‘Lo que mal empieza mal acaba’. Eso es bastante más cercano a la realidad respecto a la Constitución de 1991 que los titulares y las declaraciones que dicen que debemos festejar sus resultados.
Nació con la supuesta séptima papeleta que nunca existió, pero a la cual dieron realidad virtual los medios de comunicación hasta llegar al punto que la Corte Suprema produjera la sentencia según la cual abandonaban su función de proteger la Constitución porque supuestamente los ‘hechos políticos’ los relevaban de esa función. Nada nos asombran desde entonces los titulares que casi nunca coinciden con la realidad y nos volvimos un país manejado por periodistas que sin responsabilidad ninguna asumen las funciones de la Justicia, marcan la agenda que acaba siguiendo el Legislativo, y deciden mediante presiones sobre el Ejecutivo lo que éste debe cumplir. Cuando las encuestas muestran el escepticismo de la población ante todas las autoridades y ante todas las promesas que les hacen, lo que realmente sucede es que intuyen que las noticias son solo maneras de manejar los intereses de quienes las producen o de quienes son los dueños de los medios donde se presentan: escándalos que les permiten subir el ‘rating’ y ‘denuncias’ o ‘revelaciones’ con los que sirven a quien bien les sirve.
Fue llamada la ‘Constituyente de la Paz’. Pero cuando ya se había producido el fin de la Cortina de Hierro, derrumbado el muro de Berlín, y se suponía iban a comenzar las conversaciones para una salida política, el Gobierno Gaviria decidió bombardear a su comando central el mismo día de la elección para ese evento. Con eso eliminó cualquier posibilidad de salida diferente a la guerra y dejó sin más opción a la insurgencia que fortalecerse y aumentar su presencia.
Esto trajo como consecuencia mayores agresiones y extorsiones a los habitantes y empresarios del campo quienes montaron inicialmente grupos de autodefensa, que después se integrarían alrededor de un proyecto político de toma del Estado como fuerza paramilitar. A su turno esta ya sostenida y aliada con el narcotráfico (recuérdense las causas de la muerte entre hermanos Castaño) se dividió en nuevas guerras internas (v.gr. Arroyave comprando frentes para enfrentar a Martin Llanos). Y por solución se dio el refuerzo de las armas oficiales hasta tener el ejército proporcionalmente más grande y más costoso del mundo.
El supuesto mayor logro fue la tutela… ¡pero hay que saber a qué costo! Simplemente acabó con cualquier cosa que existiera como Justicia Ordinaria. Lo que debería ser un vehículo extraordinario para amparar en casos excepcionales el abuso del Estado contra el ciudadano llegó a convertirse en la única instancia de la ‘Justicia’ pero como único camino para resolver situaciones que deberían regularse mediante procesos administrativos. De 7 millones de casos la inmensa mayoría se repiten en Salud o Pensiones, como si no se pudiera reglamentar un trámite tipo para sanear ese problema. Se da la paradoja de que, como si los ciudadanos no tuvieran sino derechos fundamentales, todos los otros conflictos perdieron las instancias donde resolverse, hoy vivimos el absurdo de que una figura para proteger el individuo del abuso del Estado se usa incluso para que el Estado demande al privado por supuestamente —y quien sabe cómo— violar sus derechos fundamentales.
La Administración de Justicia se paralizó y la Corte Constitucional y en general la nueva estructura de las Altas Cortes —incluido el Consejo de la Judicatura— sufren el mayor desprestigio de la historia (probablemente con razón), aún mayor que cuando Álvaro Gómez declaraba que había que acabarlas porque eran el enemigo público número uno. Y los órganos de control se convirtieron en instrumento de guerra para que los titulares del cargo lo usen para defender sus personales convicciones en contra de quienes no comparten sus mismas creencias o no están en las mismas toldas.
Cuarenta y siete reformas en el periodo —promedio dos por año—
no han logrado corregir los enormes defectos
de un ensayo mal adelantado
Cuarenta y siete reformas en el periodo —promedio dos por año— no han logrado corregir los enormes defectos de un ensayo mal adelantado. Hoy todos —desde los presidentes de esa Asamblea hasta la insurgencia que se desmoviliza— coinciden en que se necesitan ‘ajustes sustanciales’, porque no han sido suficientes los cambios que se han hecho.
El gran logro de que se acabara la reelección presidencial desapareció con el argumento de que eso era solo un ‘articulito’, y con igual criterio de incluir en la Ley de Leyes decisiones de coyuntura se reversó ese paso; la participación democrática resultó un mito que nunca se ha aplicado, y repitiendo lo del ‘articulito’ se pretende cambiar el plebiscito según las necesidades inventando unas reglas aplicables a solo a un caso especifico.
Para no hablar de lo que realmente ha sido un fracaso—, sería por lo menos más honesto reconocer que han sido más las frustraciones que las satisfacciones que ha generado y no seguir pretendiendo que se festejen y aplaudan sus ‘logros’.
