El pasado 15 de julio de 2020 se consumó el desplazamiento forzado de 93 personas que habitaban el sueño de la Aldea de Paz Román Ruiz, ubicada en las estribaciones del Nudo del Paramillo en el municipio de Ituango. Un grupo reducido en comparación con el que inicialmente se asentó en este territorio, pero que ha resistido a todos los embates de la guerra por la paz, enfrentada hoy por quienes dejaron las armas. Cuando iniciaron en el 2017 las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) eran exactamente 265 soñadoras y soñadores entre guerrilleros, milicianos, indultados y amnistiados —sin contar sus nacientes familias con quienes la cifra pudo llegar a ascender alrededor de 600 personas—. Eran 265 oportunidades de construir familias de la paz, de vivir un mundo diferente al padecido por más de cincuenta años de exclusión y desigualdad.
A raíz de una nota de prensa publicada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el pasado 16 de julio, en la que con descaro y cándida desvergüenza se presenta una suerte de realidad alterna a la acaecida en Ituango, se hace necesario establecer en el escenario público algunas realidades que se esconden bajo fárrago de palabrerías cosméticas.
La nota de la ARN se titula Traslado de excombatientes FARC-EP de Ituango a Mutatá, concluyó exitosamente: gobierno. De entrada, el título parece estar celebrando el cumplimiento de un plan de fechorías para hacer valer ciertos intereses; ya habrá tiempo de ocuparnos de planes y conspiraciones, primero ocupémonos entonces de la primera palabra con la que se enmarca el discurso maquillado (maquillado como payaso valga decir) del gobierno: traslado.
Trasladar, para la Real Academia Española (RAE), consiste en “Llevar a alguien o algo de un lugar a otro”. Una idea despojada de cualquier matiz político, social o económico, una simple acción que leída de manera desprevenida parecería hasta voluntaria. Pero contrario a ese aroma sutil que se le quiere poner a la situación, lo que realmente emana es un hedor a incumplimiento de lo pactado. Una definición más apropiada, que refleja mejor la realidad de los hechos menciona otro concepto un poco más descarnado, podríamos tomarla del Banco Mundial: “El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos” [1]. O de la Ley 1448 de 2011, que dice se entenderá “(…) víctima de desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas(…)” [2]. O la definición de la historiadora e investigadora del conflicto Marta Inés Villa, quien afirma que “el desplazamiento forzado interno es la manera como internacionalmente se ha nombrado una forma particular de éxodo: aquella que ocurre dentro de las fronteras del territorio nacional y que está motivada por (…) diversas formas de persecución, amenaza o agresiones (…)".
Aunque las cifras a veces pueden llegar a ser frías y vaciar de contenidos tragedias humanas, aquí, en esta situación, son hechos irrefutables: 12 exguerrilleros asesinados después de la dejación de las armas en Ituango; más de 100 personas asesinadas en el municipio desde el 2017; al menos 3 amenazas colectivas para quienes habitaban el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Román Ruiz; al menos 5 desplazamientos forzados masivos desde la firma del acuerdo; más de 90 excombatientes desplazados individualmente por amenazas a su integridad. Todas ellas denuncias documentadas y dadas a conocer a las autoridades correspondientes, mediante las instancias creadas por el acuerdo de paz para tal fin. Las cifras son dolorosas e ilustran una tragedia que no es un traslado o una reubicación voluntaria como lo quiere hacer pasar la ARN del gobierno Duque. La realidad de los excombatientes de Ituango, despojada de maquillaje, es la definición pura del desplazamiento forzado, y no se puede titubear en decirlo, pues ello alimenta la tesis central de las FARC, “sin solución a las causas estructurales del conflicto no se puede hablar de paz”.
