El llamado a juicio y destitución del alcalde de Sogamoso, Sandro Néstor Condía Pérez, por parte de la Procuraduría Provincial de Sogamoso, en manos de la funcionaria encargada, Saraza Briceño, ha provocado la ira y la protesta de numerosos dirigentes de las juntas de acción comunal del municipio. Con consignas como "Gobernador, Sogamoso no es un basurero" y "Gobernador, a Sogamoso se le respeta", los líderes y sus comunidades se manifestaron el pasado lunes 29 de octubre, en las horas de la mañana.
Su apoyo al alcalde se debe a que en el mes de octubre del año pasado Condía, actuando como alcalde y presidente de la Compañía de Servicios Públicos S.A. E.S.P. Coservicios, le solicitó al gerente que suspendiera el recibo de disposición final en el relleno sanitario Terrazas del Porvenir, de los residuos sólidos provenientes de 43 municipios de Boyacá.
Los motivos son claros. Desde enero de 2016 el gobernador y los recién posesionados alcaldes de Boyacá se reunieron en una cumbre para establecer los lineamientos del nuevo Plan de Desarrollo Departamental. Allí el alcalde Condía les advirtió a los presentes que la capacidad de las Terrazas del Porvenir estaba llegando a su punto máximo. Por lo tanto había que realizar una serie de inversiones que ascendían a 6.000 millones de pesos. El gobernador Amaya se comprometió a conseguir los recursos, pero llegó el 30 de septiembre de 2017 y nada. Aparte de lo anterior, los 43 alcaldes se habían comprometido a realizar selección en la fuente para disminuir el tonelaje para depositar, pero su volumen aumentó en un 7%.
Según la Procuraduría, el alcalde Condía, quien también ejerce las funciones de presidente de la junta directiva de la Compañía de Servicios Públicos S.A. E.S.P., Coservicios, se extralimitó en sus funciones al “ordenar la suspensión del servicio de recibo de residuos sólidos en el relleno sanitario, por no contar con el aval de la junta directiva de la empresa prestadora de servicios”. De igual manera, según el Ministerio Público, “vulneró el principio de eficacia que rige la administración pública, al no disponer de los estudios técnicos que soportaran la suspensión intempestiva del servicio, lo que generó afectación ambiental y puso en riesgo sanitario, a los 43 municipios que se beneficiaban de este servicio en el departamento”.
La situación era crítica por lo que el gerente de Coservicios atendió no solamente la solicitud del alcalde, avalada por su Junta Directiva, sino los conceptos de su equipo técnico y tomó la decisión de suspender el servicio de recibo de residuos de los 43 municipios. La entidad que debía pronunciarse es la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero según esta entidad, Coservicios, hasta ahora, no ha incurrido en ninguna irregularidad al suspender el servicio de disposición final de residuos.
La decisión se tomó, según el gerente de Coservicios, Hugo Pérez Peña, “para evitar una emergencia sanitaria, como las que ocurren en otras partes del país”, aludiendo a Bucaramanga y Bogotá.
De otra parte, la sentencia del Consejo de Estado 1131-2014 de 2017, que fue proferida en el caso del exalcalde Gustavo Petro, exhorta al “Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el orden interno”.
El abogado defensor en segunda instancia, Gilberto Rondón, haciendo alusión a esta sentencia señala que “el único que puede destituir a un funcionario elegido por voto popular es un juez contencioso” o de un juez penal.
Detrás de todo este “fallo político —según comentaristas políticos— estarían los verdes y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya”.
