Toda sociedad democrática debiera proscribir ciertas formas de hacer oposición, como la que están empleando los fondos privados de pensiones ante el proyecto de ley mediante el cual se pone fin a sus privilegios. A falta de mejores argumentos, sus representantes se han dedicado a tergiversar las propuestas legislativas presentadas por el gobierno sobre el particular.
En sus discursos de campaña, Petro desempolvó el cúmulo de problemas que pesan sobre dicho régimen, entre los cuales el más grave tal vez sea el de la exclusión que pesa sobre tres millones de personas que por razones de edad debieran estar pensionadas, pero carecen de tal beneficio porque su vida laboral estuvo preñada de obstáculos tan graves como el de nunca haber podido contar con un empleo estable ni con la correspondiente seguridad social, lo cual es causa de que tantas personas arriben a la edad exigida sin cumplir el requisito de las semanas de cotización.
Semejante causa imposibilitante del derecho pensional sería digna de inclusión en un memorial de agravios, pues como parte que es de los derechos consagrados en la Constitución, el Estado debiera ser garante de su satisfacción, en lugar de dejar todo el esfuerzo en manos de los trabajadores.
Así lo entendió Petro, y en lugar de pasar de agache ante esa responsabilidad, resolvió afrontarla a través de una reforma pensional, a partir de cuya aprobación se comenzará a pagar mensualmente medio salario mínimo legal a esos desafortunados ciudadanos, que, para poderse garantizar el derecho a malvivir, han tenido que hacerlo a expensas de su familia, del rebusque o la mendicidad.
Quienes desconocen los términos de la reforma se preguntan cómo se financiarán los mayores costos derivados de ese pago. Para ello, la reforma da competencia exclusiva a Colpensiones para captar aportes de los trabajadores que devenguen hasta cuatro salarios mínimos, cifra a partir de la cual quienes ganen más podrán aportar en los fondos privados sobre el salario excedente a tal nivel. Esto generará flujos de caja suficientes para que Colpensiones pueda atender esta nueva responsabilidad, además del pago a los actuales pensionados y a los que se vayan pensionando después.
Esto significa que no habrá violación de derechos adquiridos ni expropiaciones y mucho menos robo a los trabajadores de sus esfuerzos de toda una vida. Lo que si habrá será un sistema verdaderamente garantista del derecho pensional y nuevas normas a las que tendrán que someterse tirios y troyanos.
Esta es una verdadera prueba de que estamos ante un gobierno realmente comprometido con los más humildes, grupo al que no pertenecen los pulpos financieros, dueños de tales fondos y responsables de estos pataleos.