Hasta aquí hemos tocado solo el encabezado, sin embargo la nota de la ARN no para ahí sus mentiras, comienza diciendo: “Son 93 personas, incluidas las familias, trasladadas con plenas garantías de protección y bioseguridad”. ¿Plenas garantías de protección?, ¿acaso no salta a la vista que precisamente la falta de garantías de protección obligó a los excombatientes a desplazarse de manera forzada a Mutatá?, ¿qué tiene de plena garantía tener que desarraigarse de un territorio donde se soñaba establecer una aldea de paz? No señores de la ARN, no se trata de las plenas garantías, mejor todo lo contrario, es un caso de un estado inconstitucional de cosas donde los derechos fundamentales empezaron a ser vulnerados desde el primer momento de la dejación de armas.
Luego sigue el delirio paranoide de la ARN, un cuento de ficción donde sus gestiones son impecables:
De manera exitosa, con plenas garantías para su movilización y seguridad, culminó hoy el traslado concertado de 93 excombatientes de las FARC y miembros de sus familias, del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Normalización, ETCR de Santa Lucía, en Ituango, hasta dos predios adquiridos por el gobierno en el municipio de Mutatá, Antioquia, donde continuarán su proceso de reincorporación.
Con el cinismo que da estar en el poder repiten hasta el cansancio la palabra éxito como si no se tratase de una tragedia de desarraigo. No paran ahí. La contumelia continúa con la afirmación de que el gobierno nacional ha adquirido dos predios en Mutatá: falso. Los excombatientes llegaron a dos predios que están en calidad de arriendo por parte de la ARN, sin tener certeza de por cuánto tiempo, bajo la ilusión vana de que en algún momento la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podría comprarlas y luego transferirles el dominio. Misma ilusión que vendieron por los más de tres años en que los firmantes de paz permanecieron en Ituango, sin que a la fecha exista una sola cuarta de tierra comprada allí. Lo anteriormente dicho, desnuda que, de algún modo nunca ha existido intención de generar arraigo en los exguerrilleros, ni mucho menos permitirle construir territorio con las comunidades que también están ávidas de reincorporarse a la sociedad colombiana que tradicionalmente las ha excluido. Hoy la única intención de compra de tierras que existe es la de los exguerrilleros que se han dado a la tarea de tocar las puertas que sean necesarias para lograr un préstamo que les permita arraigarse y superar la incertidumbre de la desposesión.
Pero como si no fuera suficiente, continúa el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila: “Con tranquilidad les podemos decir a los colombianos que un proceso tan bien articulado como el que ha culminado hoy, ha llegado a feliz término”. ¿“Tan bien articulado” con quién?, ¿con los actores armados que desplazaron a los exguerrilleros? Venderles tranquilidad a los colombianos con este acontecimiento es tanto como pretender desconocer el conflicto armado (tesis ya bastante acentuada en el actual gobierno); despachar tranquilidad ante la situación es negar precisamente que como sociedad estamos teniendo una derrota, y es no poder lograr que quienes dejaron las armas puedan reincorporarse y construir territorios de paz. Lo sucedido en Ituango devela la incapacidad nuestra como sociedad de darle solución a las causas que dan origen al conflicto. El habilidoso Archila, vendedor de humo profesional, intenta en cada intervención acallar el barullo de la perfidia que ha ido construyendo este gobierno, con la grandilocuencia de sus palabras diplomáticas y pasivas.
El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera instauró en Colombia una perspectiva de seguridad trasgresora de la visión militar que implicaba un entorno de circunstancias sociales, económicas y políticas donde fuera realizable la condición humana. Se trata del concepto de seguridad humana, una visión integral muy diferente a la doctrina de la seguridad nacional o la doctrina del enemigo interno, o a la seguridad democrática (antidemocrática); aun así, en un desconocimiento claro de los acuerdos, la ARN incluye lo siguiente en su nota:
El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército dijo que las Fuerzas Armadas mantendrán la protección a los excombatientes trasladados hoy. En el mismo número de hombres, el batallón que respondía por la seguridad en Santa Lucía, ha comenzado a operar hoy en Mutatá.
