Hemos vivido recientemente dos fenómenos encadenados: una pandemia global (2020) y un estallido de carácter nacional con énfasis en las ciudades y las regiones (2021); además, la vida social, pública y política ha estado buscando reactivarse, tratando de establecer otros marcos que preserven la existencia; esto requiere nuevas estrategias de convivencia, cambios institucionales necesarios, maneras inéditas de establecer vínculo desde los territorios y eso implica ponerse de acuerdo sobre la ruta de país.
Los antecedentes de ese proceso que hoy vivimos, en el cual no es tan fácil avanzar porque se evidencian desencuentros políticos profundos, indican que al cerrar la segunda década e iniciar la tercera del siglo XXI, se vivían situaciones radicales como quiebra de pequeñas empresas, disminución de productividad en el campo, afectación a las estructuras ambientales de las regiones que generaban gran incertidumbre de continuidad de la vida y malestar ecológico, problemas de asistencia y seguridad alimentaria, situaciones muy enraizadas de violencia familiar y social, crecimiento de las economías ilegales y de mafias capturando las instituciones y los territorios. También se reportaba una gran desconexión entre lo urbano y rural, una inflamación de las ciudades y un abandono del campo; una sensación de crisis económica entre las mayorías de la población que además se vieron muy lejos de ser cubiertas por los servicios sociales, especialmente de la salud y el acceso a la educación y el empleo para la juventud. Así venían las cosas.
La sociedad ha demandado y optado por cambios profundos, centrados en rectificaciones frente a la exclusión y la violencia
Los dos acontecimientos, primero la pandemia y después el estallido social, radicalizaron esos rasgos, asociados a un déficit generalizado de salud mental y de los sistemas públicos de protección y de solidaridad en el país. En las primeras de cambio la sociedad en su conjunto, en buen momento, ha tenido la sensación de replantear integralmente la existencia, ha demandado y optado por cambios profundos, centrados en rectificaciones frente a la exclusión y la violencia, entendiendo que se trata de emprender un camino de reactivación, pero con el precepto de transformar la vida en común y de cuidarla entre todos y todas.
Así han surgido iniciativas recientes para reformar la salud, la educación, las condiciones laborales, para fomentar la protección de nuestros entornos naturales y nuestras capacidades ambientales de pervivir adaptándonos a los efectos del cambio climático. Se han buscado alternativas para afrontar el duro choque social con medidas de reconciliación, orientadas a reparar la fractura de país, instalando nuevamente las certezas básicas para establecernos, movilizarnos, producir, consumir y vincularnos en términos ciudadanos. Sin embargo, la economía se ha estabilizado solo para algunos sectores, las mayorías siguen con gran déficit para acceder a la actividad productiva, los conflictos cotidianos a nivel familiar, vecinal, comunitarios, no se canalizan en un porcentaje significativo; prestaciones sociales como los servicios médicos, la calidad de la educación, la reactivación del campo, la asistencia y seguridad alimentaria, la sostenibilidad de los numerosos emprendimientos que buscan crecer, no logran anclarse como realidades arraigadas y todo, desde los aspectos más privados, hasta los asuntos de mayor interés, siguen en disputa constante. Así, los factores de esperanza y seguridad integral se estancan y las políticas van más lento que los síntomas.
¿Por qué sucede esto?, ¿de quién es la responsabilidad?
Es complejo tener una sola respuesta al respecto; sin embargo, en medio de la situación de crisis hay dos elementos constatables en estos momentos: primero, hay unas minorías políticas con gran capacidad de cooptación de las instituciones en las cuales se toman las decisiones y de los mecanismos de comunicación social que validan la opinión pública respecto al interés general; estos sectores son reacios a los cambios porque afectan sus privilegios y posiciones preeminentes en el ámbito de los intereses económicos y políticos; segundo, tenemos en la complejidad de nuestras formaciones sociales y comunidades de pertenencia, la enfermedad de la amnesia, se nos olvidan las experiencias de sufrimiento colectivo de larga y corta duración, y por esa razón dejamos que se nos manipule; olvidamos esencialmente la necesidad de un cambio profundo en las instituciones del país, olvidamos los caminos para encontrar respuestas a las viejas y nuevas preguntas de la vida en medio de una coyuntura de demandas de subsistencia planetaria que nos incluyen.
¿Cómo abordar esta situación? Toca insistir en las reformas territoriales y sociales, enfrentar el ethos corrupto que no nos deja avanzar en la toma de decisiones democráticas, corresponde abrazar la protección de los bienes comunes y no olvidar los caminos errados que nos han traído hasta estos tiempos de impases, para que la reactivación no signifique más de lo mismo, el mismo perro con distinto hueso, sino verdaderas y palpables transformaciones. Necesitamos que no se nos olvide la urgencia de modificar las inequidades, injusticias y autoritarismos que nos siguen rondando.
