El 7 de enero de 1965 una pequeña y mal armada tropa del naciente Ejército de Liberación Nacional (ELN) se tomó el municipio de Simacota. Esa operación militar liderada por los hermanos Fabio y Manuel Vásquez en la Cordillera de Los Cobardes fue el inicio de un grupo guerrillero que, hasta el día de hoy, sigue alimentando el conflicto armado interno más prolongado y devastador de todo el hemisferio occidental.
Su historia muy ligada a las ideas de la revolución cubana y la teología de la liberación comenzó con la autodenominada brigada José Antonio Galán. Este pequeño grupo de 7 jóvenes (entre los que se encontraba Fabio Vásquez Castaño), hizo parte de una comitiva de militantes de la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal (JMRL) becados en 1962 por el incipiente gobierno de Fidel Castro para estudiar en universidades cubanas.
Allí, tras el júbilo por la revolución y el corto entrenamiento militar volvieron al país con la convicción de la lucha armada por el poder. Meses después bajo la batuta de los hermanos Vásquez conformaron una tropa de 27 guerrilleros que se tomó a la fuerza el pequeño municipio santandereano. En esa operación —donde participó el actual comandante del ELN alias “Gabino” a la edad de 14 años—, los guerrilleros una vez robaron los fusiles de los policías y soldados asesinados y saquearon la Caja Agraria, la droguería y el estanco; leyeron en voz alta el Manifiesto de Simacota, ese documento con el que nacía el ELN bajo la consigna de “Patria o Muerte”.
Desde la misma zona donde hacía más de dos siglos la Insurrección de los Comuneros luchaba por los campesinos, el grupo guerrillero procastrista comenzó una expansión militar por varias regiones del país. Entre los hechos más importantes se destaca la llegada y prematura muerte de Camilo Torres Restrepo en 1966, la destitución de su principal ideólogo y fundador Fabio Vásquez en 1963, los fallidos procesos de paz durante varios gobiernos y, la casi inminente desaparición en 1978 por la división interna, la embestida militar y la desarticulación de la red urbana de apoyo.
Cuando hacia finales de la década del 70 su estructura guerrillera no tenía más de 30 hombres armados en las montañas del Catatumbo, la construcción del Oleoducto Caño-Limón Coveñas fue la que resucitó a este ejercitó derrotado. Esta obra le permitió al ELN tener una nueva fuente de ingresos y crear bases políticas. Cuando iniciaba la construcción del Oleoducto, los campesinos y las comunidades indígenas de la zona llevaron a cabo protestas sociales bien capitalizadas por la guerrilla. Bajo la comandancia del “Cura Pérez”, los subversivos comenzaron a extorsionar a la empresa constructora “La Mannesmann” y con recursos económicos obtenidos sumados a un apoyo popular y replanteamiento estratégico lograron sobrevivir.
Este y los demás oleoductos más importantes del país constantemente han sufrido los embates de un grupo violento que, en sus acciones ilegales y criminales, no ha dimensionado las catastróficas consecuencias ambientales, económicas y sociales de los atentados. Un claro ejemplo fue la “Masacre de Machuca” del 18 de octubre de 1998. En este corregimiento del municipio de Segovia (Antioquia), hacia la media noche miembros del frente José Antonio Galán dinamitaron cerca del poblado un tramo del Oleoducto Central de Colombia.
Una vez hecho esto, los guerrilleros volaron con explosivos el puente que comunicaba a Machuca. Por su parte, el petróleo se propagó por el río Pocuné y el fuego (producto de la explosión del puente) al entrar en contacto con el agua del río contaminado provocó una gigantesca llamarada que llegó hasta las casas de los campesinos. Al tener destruida la única salida de la población, los habitantes quedaron encerrados literalmente en un infierno que causó la muerte de 84 personas (muchas de ellas irreconocibles por las quemaduras) y heridas a otras 30 personas que esa noche estaban en el pueblo.
Muchos de los 2.500 habitantes de Machuca no despertaron después del estruendo de la explosión, sino que fueron sorprendidos por el fuego debajo de sus sábanas. Otros fueron sepultados por los escombros y algunos más fueron testigos de cómo sus familiares y amigos iban agonizando por las quemaduras. Esta escalofriante acción guerrillera ha sido una de las páginas más oscuras de los años de guerra en Colombia.
