Es buen síntoma que la gran mayoría de asociaciones de médicos generales, especialistas y de trabajadores de la salud del país apoyen la reforma radicada en el Congreso por la ministra Corcho.
Ellos, que todos los días se relacionan con los pacientes, conocen más que nadie los pros y contras de la Ley 100 de 1993. Están al tanto de sus efectos positivos sobre el aseguramiento masivo de la población en el papel, pero en la práctica sufriendo reales limitaciones en la atención y suministro de drogas y aprobación de citas con especialistas y de cirugías y tratamientos costosos, negados y retardados por los administradores de las EPS, motivados por aumentar la rentabilidad de los billones, que sin mayor control del gasto, les giró anualmente el gobierno nacional.
Y ellos más que nadie saben que al convertir la Ley 100 la salud en un servicio sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, este derivó en un negocio, dedicándose las EPS a lo más rentable en las principales ciudades y regiones del país, descuidando la prevención y atención primaria, especialmente en las regiones más apartadas.
Y los médicos y trabajadores, más que cualquier sector directamente relacionado con la salud, pueden declararse en víctimas de la Ley 100, que los despojó de todos los derechos laborales para entregarlos en manos de negociantes ligados a los politiqueros en el poder, quienes fundaron supuestas cooperativas y sindicatos para quedarse con el 30 por ciento del valor de los contratos y subcontratar a médicos y demás personal de la salud, por meses y sin prestaciones sociales, ni cesantías. Y como si esto fuera poco: obligados a pagar de su propio bolsillo los aportes para atender su salud y pensión, que nunca les llegaría, a los que se trasladaron de Colpensiones a los fondos privados propiedad de Sarmiento Angulo y otros “cacaos”, y los que en 20 años de fundados, apenas han pensionado, con mesadas miserables, a cerca de 170.000 colombianos.
Y por conocer a fondo las graves fallas del sistema, fue que dirigentes de las diferentes asociaciones de médicos generales y especialistas del país, entre ellos la hoy ministra Corcho, lograron que en 2015, el Congreso aprobara la ley estatutaria, vigente, más no aplicada (como muchas leyes del país que no se cumplen), según la cual la salud de servicio sujeto a leyes del mercado, pasó a convertirse en un derecho fundamental de todos los colombianos, cuya prestación debe ser garantizada por el Estado y mediante la cual los médicos recobran su autonomía para prescribir exámenes y tratamientos a sus pacientes, con autorregulación, para evitar desborde del gasto.
Lógico que los médicos y el personal de la salud apoyan la reforma, porque, además de mejorar la atención y su relación con los pacientes a los que no tendrán que atender a las carreras y solo recetarles acetaminofén y diclofenaco, también volverán a ser contratados con todos los derechos laborales que les fueron despojados desde la reforma laboral del primer gobierno de Uribe.
Al no ser implementada en la práctica la ley estatutaria, la reforma radicada por el gobierno busca profundizar su desarrollo y ejecutarla en todo el territorio y por esta razón, con riesgo que la demanden y la corte pueda declararla inconstitucional, insisten en tramitarla como ley ordinaria para que la discutan en la comisión séptima y en las sesiones extraordinarias.
Desde la otra orilla, lógico que no deben estar muy contentos los dueños de las EPS y los exministros y exviceministros y demás altos funcionarios de la Salud, que de sus cargos públicos, con jugosos sueldos y premios, por la puerta giratoria pasaron a ser gerentes de las grandes EPS agremiadas en ACEMI, pues se van a quedar sin disponer a su antojo de los billones que les permitieron enriquecerse a lo Palacino de Saludcoop, al desviarlos a la construcción de lujosos hoteles, condominios, canchas de golf, el equipo profesional de fútbol La Equidad y sus clínicas privadas y laboratorios, a las que si les pagaban cumplidamente los servicios prestados; mientras a las demás clinicas y hospitales públicos, les demoraban y negaban los pagos, dejándolos a borde de quiebra.
Los viudos del poder y los billones manejados alegremente y sin control por “empresarios privados” de las EPSs, dicen que: al gobierno pasar a controlar el presupuesto y a través del ADRES pagar directamente a los hospitales públicos y clínicas privadas, va a haber corrupción… ¡Más descarados para dónde! ¡Cómo si ellos hubieran sido ejemplares administradores!
“El derecho de petición de los exministros de Salud a la ministra Carolina Corcho, en el caso de Jaime Arias y de Augusto Galán, significa que sus ministerios fueron tan complacientes con las EPS, que, al cruzar la puerta giratoria, fueron elegidos presidentes de la Acemi. En el caso del ciudadano médico Ruiz (ministro de Salud de Duque), el impudor es sorprendente, porque, establecida la pandemia en 2020, se le exigió que revelara los contratos de las vacunas, y se amparó en la disculpa de la “confidencialidad”, como si no se tratara de dineros públicos”, escribe Fernando Galindo G., en su columna en El Espectador.
Las EPS están descontentas porque les quitaron el premio mayor del grueso de la plata que ya no pasará por su colador y llegará directamente a las clínicas y hospitales; y los invitaron a que permanezcan auditándola y prestando el servicio desde centros de atención a los pacientes, lo que no les deja tantas ganancias.
