A una directiva comunal del barrio Alfonso López le tiraron una bolsa con una rata putrefacta en la terraza de su residencia. A un candidato del popular San Francisco le han sacado más pasquines en estos últimos días que cartas recibidas en su vida, pasquines en los que lo calumnian injustificadamente por el éxito de sus gestiones sobre disminución de la estratificación y pavimentación de vías. A Edgar, Armando, Wilmar, Víctor y otros, candidatos en sus respectivos barrios de La Victoria, La Magdalena, El Campito, San Roque y el Carmen, le esconden el libro de afiliaciones de la acción comunal impidiéndolea que se afilien. Esto es apenas una pequeña muestra de lo que le está pasando a los miembros del Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla que aspiran a participar, a dos semanas de las elecciones de los organismos de gobierno de las Juntas de Acción Comunal de Barranquilla.
Las acciones comunales creadas por ley se instituyeron como uno de los primeros mecanismos de participación ciudadana en los aspectos que le afectan, antes de la Constitución del 91 que creó otros. Muchas veces han sido mecanismos por medio de los cuales las comunidades organizadas gestionan la solución de alguno de sus problemas más sentidos ante la autoridad competente: la construcción o el arreglo de una calle, un puente, un colegio, un puesto de salud, la vinculación de un maestro o un médico, la instalación de un SAI, etc. La dependencia encargada de su control y vigilancia --DIGIDEC-- tenía funcionarios en su mayoría imbuidos de su papel de asesores, que de buenas maneras atendían a los líderes de las comunidades y los acompañaban en sus proyectos. Recuerdo muchas capacitaciones de todo tipo orientadas por ellos y por sus formadores en los que ayudaban a los dirigentes barriales y a los habitantes en general a enfrentar los problemas comunitarios.
Pero de un tiempo a otro, la norma permite que ellas creen empresas que inician con comodatos oficiales y recursos del erario (como el manejo inmuebles públicos, el uso de los espacios públicos, de negocios comunales), la están convirtiendo en nidos de ambiciosos de poca monta y métodos mafiosos para el control de los mismos. Aparte de correas de transmisión de las campañas de políticos inescrupulosos y de negociados de los alcaldes de turno.
¿Qué está haciendo la Oficina de Participación Ciudadana para enfrentar los obstáculos de una verdadera democrática participación ciudadana? ¿Y la Personería Distrital? Aun cuando, según apreciaciones de los líderes arriba mencionados, no son precisamente los funcionarios de la oficina de participación los más adecuados para esta misión. La alcaldía de Char tiene mucho interés, al parecer, en controlar estas juntas en beneficio de una administración sin escollos y de las próximas campañas electorales para su grupo político.
@almamansa
