En menos de dos meses en la Universidad del Valle se han registrado dolorosos casos de heridas y muertes de estudiantes del claustro cuando preparaban artefactos explosivos improvisados AEI para enfrentar al Esmad en medio de protestas, unas por causas de reclamos de presupuesto para la educación y otras en solidaridad con la minga convocada por la CRIC y que ya completa 25 días.
Con razón, las autoridades de las universidades públicas del país comienzan a expresar su inquietud ante el incremento de hechos de violencia en lo que deberían ser campos del conocimiento y el saber; en algo que coinciden rectores, profesores y buena parte del estudiantado, es en reclamar una mayor acción de las autoridades frente a los violentos y acabar con el mito de que la autonomía universitaria equivale a un veto legal al ingreso a los campus de la fuerza pública para controlar los desmanes.
Existen diversos estudios que tratan de explicar el fenómeno de la violencia en las universidades públicas en Latinoamérica, pero lastimosamente el sesgo ideológico de muchos de ellos cercena la posibilidad de acercarse a un conocimiento cierto del fenómeno; no es la existencia de políticas de seguridad y defensa en los Estados la causa del mismo, porque entonces el conflicto sería universal, en tanto todos los estados desarrollan ese tipo de políticas para su defensa interna y externa. Hay que cambiar el paradigma que sirve de justificación a la violencia en las universidades públicas.
Ese mito de la veda a la fuerza pública en las universidades fue creado por movimientos de izquierda bajo la excusa de proteger los DD. HH., pero ha sido hábilmente explotado por los grupos anarquistas y terroristas para generar violencia contra la sociedad y usar las instalaciones universitarias como corredor de escape para evadir la acción de la justicia cuando se cometen delitos contra los bienes, la integridad o la vida misma de los ciudadanos.
En efecto, ¿la misma excusa justificaría la violencia actual de los estudiantes en las universidades de Venezuela y en las de Colombia? Mientras en Caracas los estudiantes luchan por libertades civiles y el fin de una fracasada tiranía socialista, en Colombia las causas son múltiples: presupuestos, autonomía y recursos, hasta el apoyo a diferentes reivindicaciones sociales o económicas de gremios, sindicatos, sectores sociales o étnicos como sucede hoy con la minga de la Cric, pero que tienen como identidad común una orientación ideológica de oposición política al régimen democrático liberal.
No hay ningún punto de identidad entre los movimientos estudiantiles de Colombia con los de Venezuela o Nicaragua y hay aproximaciones, por ejemplo, con los de Chile cuando se hace referencia a reclamaciones por educación pública gratuita o libertad de cátedra y en cualquiera de los países la fuerza pública debe utilizar la satanizada represión para controlar los desmanes de los violentos. Y aquí represión es sinónimo de contención, de moderación, de apaciguamiento o sometimiento a quienes en un estado de exaltación pueden causar daños a otros o así mismos; no la manipulada interpretación de impedir la libre expresión o la protesta, que tiene, en Colombia, estado de derecho constitucional.
Cualquier ciudadano de a pie se pregunta con razón, ¿por qué en esas protestas estudiantiles aparecen personas sin ningún tipo de vinculación con las universidades o gentes con 10, 15, 20 años de vinculación como estudiantes que jamás terminan una carrera, estudiantes perpetuos? En Cali, en el último hecho de violencia en la Universidad del Valle falleció cuando manipulaba pólvora negra, utilizada para elaborar AEI: un señor Johny Rodríguez, de 32 años, que había sido estudiante hasta 2002 y en 2013 figuraba como estudiante de derecho de la Universidad Santiago de Cali, sin haber terminado nunca ninguna de las carreras emprendidas (filosofía, tecnología química), actualmente laboraba en un salón de tatuajes. ¿Qué hacía este señor en la sede sindical de los trabajadores de la Univalle, bloque D14, manejando explosivos?
¿Qué hacía el estudiante Jonathan Landinez, de la facultad de Arquitectura de Univalle, en un campamento indígena de Dagua, manipulando explosivos si la Universidad no adelantaba en ese momento ningún programa de asistencia social o profesional en zona rural de ese municipio?
Es preocupante que esta oleada de violencia irracional en las Universidades de Colombia esté vinculado al documento elaborado por la inteligencia cubana y presentado por el Consejo de Defensa de la Nación CODENA, de Venezuela, en el que se recomienda infiltrar la minga indígena y otras formas de protesta y movilización para que el gobierno de Iván Duque tenga que centrar su atención en los problemas internos y se afecte la gobernabilidad. Y el documento fue dado a conocer por la Revista Semana, que es todo menos uribista o de derecha, para que el informe pueda ser descalificado alegremente por partes interesadas.
¿Qué culpa tiene el ciudadano que viaja en un bus agredido a pedradas o intentado quemar, como sucedió en el Cauca, de la definición de políticas presupuestarias o de educación? Ese ciudadano agredido puede ser uno de los 11 millones que votó por Iván Duque o de los 8 millones que reclama Gustavo Petro como suyos, pero él es la víctima de esa protesta social violenta. ¿En qué afecta al alto gobierno, al imperialismo o a la oligarquía, que la protesta social se encamine a destruir infraestructura pública o privada, a interrumpir los servicios públicos o la movilidad? En nada, es al ciudadano que debe pagar sus impuestos para reparar o reemplazar lo que los estudiantes destruyen sin razón lógica y solo por dar rienda suelta al vandalismo y la anarquía que intereses políticos ocultos promueven.
Esa violencia irracional promovida por sectores ideológicos que cumplen la tarea de desinstitucionalizar el Estado y generar ingobernabilidad, tiene un solo fin: crear mártires para la revolución en un vano intento por generar el estado insurreccional al que convocó Petro al día siguiente de las elecciones presidenciales. Ese es el método narcoterrorista utilizado desde los 50 por Farc, Eln, M-19, Epl y otras expresiones del crimen organizado, es el método terrorista de los yihadistas y de las mafias narcotraficantes; generando víctimas creen convocar por inercia la solidaridad de toda la sociedad que se unirá a su causa para rechazar al gobierno por represión. Le ha fracasado siempre, pero siguen intentándolo.
La sociedad, el gobierno y la misma comunidad universitaria deben rechazar con vehemencia y contundencia estas manifestaciones de delincuencia que asaltan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin razón. O nos movilizamos también, o esas minorías violentas terminarán imponiéndonos sus condiciones, como ya sucedió en el inmediato pasado con una de las narcoguerrillas.
