Quisiera poner en conocimiento la siguiente experiencia vivida para de esta manera ilustrar el acoso a que estamos siendo sometidos los ciudadanos, ya sea por la legalidad del Estado o por la ilegalidad de la delincuencia. El sábado 12 de abril pasado en Cali, en la mañana, iba en el carro particular con mi señora, con su hermana y su hija recién llegadas de Bogotá. Estábamos en la autopista sur-oriental en el cruce para coger la calle 25 cuando de repente dos motociclistas, a la vista de todos los que hacíamos el pare del semáforo, empezaron a atracar a las personas que iban en una camioneta. Uno de ellos se hizo al frente del vehículo afectado, cortándole así la posibilidad de escape mientras el otro delincuente, por las ventanillas del lado izquierdo, arma en mano, despojaba a los pasajeros de sus pertenencias. Al inicio el asunto parecía un acto intrascendente, el señor de la moto de adelante nos miraba sin ningún temor, más bien con osadía y nosotros mirábamos el hecho ignorantes de que era un atraco. Cuando el semáforo hizo el cambio de luz y los demás carros comenzaron a pitar, los motociclistas salieron raudos como un tiro y se desaparecieron de la escena. Mientras tanto todos quedamos fríos y atónitos de la sorpresa e indignados de saber que todo se había consumado en un minuto sin que nadie pudiera hacer nada y que un atraco tan infame se pudiese camuflar en la cotidianidad que nos abruma.Partimos del lugar dejando a los ocupantes de la camioneta llorando ante los hechos del suceso pero resignados y agradecidos de no haber perdido la vida en los mismos y vanagloriándose, con el consuelo de los tontos, de haber reaccionado rápido en la entrega de todos los bienes materiales que tenían.
Durante un largo trayecto del viaje permanecimos mudos, dentro del carro no se escuchaba ni siquiera el ruido del motor pues el temor de ver otra moto, una bicicleta o hasta un simple peatón daban la impresión de que querían de pronto ocasionar otro atraco, cuando pudimos hablar no dábamos crédito a lo sucedido y solo atinamos a expresar la suerte que no hubiera sido con nosotros. Luego, cuando llegamos a nuestro apartamento, para rematar el día, recibimos en la portería un sobre que contenía una foto-multa de la Secretaria de Transito de Cali por una infracción por exceso de velocidad porque el domingo 6 de abril en la avenida Roosevelt. Dicen que iba a 71 kilómetros de velocidad cuando el límite es de 60, haciéndome por ello acreedor a una multa de $308.000 pesos más los costos de papelería o el 50% de la misma si hago un curso en los siguientes 11 días hábiles después de recibida la notificación por correo, o, si no estoy de acuerdo, debo ir a la oficina del Tránsito ubicada en Salomia e iniciar el trámite de impugnación, eso sí llevando las pruebas para controvertir las que el Transito tiene en contra mía, un par de fotos donde se ve mi vehículo al lado de otros dos, con la vía casi desocupada pero que dice que el mío va a esa velocidad
¿Cómo se contraviene un hecho sustentado en una foto que parece más una suposición que una certeza? Analizando la situación, queda uno molesto y rabiando de que las cámaras que hay en Cali estén más para apremiar a los ciudadanos que en un momento dado nos descuidamos o relajamos conduciendo un vehículo pero sin poner a nadie en peligro o en riesgo, siendo entonces sancionados para que así nos amoldemos a la cantidad de normas, límites y trabas que poco a poco le han ido imponiendo al hecho de tener y conducir un vehículo en Colombia, y no para atrapar a los ladrones que pululan por todos lados y que las más de las veces son individuos provenientes de nuestras fuerzas del orden o policías, hay que aceptar que esto no solo está ocurriendo en nuestra ciudad, es en general en todo el país, no tenemos derecho a la tranquilidad, a la seguridad y menos a la indulgencia. Tener cualquier bien en Colombia es sinónimo de riesgos, convivimos con tantos resentidos sociales que la única manera que estos encuentran de vengarse contra la sociedad es atacando al más débil de la cadena, o sea al ciudadano del común, no solo porque te vuelves visible ante los delincuentes, sino que el Estado en manos de una dirigencia inescrupulosa y habida de riquezas terrenales nos ha identificado solo como objetos de despojo o de ordeño permanente de nuestros escasos recursos y no como sujetos de una sociedad equilibrada y justa con deberes y derechos.
Al final me decidí por pagar y no por controvertir la prueba aunque tenía razones para hacerlo, pues aunque esta decisión me cuesta plata, por el otro camino me cuesta plata, tiempo, reunir testigos y pruebas para refutar y controvertir unas pruebas etéreas. Esto último lo digo en relación a los radares con que nos están midiendo nuestras faltas de conducción, se habla de que no son los más precisos, que tienen un margen de error que va del 0 al 10%, dependiendo de la marca y exactitud de los equipos, por lo tanto suponiendo, o conociendo como se hacen las compras en estas instituciones se puede asegurar sin llegar a equivocarse que los equipos que tienen no deben ser los más finos ni precisos del mercado, por lo que las cifras o promedios con que nos están sancionando son susceptibles de error y no son exactas; se supone que estos argumentos deberían ser el proceso que debería iniciar con el Tránsito para demostrar mi inocencia pero prefiero visualizar esta experiencia por un medio de comunicación tan prestigioso y de este modo poder obtener una respuesta que nos beneficie a todos, pues la cruda realidad es que las autoridades han tomado el camino más fácil que es el de irse contra el ciudadano del común, el cual paga con multas las ineficiencias y las inoperancias de los funcionarios públicos.
Decidido entonces a hacer los trámites para cancelar la multa, en la multa me dicen que me debo presentar en las oficinas del Tránsito de Cali en cualquiera de sus diferentes direcciones, voy primero hasta la sede de la 14 del Valle del Lilli y allí un guarda me dice sucintamente que ese servicio ya no se prestaba en esa oficina, voy entonces a la de Jardín Plaza y allí me remiten a la calle 6ª con 41, que corresponde a un CRC o centro de atención de carácter privado, pues según nuevas normas estos trámites se delegaron en instituciones de carácter privadas para realizar una labor que corresponde al Estado. Es tan grande el negocio o el nuevo filón que han encontrado con estas acciones o multas que cuando llego me encuentro con un tumulto de gente sancionada por un sinnúmero de infracciones de toda índole, en esos días tuvimos primero que peregrinar por las oficinas del Tránsito para enterarse que era ahora de otra manera y en otro sitio y que debíamos resignarnos a perder el resto del día para poder hacer el curso, obtener el descuento y de allí partir al banco a consignar, al fin de cuentas, como somos sujetos de segunda no importa las sanciones infundadas, las colas interminables ni las molestias e incomodidades que nos ocasionen. El trato que como ciudadanos estamos recibiendo no se compadece con la cruda realidad que estamos viviendo en este país, no podemos equivocarnos o descuidarnos porque inmediatamente nos sancionan en vez de orientarnos o educarnos, mientras que paralelamente en el día a día convivimos con el temor a la delincuencia de tener, de salir, de vivir, y que se incrementa ante la manera en que la autoridad se ha confabulado para sancionar y no para prevenir o prohibir el delito que nos acosa por todos lados.
