El escándalo que se desató a raíz de la acumulación de terrenos baldíos por parte de empresas multinacionales gracias a la asesoría legal de la firma Brigard & Urrutia, tiene en riesgo al exembajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, quien tendrá que responder en su condición de abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura. La magistrada Paulina Canoso, será la encargada de determinar si Urrutia tiene responsabilidad en la asesoría que su firma le prestó a las empresas Cargill y Riopaila Castilla para acaparar terrenos baldíos a través de una compleja red de sociedades (SAS) que se registraron en el exterior y con las que lograron hacerle el quite a la ley (160 de 1994) que prohíbe la acumulación de este tipo de tierras. La primera audiencia se llevará a cabo este 5 de diciembre y de encontrar responsable al exembajador Urrutia, podría ser objeto de sanciones como multas e incluso la suspensión y cancelación de su tarjeta profesional y la prohibición para ejercer como abogado en Colombia.
