embargo, las víctimas de la violencia policial permanecen en total impunidad, con solo 3 indagaciones preliminares que se abrieron a los agentes de la policía. Mientras tanto, a finales del año pasado, la Fiscalía desató una verdadera casería de brujas contra los manifestantes, deteniendo arbitrariamente a más de 160 jóvenes miembros de la primera línea, de los cuales 49 fueron judicializados por delitos que suman penas de más de 25 años de cárcel.
No obstante, el hecho más significativo de este aciago balance lo constituye la tremenda lección de economía política que tuvo lugar con motivo del paro nacional de 2021.
Por primera vez en la historia reciente de la protesta popular, la ciudadanía se movilizó en contra de la reforma tributaria carrasquilla. La ciudadanía no solo rechazó la propuesta del gobierno, sino que derrotó los nuevos impuestos. Ratificando en la práctica el principio liberal, según el cual no puede haber tributación sin representación popular (“No taxation without represetation”), que dio origen a las revoluciones independentistas de las colonias americanas en el siglo XIX.
De tal manera que la agenda del año 2022 se abre con la expectativa de lograr un profundo cambio en la dirección del Estado y en la orientación de las políticas económicas para transitar rápidamente hacia un modelo económico que fomente el empleo, la productividad, los ingresos y la formalización laboral, mediante el fortalecimiento y la protección de la producción industrial y agrícola nacional y la soberanía alimentaria.
Se requiere, con urgencia, iniciar la transición energética hacia una economía inteligente y descarbonizada, más amable con el medioambiente y que contribuya a lograr los ODS y a mitigar los efectos del cambio climático.
¡Amanecerá pronto y veremos las luces del nuevo día!
Postre 1:
En la reanudación de la audiencia de preclusión del juicio que se le sigue al expresidente Uribe, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, mostró las contradicciones en que incurrió el fiscal Jaimes para favorecer a Uribe. Mediante una interceptación de las conversaciones entre el falso testigo y el abogado Cadena, pudo desnudar el entramado que urdieron, el “Señor” expresidente, el abogánster y el secuestrador Pardo Haschen, para cambiar el testimonio de Monsalve en favor del imputado expresidente.
Postre 2:
Nuevamente, la deslenguada alcaldesa Claudia López respondió al reclamó de los indignados bogotanos diciéndoles que si no estaban de acuerdo con pagar el impuesto de rodamiento ante las duras restricciones impuestas a la movilidad de sus vehículos, lo mejor era que vendieran el carro (sic).