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”, dice una frase que algunos le atribuyen a Einstein y otros a Benjamin Franklin, sin que sea muy claro su origen. El gobierno nacional pretende hacer lo mismo que hizo en Ituango ahora en Mutatá; es decir, permitir que asesinaran excombatientes a escasos metros del ETCR, que los grupos paramilitares sigan campeando por todo el territorio haciendo control de la población, que las condiciones de vida del territorio se degraden a tal punto que la ilegalidad sea la única opción; es decir, no hacer nada por mejorar las condiciones de vida en el territorio, no hacer nada para garantizar el disfrute de los derechos humanos y los derechos fundamentales de la población. En síntesis, no hacer nada por implementar el punto 1 del acuerdo referente a la Reforma Rural Integral, que en buena medida tiene soluciones a las problemáticas más urgentes del territorio que permitirían la composición de una real seguridad humana. Finalmente, lo que se dice con esto, la lectura entre líneas arroja que el gobierno nacional no hará nada diferente con los firmantes de Ituango y que de manera testaruda insistirá en lo que no ha funcionado.
A lo largo de la nota se establece que todos los esfuerzos del gobierno son para garantizar su efectivo retorno a legalidad, es decir, no preocupa de ninguna forma la degradación de los territorios, o el avance de los grupos narcoparamilitares, ni mucho menos la implementación integral del acuerdo como es el mandato constitucional. Lo que genuinamente les importa es el desarme, es la pax romana, el silencio de los fusiles ajenos mientras los de ellos no paran de resonar en contra del pueblo (ver casos de asesinatos de campesinos en procedimientos de erradicación forzada). El discurso de la legalidad es la sutil manera de desconocer el acuerdo de paz.
Los verdaderos intereses sobre Ituango
En Ituango se quiere emplear la táctica militar de la tierra arrasada, se quiere sacar de allí todo lo que pueda ofrecer alguna resistencia a los planes de los empresarios, narcoempresarios y multinacionales; pero esto no es nada nuevo para este territorio. Desde la década del setenta cuando a algún ingeniero antioqueño se le ocurrió la grandiosa idea de embalsar el río Cauca a la altura de Ituango, el paramilitarismo floreció y se reprodujo incesablemente en la región, al punto que la historia de Hidroituango está indisolublemente relacionada con la historia del paramilitarismo. Esto se puede constatar en las múltiples investigaciones penales que hoy surten trámite (Masacre de la Granja, masacre del Aro, Caso de Luis Alfredo Ramos, entre otras muchas más -la mayoría de investigaciones duermen el sueño de los justos-), así como en la investigación llevada a cabo por la Corporación Jurídica Libertad, que dio como resultado el libro Colombia, nunca más: extractivismo – graves violaciones a los derechos humanos. Caso Hidroituango, una lucha por la memoria y contra la impunidad 1990-2016. Aún hoy, los intereses de Hidroituango exigen una población adormecida que no se oponga a sus prácticas en el territorio, pues ese megaproyecto necesita atraer la atención de futuros inversionistas que comprarán su energía y sus acciones en bolsa, por ello no vende mucho un lugar donde hay disputas sociales. Uno de los más beneficiados con la salida de los excombatientes de Ituango es, sin duda, Hidroituango que ya no cargará con el karma de tener excombatientes en su territorio.
Sin embargo, Hidroituango no es el único que se beneficia con la salida de los exguerrilleros, también están los intereses de múltiples banqueros de inversión que ahora podrán vender a mayor precio los múltiples proyectos mineros que ya están en el territorio. Aquí nos detendremos un poco porque son quizás los más beneficiados con la situación. Actualmente, en Ituango existen dos concesiones mineras a nombre de Cerro Matoso S.A., (expedientes B7005005 y B7006005 de la Agencia Nacional de Minería), empresa mundialmente cuestionada por sus vínculos con el paramilitarismo y actualmente condenada por la justicia colombiana por la degradación de las condiciones de vida de las comunidades étnicas donde opera en Córdoba; además de ser la dueña de la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente. Aparte de esta concesión, existen algunas más que sumadas se extienden en 5.221 hectáreas del municipio, correspondientes al 2% de la superficie del mismo. Es decir, existe una alta probabilidad de que se empiece a explotar una nueva mina de níquel a cielo abierto en el municipio de Ituango con todas las consecuencias sociales y ambientales que ya vivió el municipio de Montelibano en Córdoba.