Inicialmente el ELN culpó al Ejército Nacional de haber provocado el incendio, pero, un mes después el comandante Nicolás Rodríguez alias “Gabino” afirmó que “los compañeros realmente no midieron correctamente el peligro que representaba esa acción para la población”. Acciones como está no han modificado la estrategia de atacar la infraestructura petrolífera del país. Solo en lo que va de este año han hecho más de 20 ataques al Oleoducto Caño Limón-Coveñas. Entre los atentados más destacados está el que hicieron en zona rural de Saravena en marzo, el de “La Cecilia” el 15 de ese mismo mes y el de Tibú el 13 de abril.
Si bien el ELN justifica este tipo de acciones como una bandera política en protesta por la extracción de los “recursos naturales de los colombianos” para las multinacionales extranjeras; en la realidad están obteniendo un beneficio económico ilegal. El modus operandi de este tipo de acciones consiste inicialmente en la instalación de mangueras y grifos a los oleoductos que transportan el crudo. Una vez almacenado el petróleo hurtado en galones y pipetas, es conducido por camiones hasta puntos de venta en zonas rurales fronterizas con Venezuela y cristalizaderos de coca. En esos laboratorios de droga a través de un rústico proceso de refinamiento convierten el petróleo en un derivado regionalmente llamado “pate grillo”. Este líquido después de ser utilizado es abandonado a la intemperie en piscinas artesanales que, con las lluvias, rebozan las piscinas y terminan por contaminar todo a su paso. No contentos con el robo de petróleo amenazan de muerte al personal de limpieza, dejan minas y atacan con francotiradores al Ejército y a los operarios de Ecopetrol que deben hacer los millonarios arreglos.
Además del robo de crudo, su financiación se sustenta en otras actividades criminales como el contrabando, la extorsión, el tráfico de armas, de drogas y de personas. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc en el 2019, esta guerrilla se ha convertido en el grupo ilegal con más acciones armadas, las cuales tiene origen en la disputa con las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales por el control de los territorios dejados por la antigua guerrilla comandada por alias “Timochenko”.
En La Guajira y Cesar ha tomado el control de la Serranía del Perijá como punto clave para el contrabando y el tránsito de la droga. El Frente Domingo Laín (principal responsable del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander el pasado 17 de enero) ha tenido una participación activa en Arauca. En Norte de Santander, el bastión militar más fuerte de los “Elenos”, disputan territorialmente a sangre y fuego con los “Pelusos” el control de la frontera con Venezuela para actividades criminales. Allí, entre paros armados, combates y atentados los frentes “Héroes de Catatumbo”, Carlos Armando Cacua y Capitán Francisco han hecho más de 37 acciones militares en lo que va del 2019.
Al otro extremo del país, el departamento de Nariño presenta uno de los panoramas más críticos. Además de facciones armadas ilegales como el disidente frente de las Farc conocido como “Oliver Sinisterra”, el ELN ha llegado a la región disputando las rutas de armas y de drogas por el Océano Pacífico. En el Chocó, aunque tienen una gran desventaja respecto a las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo), la guerrilla ha logrado entrar al escenario de guerra con los frentes Che Guevara y Resistencia Cimarrón. La ocupación de los principales departamentos fronterizos del país le está permitiendo al ELN manejar las zonas que concentran la industria del carbón, petróleo, metales preciosos y reservas madereras.
Un grupo con una presencia amenazadora en la heterogénea geografía colombiana está cooptando cada vez más territorios. Con 54 años de historia —y contando— su desaparición o desmovilización no está cerca. Los réditos económicos que generan las actividades criminales a las que se dedican le permiten continuar en pie de guerra. Así mismo, han sabido adaptarse a los embates de la fuerza pública y otros grupos armados ampliando sus alianzas, replanteando su estrategia militar, cooptando territorios tradicionalmente olvidados por el Estado y reclutando personal tanto colombiano como venezolano para su sostenimiento militar y económico.
Este problema aún es más complejo con el parón a las posibilidades de diálogo con el gobierno colombiano. Si bien durante la presidencia de Juan Manuel Santos se habían adelantado hasta el 2018 las negociaciones de paz sin un avance concreto. El gobierno uribista cerró definitivamente la puerta con el ELN ante injustificado y cruento atentado hecho a la Escuela General Santander, el cual se suma a la lista de los cientos de atentados y ataques está guerrilla ha hecho en contravía a la paz de Colombia.
