No cabe duda que los asesinatos de líderes sociales y políticos en Colombia en los últimos años ha sido un asunto que ha estado en el punto de mira de la opinión pública colombiana y también de numerosos medios de comunicación, tanto nacionales como de alcance internacional. Ahora, estas protestas de la Minga, que supuestamente tienen como principales demandas la defensa de la vida, el rechazo a las masacres sistemáticas, la denuncia de la muerte de los líderes sociales y políticos de sus comunidades y la supuesta criminalización de la protesta social, vuelven a poner sobre la mesa estas cuestiones fundamentales en la sociedad.
Negar estos hechos nos les sustrae de la relevancia y la importancia que tienen en la vida del país, donde siguen causando zozobra, preocupación y sonrojo estos asesinatos que, casi siempre, quedan impunes. Ya en marzo de este año un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la situación en esta materia en el país es la peor desde 2014 y que el Estado colombiano no está cumpliendo su labor de defensa de lo que en ese país se conoce como el asesinato de "líderes sociales", muchos de cuyos crímenes considera ese informe tienen un tinte político.
En la misma línea, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia publicó, en uno de sus reportes trimestrales sobre la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que resultaba necesario que el gobierno de Iván Duque tomara medidas urgentes para evitar el asesinato de defensores de derechos humanos en el país. El reporte aseguraba que “los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos han continuado durante la pandemia, lo que vuelve a poner de manifiesto que es urgente adoptar medidas inmediatas y concretas para hacer frente a este problema".
¿Qué hacer para frenar estos hechos? En primer lugar, escabullir el bulto frente al problema, tal como está ahora haciendo el ejecutivo colombiano, practicando la política del avestruz, no parece que sea la solución, sino que se requieren medidas eficaces, prácticas y realistas para poner freno a este problema que está desacreditando gravemente la imagen de Colombia. Resulta realmente patético que uno de los asesores de mayor peso en este gobierno, Luigi Echeverri, se lanzará con un alegato histriónico lanza en ristre contra el diario español El País en defensa del ex presidente Uribe y también de Duque, negando muchas de las informaciones reales y veraces sobre la violencia en Colombia, que es una realidad cotidiana con la que conviven a diario millones de ciudadanos. Para ser un estadista, hay que estar bien rodeado y tener buenos escuderos, escuchar a todos, tener capacidad de diálogo, estar bien informado y poseer un alto grado de empatía con todos los actores y agentes de la sociedad civil.
En un país donde se presta protección a casi 9.000 personas, con el desmesurado despliegue de carros, agentes y esquemas de seguridad a muchas personas que realmente no lo requieren –y conozco muchos casos con nombres y apellidos-, me resulta inconcebible que no se le pueda dar la más mínima protección a muchos líderes sociales y políticos amenazados durante años. Una verdadera estrategia de seguridad no es nombrar decenas de altos cargos, comisionados y burócratas que responden a nombres rimbombantes pero que realmente nadie sabe de qué carajos se encargan, sino que debe conciliar en un binomio las verdaderas necesidades de la Nación y las capacidades del Estado para hacer frente as las amenazas a la seguridad pública. Este es no es un asunto de retórica y palabras huecas, algo que abunda con demasiada frecuencia en Colombia, es un aspecto fundamental y central que preocupa a millones de colombianos y que requiere agarrar el toro por los cuernos, dicho de una forma coloquial.
La Minga en el ojo de huracán
La denominada Minga, que agrupa a numerosas organizaciones y colectivos indígenas, reclama más protección para sus líderes, el derecho a vivir en paz, un territorio sin violencia, una auténtica democracia colombiana y escrutar la marcha del proceso de paz en Colombia, puesto en tela de juicio por muchos y que, dicho sea de paso, no ha dado los resultados esperados en términos de seguridad pública y de reducción de la criminalidad.
¿Actúa la Minga por espurios intereses políticos con el fin de desestabilizar el país y poner en aprietos al Gobierno de Colombia? Puede que haya algo de esas motivaciones en muchos de los líderes que dirigen un movimiento tan heterogéneo, diverso y plural como el que estamos escrutando, pero reducir el asunto solamente a ese aspecto es lo que se dice vulgarmente echar balones fuera y no poner el radar en el asunto que realmente preocupa, es decir, la seguridad pública. Luego está el malestar creciente de una parte de la sociedad que está sufriendo una de las más graves crisis sociales y económicas de la historia de Colombia, algo que no se puede negar y que está golpeando duramente a los sectores más vulnerables, incluidos los indígenas.
Finalmente, y como reflexión final, la pretensión de que la dirección de este movimiento sea recibida por el presidente de la República tampoco parece desmesurada y una señal de debilidad, tal como pretenden algunos poniendo obstáculos y evitando la foto entre la misma y Duque. Por el contrario, si ese gesto ayuda a salvaguardar la convivencia cívica en las calles colombianas y sirve como un primer paso para buscar soluciones al acuciante problema de la violencia en algunas partes del país, ¿por qué negarse a escuchar a esos dirigentes y atender sus demandas aunque luego, como tantas veces ocurre, las mismas caigan en un saco roto? En estos dos años perdidos de viaje hacia ninguna por parte de este gobierno, que nunca concretó un verdadero proyecto de país, si algo se ha echado en falta es una mayor interlocución con la sociedad civil, un verdadero diálogo con los sectores que representan a los más vulnerables y haber respetado el programa que ofreció al país el presidente durante la campaña electoral, abandonado después a su suerte y defraudando a una buena parte de su electorado. Es hora de cambiar el rumbo y el presidente Duque todavía tiene tiempo para hacerlo porque, de no hacerlo, seguramente en las próximas elecciones ganará la opción política más nefasta que nos podríamos imaginar. La amenaza sigue presente, no lo olviden.
