Los ocho políticos que decidieron presentar ponencia de archivo al proyecto de reforma laboral actualmente en curso no solo defraudaron a los electores que sedujeron con el cuento de defenderles sus derechos, sino que les propinaron sonora bofetada a los sectores populares, que desde 1991 vienen esperando la expedición del Estatuto del Trabajo.
Nuestra legislación laboral está necesitada de una actualización que la ponga a tono con los tiempos modernos. Y no nos referimos siquiera a los tiempos actuales, caracterizados por desarrollos de tan alto impacto laboral como el teletrabajo y la inteligencia artificial, sino a los de la aparición de la actual Carta Magna, que ordena al Congreso proceder a tal actualización.
Ha sido una larga espera, durante la cual el Congreso ha puesto oídos sordos a esta necesidad, pese a los intentos de ponerle fin, expresados por Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, entre otros congresistas del campo progresista. También ahora, las actuales mayorías del Congreso, atendiendo lo señalado por el gran capital, han demostrado ser más sensibles a estos mandatos que a las necesidades de quienes, para sobrevivir, dependen de su trabajo.
Por lo demás, el proyecto que está a punto de ser hundido ni siquiera es de naturaleza estatutaria. Escasamente, contempla la recuperación de algunos derechos que fueron recortados en anteriores reformas, sin que hayan generado nuevos empleos, y sí la profundización de la brecha existente entre ricos y pobres.
Lo anterior hace evidente el carácter engañoso del argumento de que esta reforma no crea empleo. A quienes esto dicen, debiéramos preguntarles cuántos puestos de trabajo se generaron con aquellas reformas del pasado y si reconocen que la disminución del índice de desempleo que hoy muestra el DANE es consecuencia del acertado manejo macroeconómico que se ha operado bajo el mandato de Petro.
Para que haya reformas que resuelvan realmente los problemas de los menos favorecidos, Gustavo Petro ha invocado el derecho ciudadano a manifestarse en consulta popular, lo cual representa una ampliación de la democracia, y tal llamado debemos acogerlo. Al fin de cuentas, es al pueblo al que le corresponde definir su destino cuando el Congreso, olvidando su obligación, se postra a los intereses de las minorías dominantes, que son contrarios a los del pueblo.
Y como preámbulo a la consulta, hay que salir a la calle como lo reclama el mismo Petro, así este llamamiento sea presentado como un llamado a la violencia. Nuestra historia enseña que la violencia no es creación del pueblo, sino su respuesta a la que se ha ejercido contra él desde las alturas del poder oligárquico.
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