La segunda mitad del año 2018 estuvo caracterizada en América Latina por las grandes movilizaciones sociales en reivindicación de una educación superior pública, gratuita y de calidad, donde los estudiantes y profesores de Argentina, Chile, México, Ecuador y Colombia fueron los principales protagonistas.
Evidentemente, la celebración de los 100 años de la reforma universitaria de Córdoba revivió el debate académico en cada centro de estudio frente al devenir de la educación superior en la región y su relación con la descompuesta democracia latinoamericana.
El debate académico dio paso al debate político por parte de los diferentes estamentos universitarios: sindicatos de docentes, trabajadores universitarios y estudiantes, quienes inicialmente en Argentina decidieron irse a cese de actividades académicas para exigir una mejor remuneración para la labor docente, mayor presupuesto para las universidades y oponerse a las políticas económicas neoliberales del gobierno de Macri.
La “gran marcha universitaria” a finales del mes de agosto en Argentina, fue solo el principio de lo que apenas un par de meses después sería el “gran paro nacional de la educación superior” en Colombia, donde después de 7 años de lo que representó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), se colocaba nuevamente en la agenda publica el debate político de la educación superior con los estudiantes al frente de las movilizaciones en todo el país y organizados en diferentes plataformas como: la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES), la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (FENARES).
El impacto que alcanzó en la opinión pública el despliegue del movimiento estudiantil en la marcha del 10 de octubre generó un viraje en las noticias que circularon en los últimos 3 meses por la prensa. Para los medios digitales, los periódicos, y sobre todo la televisión, fue imposible ocultar lo que estaba ocurriendo en las calles, viéndose obligados a brindar una amplia cobertura periodística a los diversos rostros de la protesta. Sin exagerar, me atrevo afirmar que fue el sentir ciudadano el que se abrió paso en la agenda de los medios.
Las negociaciones con el gobierno
Las masivas movilizaciones, la creatividad y diversidad de la protesta, el respaldo ciudadano, las presiones políticas de las directivas académicas de las Instituciones de Educación Superior (IES) y la madurez intelectual, política y el compromiso ético que demostraron los líderes del movimiento, generaron el impacto mediático y político suficiente para sentar al gobierno nacional en lo que se denominó: “mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior”.
Algunas exigencias iban encaminadas a saldar la crisis financiera y presupuestal acumulada por las IES por más de 25 años desde la promulgación de la ley 30 y que había generado un déficit que se tornaba insostenible y profundizaba las brechas de calidad entre las instituciones de educación superior. Este déficit acumulado en materia de inversión y funcionamiento se calculó por parte del Sistema Universitario Estatal (SUE) en más de 18 billones de pesos.
Por otra parte, las exigencias también contemplaban transformaciones en materia legislativa que se perfilaron desde un inicio para un mediano plazo, pero que en lo inmediato tenían que ser discutidas y agregadas a la agenda política del movimiento en el marco de la negociación. Estas transformaciones legislativas están encaminadas a la reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30 de 1992, la reforma del ICETEX y la derogación de la ley 1911 del 2018
Al mismo tiempo, los pliegos de exigencias de las diferentes plataformas estudiantiles y los sindicatos de profesores estaban compuestos de elementos comunes que permitieron por iniciativa de la UNEES conformar un frente amplio que canalizara los esfuerzos de cada uno de los actores en función de alcanzar los máximos posibles en el marco de las negociaciones con el gobierno nacional.
El pasado 14 de diciembre, los representantes de la educación superior alcanzaron un acuerdo con el gobierno nacional en el que el Estado se compromete a girar a las IES públicas un total 5.8 billones de pesos en materia de inversión y funcionamiento en el cuatrienio.
Además, se destaca que la mesa de negociación queda instalada de manera permanente por resolución ministerial para continuar los diálogos frente a los elementos legislativos de mediano plazo que se proyectan como las transformaciones estructurales que desbordan lo coyuntural e implican una evaluación académica más profunda y una presión política que se tornen tan masivas como las del 2018.
Juicios de valor y perspectivas del movimiento
A pesar de que los acuerdos alcanzados no saldan por completo las necesidades acumuladas por las IES públicas, si representan el mayor avance de los últimos 20 años del movimiento estudiantil en Colombia y además, junto a los acuerdos de paz son el compromiso más importante que ha realizado en las últimas décadas el Estado Colombiano en materia presupuestal con el movimiento social.
En el tintero queda la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma de la ley 30, la derogación de la ley 1911, el replanteamiento del programa “Generación E”, la reforma del Sistema General de Regalías y la transformación de Icetex y Colciencias, los cuales son debates que han quedado anclados a la mesa de negociación decretada como permanente por el Ministerio de Educación Nacional y además, representan la hoja de ruta del movimiento estudiantil para avanzar en la consecución de una educación superior pública, gratuita y de calidad.
Asimismo, el movimiento estudiantil ha logrado mayor cualificación en el debate, mayor experiencia en negociación y mayor capacidad de organización y movilización, lo cual en términos concretos servirá para asumir las luchas venideras de manera más asertiva y con mayor madurez.
Los estudiantes y profesores han estado a la altura de las expectativas, esperemos que se puedan realizar en las diferentes asambleas universitarias la pedagogía necesaria para hacer las valoraciones políticas que trae consigo el momento histórico.
Si bien es cierto que todo acuerdo genera críticas, estas no pueden estar fundamentadas en elementos irracionales y dogmáticos que generen divisionismo al interior del movimiento estudiantil, debido que la coyuntura que se avecina necesita de la unidad para afrontar la gran tarea del referendo por la educación superior donde se convoque a la sociedad en general a asumir ese mecanismo de participación ciudadana como una herramienta importante para reformar la constitución y hacer realidad el sueño de una educación superior como derecho fundamental.
