El fenómeno de los asesinatos contra defensoras de derechos humanos, territoriales, medioambientales, étnicos, civiles, políticos, etc, ha hecho parte de las historias del conflicto colombiano en las que no solo se involucran los actores ilegales, sino también sectores político-militares del Estado. El acallamiento de estas voces es parte de un modo de gobierno-Estado que ha imperado durante los 200 años y más de la era republicana. Es decir, dejar acéfalas las comunidades, arrancándole sus referentes, es parte de las lógicas del poder que desde las colonias ha posicionado unas clases dirigentes. No por nada la duración del conflicto parece abrazar muy fuertemente unas clases políticas y económicas que se consolida en la guerra y ante la emergencia de nuevos conflictos, paradójicamente luego de acuerdos de paz. En este sentido, toda voz que les resulte retadora, autónoma y alternativa es reprimida, en tanto afecta sus intereses económicos y políticos. De esta manera, coinciden estos asesinatos históricamente con luchas libertarias de las comunidades y pueblos. Además, la línea del color en estos asesinatos se ha mantenido. Los rostros de los asesinados y desterrados de la guerra y de la paz son principalmente indígenas, afrocolombianos y campesinos hasta hoy.
Actualmente, asistimos a una ola de asesinatos contra líderes sociales, ambientales, políticos, étnicos, humanistas; recrudecida, como se esperaba, en un gobierno rodeado por una clase podrítica caracterizada por grandes escándalos de corrupción, criminalidad y violencia. Así lo evidencian diversos diarios nacionales e internacionales. Además, vale señalar, que esta clase política y económica constituye y se relaciona con la tenencia de tierras, empresas palmicultoras, sector ganadero, la explotación salvaje de recursos naturales, grandes contratistas, etc, asociados en muchos casos con los grupos armados ilegales que asesinan y destierran a las comunidades. Como se ha señalado, procesos históricos para gobernar y explotar. Entre el gobierno de Santos y Duque, una vez logrado el proceso de paz con las Farc, van 702 líderes sociales y 135 excombatientes asesinados. En el gobierno de Duque van 236 asesinatos contra líderes sociales. El informe de IndePaz y Marcha Patriótica revela que:
“De los 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, la mayoría pertenecían a minorías y comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo, 499 víctimas de homicidios han sido líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales. Los crímenes también tendrían una relación con la construcción de género. De los 702 asesinatos registrados, 604 víctimas fueron hombres y 98 mujeres”.
También, aunque el Estado-gobierno niegue las atrocidades cometidas y su sistematicidad, cada vez se multiplican las circulares de amenazas a estos sectores alternativos, sociales, culturales, ambientales y políticos, por parte de grupos al margen de la ley y relacionados con el Estado en algunos casos sin que se logren garantías mínimas para resguardar la vida y que el Estado, a través de sus instituciones, logre mostrar la voluntad política para controlar el territorio y detener el accionar bélico de estos grupos. Recientemente, líderes comunitarios de Consejos Comunitarios Afrocolombianos (Consejo Comunitario de Comunidades Negras de La Toma; Consejo Comunitario de Mesetas y Palenque por los Derechos Humanos) fueron amenazados con ultimátum de 72 horas para salir de sus territorios por parte de las llamadas Águilas Negras. Reitero, veo con muy malos ojos y con suspicacia que el Estado se mantenga en la negación y además se declare incapaz de proteger a las lideresas sociales.
Esto constituye un “vía libre” para los grupos al margen de la ley en sus accionares del terror. Además, llama la atención que las amenazas tienen un señalamiento contra “quienes se oponen al desarrollo”. De ahí que se pueda colegir las grandes asociaciones del conflicto, el destierro y los asesinatos con los grandes proyectos de “desarrollo” que el mismo Estado intenciona para estos territorios y comunidades, obviando la posibilidad o capacidad de autodeterminación de las comunidades en perspectivas del reconocimiento de sus ideas de vivir sabroso, que no de desarrollo y progreso, la necropolítica. El gobierno actual ha desplegado una agenda de la mendicidad “en pro del bloqueo contra Venezuela y contradictoriamente en pro de la atención a la población desterrada generada por el mismo”. Del mismo modo, aunque su agenda es guerrerista, apela a la comunidad internacional para pedir recursos para la implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, el accionar político ha sido “hacer trizas los acuerdos”. El cinismo de la necropolítica.
Finalmente, quisiéramos pensar que es un fenómeno nacional, meramente. Sin embargo, nos encontramos en el marco de una crisis global que está produciendo grandes reconfiguraciones del orden mundial. Esa reacomodación históricamente se han bañado en la sangre, la explotación y el dolor de los desterrados de la tierra, pueblos del sur-sur, con sus rostros y pieles. Así se vive el genoetnocidio (también, ecocidio) en Brasil, Colombia y en el Mediterráneo, por citar tres ejemplos. No creo que sea una casualidad que las personas ahogadas, asesinadas y desterradas sean pigmentadas. Empero, los pueblos del sur-sur no podemos ser ajenos a este nuevo orden. Nuestra lucha debe escalar conversacionalmente en los planos globales, nacionales y regionales. Llena de impotencia y resulta desgarrador, leer o escuchar a una lideresa como Yanet Mosquera Rivera decir: “yo sé que me van a matar”.
Asimismo, llama la atención que en muchas entrevistas nuestras lideresas hablen de la soledad en la que se encuentran. No puede ser posible que símbolos de las luchas ambientales, feministas, territoriales, étnicas, civiles, humanas, por tomar algunos ejemplos, Lisifrey Arará, Erley Ibarra, César Cerón, Luis Armando Vargas, Victor Hugo Moreno y Francia Márquez sean amenazadas y atenten contra sus vidas, sin que el pueblo colombiano en general, en principio, y el pueblo afrocolombiano, en particular, salgan a tomarse las calles, redes sociales, armen guardias feministas, guardias cimarronas, hagan especiales televisivos, medios académicos y audiovisuales, producciones musicales, etc, para detener tales magnicidios. Tenemos hoy plataformas desde las cuales podemos evidenciar nuestra inconformidad y rebeldía contra el status quo. La indiferencia es una gran aliada del Estado criminal y los grupos al margen de la ley.
El miedo también puede ser un arma contra la indiferencia. Las hermanas que arriesgan sus vidas por un vivir sabroso no carecen de miedo, no son infalibles, les duele también el distanciarse de sus familias, son padres y madres, aún así ellas se enfrentan a las máquinas criminales del desarrollo con miedo. Madiba nos enseña que “el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre (y la mujer) valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista el miedo”. De manera que, la invitación de esta nota no es para hacer imposibles sino para implementar las posibilidades que tenemos en nuestras manos. Solo hagamos lo que podemos hacer, nada más. Pero no nos refugiemos en la indiferencia. Ella mata. Ojalá a las lideresas no las mate nuestra indiferencia y que vivan en dignidad porque hayamos conquistado nuestros miedos.
