Es bien sabido que en las últimas semanas Ecuador y Chile han vivido descomunales momentos de efervescencia y lucha ciudadana. Donde cada caso ha tenido su propio “florero de Llorente”: mientras en Ecuador, el desmonte del subsidio a los combustibles (exigencia del FMI [i] al gobierno de Lenin Moreno) hizo despertar a los ecuatorianos; en Chile fue el cuarto aumento del pasaje del metro de Santiago en menos de 2 años que, aunque desestimado a los pocos días, dio tiempo suficiente para que los chilenos canalizaran su rebeldía ciudadana en contra del fondo real del asunto: “No es por los 30 pesos del pasaje de metro, sino por 30 años de recortes de salud, educación, pensiones, etc” [ii]. Treinta años sometidos al más crudo neoliberalismo.
A pesar de que los motivos por los que se da esta lucha en ambos países son bastante distintos, lo cierto es que estos tienen un detalle muy importante en común: tienen la mira puesta en las políticas retardatarias impuestas por la OCDE [iii] y el FMI; organismos “multilaterales” a través de los cuales las superpotencias —particularmente Estados Unidos— dictan la política socioeconómica de las naciones más atrasadas, entre ellas Colombia, que no está fuera del radar de estas instituciones.
¿Qué está pasando y qué viene para Colombia?
La aplicación a rajatabla de la “apertura económica” a partir de la década de 1990 ha dejado en Colombia un resultado desastroso: un capitalismo raquítico con un producto interno bruto per cápita de U$6400, el desempleo y la informalidad alcanzando una escandalosa cifra del 70%, una situación de extendida y profunda corrupción, ser uno de los países más desiguales del mundo (sólo superado por naciones africanas muy pobres) y el sistemático remplazo que se viene ejecutando del agro y la industria por la minería.
Ahora bien, debe ser remarcado que la principal responsabilidad de esta situación recae sobre los mandatarios colombianos de los últimos 30 años, por tal motivo no es de extrañar que el mandatario actual goce de un nivel de desaprobación (69%) que haya sido catalogado como el más alto en los últimos 24 años, desde que el expresidente Andrés Pastrana registrara un 67% de desaprobación.
Iván Duque y su gabinete ministerial abrazan deliberadamente y sin cuestionar, políticas auspiciadas o “recomendadas” por la Ocde y el FMI, políticas que, siendo vagamente francos, son un auténtico fracaso y una pesada ancla al subdesarrollo para los países latinoamericanos.
Ya en más de una ocasión el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha manifestado que el salario mínimo en Colombia es muy alto [iv]. Además, en entrevista reciente para el diario El Tiempo [v], la ministra de Trabajo, Alicia Arango, reveló la fórmula preferida del gobierno nacional para la reforma laboral: flexibilización laboral, diversificación del tipo de contratación, contratación por horas (part-time, fracaso rotundo en Estados Unidos) y salario mínimo diferenciado por regiones.
Cabe resaltar que estas políticas, que no son ninguna genialidad criolla, sino que provinieron en gran medida de los órganos ya mencionados (Ocde y FMI), ya se han probado como un absoluto fracaso; y además, debemos adicionarlas a los recientes informes de estos, en donde se dictan las siguientes “recomendaciones” para Colombia:
- Aumentar impuestos a las personas, ampliar la base del IVA, reducir impuestos a las empresas.
- Reducir aranceles a las importaciones.
- Revisar el salario mínimo, subir la edad de jubilación y el número de años trabajados para pensionarse.
A todo lo anterior habría que sumarle el vergonzoso escándalo producido por la muerte de 8 menores de edad en un bombardeo contra disidencias de las Farc en Caquetá, que desembocó en la renuncia (y posible moción de censura) del Ministro de Defensa, y que ha crispado aún más los ánimos de los colombianos.
Las condiciones están a pedir de boca y debemos actuar en consecuencia: ante un gobierno descuadernado, incapaz de proteger la vida de la población, que anuncia reformas en contra de la gran mayoría de gente buena de Colombia para satisfacer las exigencias de la Ocde y el FMI, y que en más de una ocasión ha actuado con lacayismo cerrero a favor de Estados Unidos; las personas y organizaciones de verdadero espíritu democrático y progresista debemos canalizar el gran sentimiento de indignación de los colombianos hacia la más amplia, pacífica y democrática movilización: ¡El 21 de noviembre nos vemos en las calles!
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[i] Fondo Monetario Internacional.
[ii] Lo que esconde el modelo chileno
[iii] Organización para la Cooperación y desarrollo Económicos.
[iv] Ministro de Hacienda reiteró que, para él, el salario mínimo en Colombia es muy alto”
[v] Ministra de Trabajo revela bases de la reforma laboral