Pero esto no es lo más preocupante, otros de los intereses que se verían beneficiados con la salida de los excombatientes y la pérdida de dinámicas sociales en el territorio, son los de las empresas nacionales y multinacionales que han hecho 34 solicitudes de propuesta de contrato minero a la Agencia Nacional de Minería, que sumadas todas, cubrirían una extensión de 91.288 hectáreas, de las 234.700 que tiene el municipio de Ituango; es decir, hoy se tiene solicitado para minería el 39% del territorio, ello sin contar la porción del mismo que ya ocupa Hidroituango. Dentro de las empresas que hacen fila para obtener un contrato minero en Ituango se encuentran La Italia S.A.S, Minerales Cordoba S.A.S. (filial de la firma canadiense Cordoba Minerals Corp), Activos Mineros de Colombia S.A.S., Direc Mining Corporation S.A.S., Continental Gold Limited Sucursal Colombia, entre otras [3]. Es importante destacar que se desconoce la ubicación de estas propuestas mineras, pero teniendo en cuenta que más del 50% del territorio de Ituango hace parte del Parque Natural Nacional Paramillo, de lo que se está hablando aquí es de una posible masacre ambiental. Con la salida de los excombatientes, del proyecto de paz en Ituango, se abren camino las multinacionales.
Un último gran interés sobre el territorio ituanguino es la ruta del narcotráfico que por allí se cruza, la cual garantiza la salida de la droga desde el interior del país hacia cristalizadores en Briceño y Peque, y hacia el Golfo de Urabá, todo esto ha sido documentado en diversos informes académicos [4]. El narcotráfico, con su poder paramilitar que ha venido consolidándose desde que FARC-EP abandonó las armas, es uno de los más beneficiados pues seguramente se reducirá el pie de fuerza en ese territorio (un ejército que no es garantía de nada, porque viola, tortura, asesina y desaparece), ya que las miradas de entes territoriales y organismos de control ya no estarán ahí. No está por demás decir que en Colombia estas organizaciones con su poder económico terminan amañando las elecciones a todo nivel, como ya se ve en el caso de la Ñeñepolítica.
Ituango queda abandonado nuevamente a la suerte de los intereses económicos, la esperanza del posacuerdo queda defraudada y consumada la perfidia, no es ni de cerca la potencia trasformadora que incluye el acuerdo de paz. Ante lo cual los soñadores de paz, como los que hoy se alojan con las manos vacías en Mutatá, no les queda más que seguir la guerra por la paz, no nos queda más que convencernos con los esfuerzos colectivos de construir otra sociedad a partir de la implementación del acuerdo de paz.
El efecto dominó
Al cierre de este artículo se tuvo conocimiento de una carta elaborada por el alcalde del municipio de Frontino, Jorge Hugo Elejalde Lopez, quien luego de un consejo de seguridad donde participo el Ejercito le solicita a las autoridades nacionales el retiro de los exguerrilleros que tratan de reincorporarse a la vida civil en ese territorio (esta información se puede verificar directamente con el despacho del alcalde). Es decir, con el ejemplo de los sucesos en Ituango ya muchos funcionarios pretenden arrinconar a los exguerrilleros en unos cuantos municipios a hacer su reincorporación. No entienden el acuerdo, de lo que se trata es de reincorporar los territorios, de hacer una paz afianzada en las gentes del común en sus lugares de origen. Con las acciones y declaraciones de la ARN el gobierno nacional está logrando lo prometido: hacer trizas los acuerdos.
[1] (Banco Mundial, 2015)
[3] Información disponible en la Agencia Nacional de Minería, Gerencia de Catastro y Registro Minero.
[4] Algunos informes sobre la ruta de narcotráfico en Ituango:
- Dinámicas del conflicto armado en el nudo del paramillo y su impacto humanitario.
- Economía criminal en Antioquia: narcotráfico.
- Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo.
